No son números, son personas. Son Teresa y su hijo Cecilio, Rosario, Bautista, Pepi, Marcial, Eva, Juan, Mari Carmen, Dionisio... Cientos de personas de las más de doscientas viviendas afectadas por los daños producidos por la obra de la Línea 7B de Metro a San Fernando de Henares y que incluyen desde niños a ancianos. Y cada una es un mundo único, con un relato de vida y una historia singular. Son familias trabajadoras, que con grandes esfuerzos fueron prosperando hasta conseguir tener su casa o su negocio y que ahora ven cómo se les vienen abajo por decisiones con las que ellos no tuvieron nada que ver.

No estamos ante una catástrofe natural como un volcán o un tornado, estamos ante las consecuencias de actos humanos, de decisiones políticas y técnicas. Ésta es la historia de una inmensa chapuza. Lo primero, y origen de todo, fue la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de forzar un cambio en el diseño del trazado de la línea de Metro por razones electorales. Sí, así como suena. Aguirre había puesto en marcha un programa de ingeniería social para ampliar la implantación de la derecha que había conseguido el poder después de la mafiosa operación del "tamayazo" de 2003.

Consistía en desarrollar PAUs y un nuevo modelo de vivienda, imponer más de un centenar de nuevos colegios concertados (un consejero de Educación verbalizaba que por cada nuevo colegio concertado aumentaba un 3% el voto al PP) y varias ampliaciones del Metro a barrios con fuerte voto de la izquierda. Así, el Metro se amplió al barrio de Villaverde en abril de 2007, y en mayo 2007 a San Fernando de Henares, una localidad con alcaldes comunistas. Ello llevó a forzar el ritmo de construcción, para llegar a tiempo con la inauguración y hacer una gran paella popular que le permitiera entrar en aquel caladero de votos de la izquierda. El sábado 5 de mayo de 2007 se inauguraba la línea 7B de Metro, el 27 de mayo se celebraron las primeras elecciones autonómicas en las que el PP obtuvo una amplia victoria.

La segunda chapuza fue la de quienes permitieron e hicieron un cambio en el trazado inicial de la línea de Metro sin los preceptivos y fundamentales estudios técnicos y geológicos del subsuelo (es una zona de terreno soluble y de aguas subterráneas con una elevadísima salinidad) para saber la viabilidad de la obra y las exigencias técnicas necesarias para su total seguridad sobre los vecinos, trabajadores, usuarios de Metro y sobre los bienes.

Las consecuencias de las decisiones políticas y técnicas anteriores son graves, tanto para el Metro como para los edificios que hay sobre su recorrido. Este Metro nunca ha funcionado con normalidad y ha habido numerosos cortes parciales o totales en la línea (2008, 2011, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021) para intervenir en los elementos funcionales y estructurales del túnel y la estación del Hospital del Henares. Por otro lado, se han producido afecciones sobre los edificios y las infraestructuras urbanas. Desde que se construyó la línea 7B no han dejado de aparecer grietas, desperfectos y desplazamientos en cientos de viviendas afectadas. Ello ha obligado a declarar edificios en ruinas, a derribarlos y a desalojar a decenas de familias. Un drama.

Y la tercera chapuza es la política de parches del actual gobierno Ayuso a la hora de abordar una catástrofe social y técnica por la falta de valentía política para afrontar el grave problema. Además, hay que recordar que esta obra le está saliendo carísima a la Comunidad de Madrid. Al sobrecoste de la propia obra que fue adjudicada en 145 millones de euros y acabó costando cerca de 300 millones, hay que añadir la inversión de más de 80 millones en reparaciones (solo un 15% para reparar las viviendas). Estas intervenciones son como un pozo sin fondo, no aportan ninguna solución definitiva y el problema continúa agravándose día a día.

El vecindario, siempre apoyado por su ayuntamiento, se ha movilizado para exigir soluciones definitivas a un problema que se arrastra desde hace catorce años. Se han concentrado frente a la sede del Gobierno Regional y frente a la Asamblea de Madrid para denunciar la angustiosa situación en la que viven y exigir soluciones. Ante la insensibilidad y sordera del poder, han pedido apoyo a los grupos parlamentarios que hemos hecho que comparecieran en la Comisión de Transporte e Infraestructura el alcalde Javier Corpa y representantes de los vecinos. También los grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos presentamos una Proposición No de Ley (PNL) que se aprobó por la Asamblea de Madrid el 16 de diciembre de 2021.

En la PNL se instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha un Plan Integral que analizara las causas exactas que originan los daños y que garantice la reparación de todos los daños causados. Otros elementos del Plan serían la realización de un censo completo de los edificios afectados y el estudio estructural de ellos; adoptar las medidas necesarias para la rehabilitación completa y definitiva de los edificios; el  traslado temporal de la población de los edificios con daños severos a viviendas que reúnan las condiciones necesarias; la compensación a las familias afectadas por la declaración de ruina de los edificios y el análisis por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de la construcción de viviendas públicas; la inversión en infraestructuras y la recuperación de dotaciones y equipamientos perdidos; y una auditoría de la construcción de la línea 7B de Metro, para depurar, en su caso, las responsabilidades. A pesar de la aprobación del Plan Integral, pocos días después PP y Vox rechazaron la enmienda a los Presupuestos de un fondo de 30 millones para financiar la aplicación de la PNL.

Como pudimos ver en una nueva visita a la calle Presa y al apartahotel, los vecinos están desesperanzados y viven en la inseguridad de la falta de perspectivas. Más de una treintena de familias están desarraigadas en un desolado apartahotel en medio de un polígono industrial y a más de ocho kilómetros de su pueblo. La mayoría lleva ya cuatro meses y no saben cuánto durará esta vida rota donde todo es provisional y que, además, le sale carísimo a la Comunidad (110 euros día/persona). No se puede seguir así. No hacer nada es hacerlo mal o muy mal. Es la política que practican el consejero de Transporte, David Pérez, y la presidenta Díaz Ayuso. Su inacción y dejadez y la búsqueda del enfrentamiento entre administraciones para no asumir su responsabilidad, solo pudre más la situación.

El problema de estas personas tiene solución. Pero es que, además, hay que demostrar solidaridad y empatía, sentimientos muy nobles del ser humano. Si se pierden, se corre el riesgo de la deshumanización. Por eso, le pediría a la presidenta de la Comunidad que vaya a hablar con los vecinos, a mirarlos a los ojos, a escuchar sus angustias, sus miedos y sus relatos de vidas rotas. Es una obligación por su responsabilidad política y un imperativo moral. Isabel Díaz Ayuso debe ir a San Fernando de Henares a escuchar el ruido de las lágrimas de la gente, a atender sus necesidades y a aportar soluciones globales y definitivas. No sé a qué espera.