Vin Doré 24K. La empresa de vinos a la que Ayuso encargó limpiar nieve durante Filomena y conseguir mascarillas en una de las oleadas del COVID. Un escándalo. De hecho la Fiscalía Europea, encargada de supervisar posibles malversaciones y usos fraudulentos de fondos europeos, ha anunciado que investigará el contrato de las mascarillas.

Y ha estallado un conflicto de competencias judiciales - la Fiscal General Dolores Delgado quiere mantener parte de la investigación en España, y el Ministerio Fiscal europeo reivindica que la competencia es suya y que no puede haber dos investigaciones sobre el tema -. Y me aventuraría a decir que también una discrepancia profunda en culturas jurídicas.

La judicatura española conserva unos valores jurídicos articulados en torno a la unidad de la patria, el pacto de no levantar las alcantarillas de la transición y el concepto clientelar de las relaciones entre la política y el empresariado.

Uno de los casos más útiles para explicar esto es el de Baltasar Garzón, responsable de mirar hacia otro lado con las torturas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskal Herria sin coste judicial y de prestigio alguno, pero a quien se inhabilita de la carrera judicial por escuchas en el caso Gürtel, y pierde un litigio en el Supremo por levantar fosas del franquismo – del que se salva de la inhabilitación con una sentencia durísima que argumenta que el concepto de delitos de lesa humanidad no se pueden aplicar retroactivamente, es decir, no se puede juzgar al franquismo con conceptos penales modernos, aunque defiendan la dignidad humana -.

En España se pueden tolerar fondos de inversión sin escrúpulos, usureros, señoritos trasnochados con traje de Armani, pero nada que se acerque al tuétano del poder. Y esto tiene mucho que ver con los fondos europeos.

De hecho, en el Real Decreto 36/2020 de distribución de los fondos, el gobierno se compromete a publicar un índice de los PERTE – los polos de proyectos que se financiarán – y de empresas que pueden optar a éstos que a día de hoy no existen. Hay varios PERTES en marcha en distintas materias,  algunas con pocos visos de sernos útiles en un contexto de colapso ecológico y crisis de distribución - vehículo eléctrico, hidrógeno, aeroespacial, modernización de ministerios -, y otras con mucho más sentido – agricultura, comunidades energéticas -. Pero todos tienen en común que no existe la posibilidad de poder evaluar qué empresa lleva a cabo qué proyecto. No sabemos quién se está llevando el dinero público ni cuánto se lleva.

En el mismo Real Decreto, varios artículos modifican las condiciones de contratación pública. Procesos más rápidos, menos control de los contratos, mayor agilidad en la justificación y menores controles medioambientales. Todo preparado para poder repartir los fondos con la mayor agilidad posible.

Lo mismo pasa en el último Real Decreto, el de la energía. Artículos como el 6 y el 7 agilizan todavía más los contratos y su adjudicación para asegurar la producción de energía renovable,  que en los términos planteados es casi seguro que va a ser liderada por las mismas empresas que son parte del problema en el mercado energético y en el IBEX.

De los creadores de la España del milagro inmobiliario y la orgía del ladrillo, llega la fiesta de las renovables y los coches que vuelan.

Si cuando se construían inmuebles sin parar no se aseguraba que la gente tuviera casa en condiciones, ahora que se apuesta por la movilidad y la energía sostenible, sospechamos que no va a suponer más transporte público y de calidad, ni energía más asequible.

Lo de Delgado no es para cargarse al PP, ni para tener soberanía, aunque sea parcial, en Europa. Más bien parece un gesto de protección a la repartición de recursos.

Y es posible que, el de Ayuso, no sea el único escándalo.