Escribo esto un viernes por la mañana. He pedido cita telefónica con mi nueva médica de cabecera y me han dado para el jueves de la semana que viene. Me acabo de cambiar de centro médico porque en el anterior, el que me queda más cerca, me han negado durante meses el cambio de facultativo por no "haber cupo" a pesar de que esta negativa contraviene el artículo 3 de la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que contempla el derecho a la libre elección de personal médico de familia y de pediatría. Me he cambiado de centro médico a uno al que tengo que ir en coche con la esperanza de recuperar a mi anterior doctora, la que me atendía antes de mudarme. Y una vez allí me he encontrado con una desagradable sorpresa: esta mujer ya no está trabajando en ese servicio y nadie sabe decirme a dónde se ha ido. La misteriosa desaparición de los médicos de atención primaria en Galicia durante las últimas semanas merece ser investigada con detenimiento. Nada que ver con lo muchísimo que trabaja el contestador con el que te reciben cada vez que llamas por teléfono al ambulatorio. "O Sergas dálle a benvida ó servizo automático de atención telefónica. Se quere ser atendido en galego diga galego, si desea ser atendido en castellano diga castellano." Para cualquier otra consulta, espere. Y en esto de hacer esperar, el Sergas, sí que no tiene rival.

Los profesionales del centro médico de A Parda, el más grande de Pontevedra, llevan muchos meses denunciando la situación de insostenibilidad en la que trabajan. Desde el inicio de la pandemia, la saturación a la que se enfrentan por la falta de personal ha marcado situaciones límite con facultativos atendiendo a 70 pacientes al día. El personal denuncia que las bajas, aumentadas exponencialmente también por la pandemia, no se cubren y las jubilaciones tampoco. En agosto estuvimos sin pediatra durante varias semanas. Tuve que llevar a mi hija a urgencias y someterla a pruebas invasivas y absurdas (como el dichoso test de antígenos) por cosas que se resolverían fácilmente en una consulta normal. Y en Urgencias la cosa no está mejor. En el PAC de este mismo centro se suceden las quejas por las horas de espera mientras el personal denuncia turnos de hasta 17 horas. Recientemente, un médico que atendía en el PAC de A parda llegó a atender a 106 pacientes en un turno. Además, durante cinco salidas, el centro quedó sin médico alguno.

La historia se repite en las urgencias hospitalarias del hospital de Montecelo y el hospital Provincial. El verano pasado los médicos de Pontevedra denunciaron por lo penal a la Xunta de Galicia por los "riesgos de gravedad" derivados del colapso de la atención primaria. "La precariedad de los medios humanos y la sobrecarga asistencial a la que se ven sometidos (...) no representan solamente un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes", rezaba la carta con la que el Colegio Oficial justificaba su decisión de llevar a la Xunta a los Tribunales. "Es posible que estén incurriendo en un delito de presunta prevaricación", explicaba Manuel Piñeiro, vicepresidente del colegio y secretario general del sindicato médico Omega. Unos meses después, en noviembre de 2021, los facultativos del Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) emitían una carta abierta dirigida al Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; al gerente del Sergas, y al gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, para denunciar la situación que vivían desde hacía meses en Urgencias por la falta de personal facultativo. Como explica Juan Oliver en este artículo "Desde que Feijóo es presidente, la Xunta ha recortado la inversión en atención primaria en un 20%, desde los 1.717 millones del 2009 a los 1.437 millones de ese año. Los recortes han motivado el cierre de centros, la eliminación de consultas y la implantación de la consulta telefónica como modo habitual de relación del paciente con su médico de cabecera, sin que eso haya supuesto un recorte en los tiempos de espera." Ante el SOS de los profesionales sanitarios por la presión asistencial y el desgaste físico y emocional de los dos últimos años la Xunta ofrece una solución: derivar pacientes a la privada.

Hace también meses que estoy pendiente de una intervención quirúrgica y en su momento me advirtieron de que, al no tratarse de algo urgente y dado la situación derivada de la sexta ola, era probable que tardasen algo más en llamarme. La llamada que estaba esperando la recibí unas semanas atrás del propio Sergas para informarme de que ya me podía operar, eso sí, en la sanidad privada. Como la operación no corre prisa me negué y me advirtieron de que de ser así seguiría en una lista de espera "sin fecha probable" de operación. El propio administrativo que me atendió fue también claro en cuanto a la elección de un centro privado: durante los siguientes seis meses posteriores a la intervención no podría ser atendida en el sistema público por ninguna complicación derivada de la cirugía. Y si ya eso es para quitarle las ganas a cualquiera, tengo constancia de que hay pacientes que están asumiendo el gasto farmacéutico derivado del post operatorio, ya que el médico de cabecera no tiene la obligación de expedir recetas de centros privados. Las derivaciones sistemáticas están provocando una situación de total indefensión en los pacientes. Porque la derivación a la privada tiene otras muchas consecuencias inesperadas, como los problemas en la custodia de la historia clínica y la duplicación de pruebas, desde analíticas a radiografías. Todas las personas a mi alrededor que estaban pendientes de una intervención han sido llamadas en las últimas semanas por el Sergas con el mismo ofrecimiento. Esta derivación, que a la Xunta le sirve para acortar en falso listas de espera de la sanidad pública, también premia con unos cuantos millones de euros los conciertos con los hospitales privados de la provincia de Pontevedra. Lamentablemente y pese a esto, la situación de las trabajadoras de los centros privados tampoco es mejor. Durante las últimas semanas el personal del Hospital Miguel Domínguez-Quirón se ha echado a la calle  para denunciar la situación de precariedad en la que se encuentran y la aplicación de un convenio digno.

No me quiero imaginar la cantidad de diagnósticos tardíos, omitidos o directamente errados que se están produciendo por esta situación. Mientras, cruzo los dedos de las manos y los pies para no ser yo, o mi familia, una de las múltiples víctimas de la maltratada sanidad pública de Galicia. Es urgente una movilización general de la sociedad gallega para salvar uno de nuestros bienes más preciados. Nos va la salud y la vida en ello. Porque Feijoó se va, pero el desmantelamiento de la sanidad pública se queda. Para cualquier otra consulta, ya saben, a esperar.