Al menos 3 de las 10 menores liberadas por la Policía Nacional al desarticular una banda que las explotaba sexualmente son niñas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Estas menores eran captadas para prostituirse y obligadas a vender droga, para eso las encerraron en pisos, hasta que una de ellas logró escapar y pedir ayuda. Cuando la Policía llegó a liberar al resto de las menores, las encontraron en condiciones lamentables.

¿Alguien se imagina que ante un tema tan delicado, ante semejante horror, el gobierno regional reaccione mintiendo?

Pues es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de Ayuso, es su forma de proceder ante cualquier problema: negación, ocultación y mentiras. Negación porque llevan muchos meses negando que un problema como este pueda suceder en Madrid, cuando desgraciadamente es un asunto más habitual de lo que puede parecer. Ocultación porque parece ser que eran conocedores de  este asunto desde hace tiempo. Mintiendo al afirmar desde una comunicación oficial de la Comunidad de Madrid, que ninguna de las niñas afectadas era una menor tutelada, habiendo al menos tres que sí lo eran.

La segunda mentira llega cuando se les pilla en la primera, afirmando que Delegación de Gobierno les había proporcionado esa información, la encargada de utilizar este engaño, era la propia Isabel Díaz Ayuso en los micrófonos de la Ser. Este problema está mucho más extendido de lo que parece, la situación de vulnerabilidad de estas chicas hace que sean un blanco fácil para las mafias. Esta situación de vulnerabilidad está íntimamente ligada a la falta de recursos en los centros y a la desatención. No tiene que ver con las familias de las menores, como señaló la presidenta en la radio.

Desde luego, pasar de un presupuesto de 160 millones a uno de 40 en políticas sociales (como ha sucedido aquí) lejos de mejorar las condiciones de vida de estas chicas lo que hará, más bien, es empeorarlas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid eliminó la figura del Defensor del Menor en 2012 y no ha creado una Agencia Madrileña para el Menor Tutelado, como sí la creó para el Menor Infractor o para Adultos (AMTA).

El recorte para la infancia y la invisibilidad de las casuísticas, donde es la Administración Pública quien tiene la función de tutor, se viene agravando desde hace años por dejación de funciones. La historia se repite también con las residencias de mayores, donde la pandemia nos mostró de la manera más cruel que el modelo no funciona, dejando morir a 8.000 personas sin ningún tipo de asistencia sanitaria. El mismo  concepto de residencia como aparcamiento de mayores es el que la Comunidad de Madrid ha utilizado para los centros de protección de menores: aparcamientos de menores, donde hay muchos problemas que parece que nadie quiere ver.

Es más, utilizan estos problemas que ellos mismos crean para que grupos de extrema derecha, ahora incluso con representación institucional, se atrevan  a criminalizar la infancia y adolescencia más vulnerable. En lugar de proteger, atacan. Y cuando no hay forma de tapar las consecuencias, lo niegan o intentan eludir su responsabilidad haciéndola recaer hacia los propios menores, hacia las familias, o contra el extranjero, pensando que así la gente mire al dedo en lugar de mirar a la luna.

La política se está convirtiendo en muchos casos en lugar de desencuentro y de crispación. Seamos sinceras, los casos de prostitución de menores tuteladas no son de ahora ni sólo de aquí. Y por eso hay determinados temas que deberían salir de las acusaciones partidistas y proponer, eso que jamás hace la derecha cuando está en la oposición, pero que reclaman cuando gobiernan. El proyecto transformador que queremos llevar a cabo no se tiene que parecer en nada a ellos y tampoco en esto.

Por eso, no debemos utilizar casos aislados como arma política, por tener que responder a sus ataques inmundos. Hay una forma mejor de hacer política, más colaborativa y, sobre todo, más útil. La política tiene que ser útil, principalmente para las personas más vulnerables, porque son ellas quienes más la necesitan.

Por eso, queremos que se haga el esfuerzo de cambiar el modelo de los centros de menores, como lo hemos repetido en infinidad de ocasiones con las residencias de mayores. Una sociedad se mide por cómo trata a sus eslabones más débiles, y la infancia y los mayores son esos eslabones.

No podemos permitirnos no hacer nada o investigar como un mero caso aislado que haya niñas y adolescentes que están siendo prostituidas bajo la tutela de las administraciones públicas. Ni las niñas ni las mujeres somos objetos de consumo, tenemos que ser sujetos de derechos. Las niñas y los niños no son propiedad de sus padres ni de sus tutores, son también sujetos de derechos, son personas a las que hay que proteger, poniendo siempre de relieve el interés superior del menor.

Tenemos que ser útiles y legislar en favor de la infancia, como ya ha hecho el gobierno de España con la recién aprobada ley 8/2021 de 4 de junio de Protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Por esta ley el gobierno de Ayuso ha tenido que rectificar y sacar de la formación para los empleados públicos el SAP (Síndrome de Alienación Parental), prohibida expresamente por la Ley de Infancia por ir en contra de la ciencia. En este sentido es necesaria una ley similar de ámbito autonómico, una "ley Rhodes madrileña" para poner en el centro a los niños y niñas. Y aquí debemos encontrar el consenso de todas las fuerzas políticas.

Quien ataca a la infancia y a la adolescencia más vulnerable demuestra la mayor de las cobardías. Seamos valientes y hagámoslo. Todos los niños y niñas se merecen tener vidas dignas de ser vividas.