Otras miradas

El modelo privatizador de los fondos europeos NextGenerationEU. Otro paso más hacía la mercantilización de la salud pública

Nicola Scherer

Investigadora del Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

El modelo privatizador de los fondos europeos NextGenerationEU. Otro paso más hacía la mercantilización de la salud pública
Una niña recibe la vacuna contra el Covid-19, en el CEIP Campanar, a 13 de enero de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana, (España).- Jorge Gil / Europa Press

En un momento de colapso de los centros de atención primaria por la sexta ola de la pandemia de la covid-19, podríamos pensar que el Gobierno y las Autonomías habrían aprendido la lección y reconocido la necesidad de una reforma profunda y de una inversión pública masiva para mejorar la calidad de la atención primaria y las condiciones laborales de las personas trabajadoras de salud. Sin embargo, mañana se presenta oficialmente en Cataluña el PERTE "Salud de Vanguardia", uno de los grandes proyectos tractores financiados por los fondos europeos NextGenerationEU, que apunta justo a lo contrario. Se trata de un paso más hacía la mercantilización de la salud pública y no hacia la construcción de un futuro más sostenible y resiliente.

Mañana, la Generalitat de Catalunya representada por Natàlia Mas Guix, directora general de Industria del Departament d'Empresa i Treball, y el Gobierno Central, representado por Raquel Yotti Álvarez, secretaria general de Investigación en el Ministerio de Ciencia de Innovación, presentarán el PERTE de "Salud de Vanguardia" a las empresas catalanas. El objetivo de esta enorme colaboración público-privada es modernizar y aumentar la competitividad del sector industrial de la salud, para que contribuya al crecimiento económico del país en los próximos años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó ya en noviembre de 2021 que "es necesario mantener la posición de liderazgo de España en investigación clínica y retener las inversiones de las empresas farmacéuticas multinacionales, potenciando la figura del profesional sanitario investigador". Para conseguir este liderazgo, el Gobierno quiere movilizar una inversión de 1.469 millones de euros entre 2021 y 2023, de los cuales, 982 millones serán dinero público que se entregará a las empresas.

Las inversiones están dirigidas, en gran parte, no a las PYMES, sino a las multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas, que esperan recibir jugosas ayudas públicas para "reforzar, desarrollar y crear productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales", según el documento de presentación del PERTE. Esto significa que el proyecto tractor de salud se dirige prioritariamente a empresas con capacidades industriales en España. El propio documento -de 100 páginas- menciona a la patronal farmacéutica Farmaindustria, que representa a las empresas farmacéuticas más grandes del mundo o AseBio y Fenin, los lobbies de las empresas de biotecnología medica, como posibles beneficiarios que "ya han mostrado su interés en colaborar en el PERTE". Pero más que eso, estas patronales formarán parte integral de la Alianza Salud de Vanguardia, el grupo de gobernanza de este PERTE. "En una primera fase, la representación privada se realizará a través de las principales patronales y asociaciones empresariales, incluyendo, al menos, a representantes de Farmaindustria, AseBio y Fenin, entre otras". Desde colectivos como Audita Sanidad llevan décadas denunciando la corrupción y la mano del poder político que actúa en favor de las privatizaciones de la salud como las que promueven estos lobbies. Mañana Audita Sanidad publicará su informe "Los lobbies en Sanidad 2020" tratando esta problemática.

Es muy preocupante el modelo privatizador de los fondos europeos NextGenerationEU hacia los servicios y bienes públicos (como es la salud) a través del modelo de colaboración publico-privada, relanzado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el nombre de PERTE. La experiencia ha demostrado que este modelo no se centra en la perspectiva del bien común, de las soberanías y de los derechos colectivos, en la priorización de trabajos socialmente necesarios, ni en la defensa de servicios públicos suficientes y de calidad. En contra de ello, siempre pone el lucro y los intereses de la parte privada por delante de lo común. Después de una década de privatizaciones de los servicios públicos a través del modelo publico-privado y de los recortes en sanidad, no cabe duda de que la cuestión política principal debería ser cómo garantizar los derechos colectivos en un contexto de crisis y emergencia, y no cómo conseguir el liderazgo de la industria española de la salud.

Por un lado, hemos experimentado durante esta pandemia el impacto devastador de los años de recortes en la salud pública, que nos han llevado a la saturación actual y al colapso de los centros de atención primaria. Por otro, hemos visto la falta de capacidad de los centros de salud privatizados, que incluso se negaron a atender pacientes con Covid-19. Y relacionado con las multinacionales farmacéuticas, estamos viendo la falta de preocupación por el interés común cuando existe la posibilidad de ganarse unos millones de beneficio más, tal como esta pasando con las grandes farmacéuticas que se niegan a liberar las patentes de las vacunas contra la covid-19.

Necesitamos un vuelco de timón y promover otros modelos, reubicando las prioridades y las políticas de cualquier recuperación económica y social para centrarlas en la garantía de derechos básicos colectivos y en la coherencia con una transición ecosocial justa. Por ejemplo, hay que centrar la financiación en los servicios y trabajos que se han demostrado socialmente necesarios. Hay que mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en salud y cuidados, invertir en un sistema de salud pública de calidad, reforzar modelos comunitarios de atención y prevención para toda la ciudadanía y especialmente para las personas vulnerables. En este sentido, debemos nacionalizar los servicios básicos de salud, tal como lo hizo Irlanda en 2020 con los hospitales privados. Y propuestas como la creación de una empresa farmacéutica pública, que investigue y actúe por  el bien común, deberían ser demandas políticas que se mantengan vivas.

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