La convalidación en el Congreso de la reforma laboral el pasado día 3 de febrero ha estado a punto de fracasar y con ello un avance significativo para la gente trabajadora y sus derechos laborales y contractuales y el refuerzo de una senda de progreso. Es momento de explicar los hechos y sacar las enseñanzas correspondientes.

En un artículo en vísperas de la votación, "El marco de la reforma laboral", señalaba el riesgo de fracaso y sus probables efectos: ‘un bloqueo en la precariedad e indefensión de la población trabajadora, un fiasco importante para el Gobierno progresista de coalición, una ruptura de las perspectivas de alianzas y el proyecto de progreso, mayores privilegios empresariales y una ventaja política para las derechas’. Es evidente que el Partido Popular y VOX estaban maquinando su derrota parlamentaria para afianzar sus expectativas de derribar al Ejecutivo e impedir el proceso reformador progresivo.

Había numerosos indicios sobre la falta de disponibilidad de los grupos nacionalistas, socios habituales, para aceptarla tal cual y bendecir un proceso político en una posición subalterna y con las desventajas político-electorales respecto de ambos partidos del Gobierno que se veían reforzados en términos comparativos.

Específicamente, de forma subyacente, miraban con recelo el proyecto de frente amplio liderado por Yolanda Díaz que podía recuperar el espacio electoral perdido desde Unidas Podemos, incluido ampliarlo activando su propia base social y, por un lado, frente a una parte del actual electorado socialista y, por otra parte, de manos de esos grupos nacionalistas en las tres zonas de Galicia, Euskadi y Catalunya en las que habían sacado ventaja.

Por tanto, aparte del beneficio sustantivo para la gente trabajadora y el país (y parcialmente para la patronal), en esta reforma laboral se ventilaba el reforzamiento (o no) de la senda de progreso y la legitimidad social y la consolidación electoral de la coalición progresista y sus equilibrios con distintos actores. En primer lugar, para derrotar (o no) a las derechas. En segundo lugar, para ampliar la suficiencia de los apoyos sociales, político-electorales e institucionales al conjunto de las fuerzas progresistas.

La ausencia de una estrategia gubernamental definida a medio plazo, con diferencias internas sobre prioridades y alianzas (la geometría variable con grupos de derechas y/o los socios de investidura) genera una dificultad articuladora. La acción política está sometida a tacticismos según intereses cortoplacistas y parciales, basada en el rechazo a la alternativa derechista y reaccionaria, pero sin un pacto sólido del proyecto de país, el camino a recorrer y las alianzas preferentes. Es decir, permanecen apuestas y expectativas distintas sobre la dimensión del cambio de progreso (social, territorial e institucional) y el reparto de la legitimidad social y la capacidad de influencia y poder institucional en el resto de legislatura, que no impiden el mantenimiento de la coalición, pero mantienen la incertidumbre sobre cada paso relevante y la configuración de la siguiente.

Particularmente, aparte de derrotar a las derechas en el próximo proceso electoral, este proceso está incardinado y tiene impacto en la gobernabilidad general. Se está conformando la recomposición y reequilibrio de las tres tendencias básicas: la primacía dirigente socialista (a ensanchar por su parte); la expectativa de refuerzo de Unidas Podemos a través de un frente amplio y el liderazgo de la propia Yolanda Díaz, para aumentar su representatividad e influencia, y la competencia en sus territorios de ambas fuerzas con los grupos nacionalistas, que también pretenden fortalecer su prevalencia institucional.

Aunque todo ello con la percepción de la necesidad de acuerdos de conjunto a nivel estatal frente al plan reaccionario del PP y VOX. O sea, se ventila el reequilibrio de fuerzas progresistas y nacionalistas y los distintos énfasis y prevalencias de las estrategias políticas con un mínimo objetivo negativo: impedir la involución social, política y territorial, base para acordar los pasos hacia adelante, aun con sus contenidos y ritmos particulares en el ámbito estatal y los territorios respectivos.

Al borde del precipicio

Todo ello se concentra en la votación del día 3 de febrero y todas las maniobras y relatos subsiguientes. Se expresa un hecho evidente: los apoyos parlamentarios del Gobierno eran minoritarios (174 escaños tras el giro de los dos de UPN) y la aprobación de la reforma laboral ha sido salvada por el error de un diputado del Partido Popular. No ha funcionado el acuerdo con los grupos nacionalistas, especialmente ERC, PNV y EH-Bildu, socios facilitadores de la investidura y de la otra gran apuesta legislativa, los Presupuestos Generales. Y tampoco ha sido suficiente, por la derecha, el apoyo de Ciudadanos. La suma positiva de otros grupos pequeños como Más País y Compromís, así como nacionalistas o regionalistas de centroderecha (PDcat, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria) o centroizquierda (Nueva Canarias, Teruel Existe), era insuficiente para garantizar su aprobación. Y la última tabla de salvación, el apoyo de los dos diputados de UPN, ha resultado un fiasco; no se podía confiar en ellos ante la magnitud de lo que se ventilaba: la reforma sociolaboral más relevante de la legislatura.

La decisión gubernamental, impuesta por el Partido Socialista, de infravalorar una negociación política paralela para asegurar esa votación parlamentaria favorable y suficiente y relegarla para el final, con el condicionamiento ya plasmado del acuerdo social, tenía varias deficiencias: sobrevaloraba la capacidad persuasiva de su bondad como avance social consensuado con la patronal y los sindicatos, destacaba el propio protagonismo gubernamental en todo el proceso y sus efectos legitimadores y desconsideraba los equilibrios políticos y de impacto político-electoral de los distintos actores, en particular PNV y ERC. La opción implícita era la de reconstruir la operación centrista, avalada por la propia patronal y la Unión Europea, con sus correspondientes efectos simbólicos y políticos, en particular incrementar la deseada autonomía socialista respecto de los grupos nacionalistas (y UP).

El arreón final, al borde del precipicio, en la negociación con esos grupos nacionalistas, basado en esas dos ideas, la bondad de la reforma y la legitimidad del acuerdo social, no suplían la satisfacción de su otro interés: el reparto equilibrado de la legitimidad política, sin patrimonializarlo por ambas formaciones gubernamentales, y los beneficios para sus autogobiernos y proyectos nacionales, también en las mesas del diálogo territorial, junto con sus expectativas electorales sin desventajas comparativas.

Era el motivo para su NO: desinflar la burbuja de credibilidad gubernamental transformadora y su influjo de legitimidad político-electoral de la coalición progresista, para reforzar su estatus institucional en sus territorios y condicionar al Gobierno. Pero su error de cálculo ha estado a punto de ser también contraproducente para ellos. La amenaza reaccionaria era real y las condiciones de posibilidad estaban aquilatadas; había que buscar contrapesos en otro marco.

Restaurar la dinámica reformadora

Más allá de los politiqueos y regates discursivos este acontecimiento expresa la diversidad de intereses para tener en cuenta, las distintas inclinaciones políticas y expectativas estratégicas y la fragilidad de los acuerdos políticos sin una línea programática compartida o un proyecto de país común y definido.

O sea, en una situación gubernamental de minoría parlamentaria, y aparte de los equilibrios en la propia coalición progresista, ha faltado una lectura realista de los intereses contrapuestos y negociables con los llamados socios de investidura que se ha demostrado que no es un bloque compacto, ni una alianza sólida para todas las decisiones fundamentales de la legislatura.

Se ha comprobado la importancia de la agenda social y que el proceso de articulación de los acuerdos políticos es más complejo y precisa, aparte de la firmeza en la política social y laboral como respuesta a los graves problemas de la sociedad, de un horizonte más claro y compartido respecto de la plurinacionalidad y un avance federal/confederal.

Dejando al margen la recomposición y la amenaza reaccionaria de las derechas del Partido Popular y VOX, la cuestión afecta a la situación y la orientación de las tres agrupaciones políticas progresistas: la renuencia del Partido Socialista a una relevante acción transformadora en los dos ámbitos, social y territorial, con una actitud timorata y defensiva respecto de los poderes económicos y la derechización españolista; el temor de los grupos nacionalistas a un bloqueo reformador con sus prioridades territoriales con un interés más secundario respecto de la gobernabilidad de España, y el riesgo de una subalternidad de Unidas Podemos (y los Comunes) entre las dos fuertes tendencias cuando representa una opción mediadora y de puente que ha (medio)fracasado en esta ocasión pero que ha cuajado en un avance positivo y un equilibrio de fuerzas básico.

Este acontecimiento de la reforma laboral marca un precedente relevante del que aprender y corregir estrategias para esta nueva trayectoria. Refleja la experiencia de una posición razonable para el futuro del país (de países), dadas las circunstancias, al mismo tiempo que las grietas políticas a restaurar y la necesidad de mayor firmeza y garantía para el cambio sociolaboral y democrático.

La doble gestión, institucional y político electoral, se debe combinar entre sí y con los procesos de legitimación, sin olvidar el otro elemento fundamental para la modificación de la relación de fuerzas: la activación cívica y popular, el enraizamiento de las fuerzas progresistas en la propia sociedad para hacer frente a la ofensiva reaccionaria de las derechas, derrotarlas democráticamente y avanzar en el cambio de progreso.