La arrolladora victoria por mayoría absoluta del PP -la suma de toda la izquierda queda por debajo del resultado de los de Juanma Bonilla- es una parada más en la ruta hacia las elecciones generales de 2023. Otra efeméride de este largo y eterno ciclo electoral cuyos contornos cada vez son más difíciles de delimitar. Sin embargo, más allá de parecer que estamos instalados siempre en una noche electoral continua, si algo ha distinguido las últimas convocatorias electorales celebradas en nuestro país es que los resultados han sido claramente negativos para la izquierda. Madrid, Castilla y León y ahora Andalucía certifican de una manera clara el retroceso electoral – y también político y social - de la izquierda.

Paralelamente a todo esto, las encuestas muestran un claro avance del bloque conservador de cara a unas hipotéticas generales. Desde la elección de Feijóo como líder, los populares han experimentado un crecimiento que los vuelve a situar como opción electoralmente competitiva y les permite poder disputar la victoria a los socialistas. A esto se le suma que Vox, aunque ha frenado su crecimiento después de los cambios en el PP, se ha estabilizado al alza y supera su resultado en las generales de 2019. La mejora de sus expectativas electorales les permite acercarse en algunas horquillas a la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Todo lo contrario de lo que pasa en la izquierda, el PSOE ve empeorar su resultado y Unidas Podemos sufre una caída en la mayoría de las estimaciones que lo acercan a la barrera del 10%, cuyos efectos en materia de representación parlamentaria son desastrosos.

El resultado andaluz, con un PP en más del 40% del voto y una derecha que sobrepasa el 55% de los sufragios emitidos (PP, Vox y C’s), refuerza estas tendencias favorables al bloque conservador y consolida el marco que está intentando introducir el PP: cada vez que se abren las urnas, la izquierda pierde. Un discurso dedicado a minar las expectativas electorales de las formaciones que constituyen el gobierno y dedicado a desmovilizar a los votantes progresistas ante la inevitabilidad de una derrota política. Y es que básicamente esa es la clave. La movilización de unos y de otros. Lo que detectan la mayoría de las encuestas hoy en día es que mientras el votante conservador presenta un grado de movilización alto entre los votantes progresistas cunde el desánimo. Andalucía es buena prueba de ello ya que se prevé que haya existido una clara abstención diferencial por bloques ideológicos.

Ante esta dinámica, el Gobierno tiene dos opciones. Por un lado, contemporizar su agenda reformista a nivel económico, social e institucional y limitarse a la gestión del día a día esperando que los sectores conservadores más movilizados aflojen pudiendo obtener así un respiro del asedio al que están sometidos. En este sentido, se entendería la moderación programática como un instrumento para desmovilizar a los votantes conservadores. Si no tienen nada que temer del gobierno, no irán a votar en masa. Esta estrategia de contención es errónea porque a gran parte de este electorado es la propia existencia de este gobierno y no su acción política lo que le motiva a ir a las urnas. Esta sería la estrategia centrista destinada a taponar la fuga hacía el PP que tiene el PSOE y a atraer el ya inexistente voto a Ciudadanos.

La segunda opción es centrar la batalla en llevar a sus votantes a las urnas. La coalición social, política y electoral que sustenta este ejecutivo es muy heterogénea. Los intentos actuales, principalmente del PSOE, apelando al miedo a la extrema derecha, parecen fracasar de cara a rearticularla comicio tras comicio. Las campañas plebiscitarias para evitar que ganen las derechas no parecen estar funcionando. Es de esperar que tampoco funcionen en las generales y menos con el cambio de liderazgo en el PP. Para articular la coalición de 2019 quizás es necesario cumplir con aquello para lo que fueron votados. Con el acuerdo de coalición. Mostrarles a los votantes que su movilización política hace 3 años valió la pena y que hay unos cambios que merecen ser consolidados. En un momento en que existe una necesidad social de protección ante los vaivenes del mercado, este Gobierno debería aprovechar la oportunidad que le brinda el contexto pospandémico y el cuestionamiento de algunos de los dogmas del paradigma económico anterior para dibujar un horizonte de país movilizador.

La batalla contra las empresas eléctricas o petroleras ilustra bien este dilema. El Gobierno ha negociado duramente junto a Portugal para obtener el visto bueno de la Comisión Europea de cara a topar el gas y rebajar los sobrecostes que un mercado energético mal diseñado estaba causando sobre familias y empresas. Con ello ha conseguido unas reglas del juego, aunque sea temporalmente, más favorables. Ante la subida de los carburantes, el Gobierno ha subvencionado la compra de combustible como remedio ante el encarecimiento. Ahora bien, cuando se trata de plantear la batalla no en términos de reglas del juego sino de confrontación de modelos políticos, económicos o fiscales, el Gobierno duda. Si Italia, Francia o Reino Unido han creado impuestos especiales sobre las empresas eléctricas que se están lucrando de la situación actual o si EE. UU. amenaza con crear un gravamen dirigido a los beneficios extraordinarios de las petroleras, en España una parte del ejecutivo tiene dudas sobre ello y lo aplaza sine die. Es lo mismo que sucede con la política de vivienda o la reforma tributaria: existe una incapacidad de demostrar un modelo alternativo.

La disputa contra estas empresas energéticas tiene todos los ingredientes para tener la capacidad política y movilizadora para que el gobierno demuestre ambición programática y sea capaz de aglutinar una coalición social y política similar a la que lo llevo al poder. Es una batalla capaz de movilizar de nuevo a la izquierda y de mantener su tensión electoral. Sin embargo, falta valentía política para abordar esta batalla y un horizonte sobre el que articular un modelo más justo.

Este ejemplo, además, ilustra lo que se espera de la política. La política tiene que ser un instrumento útil para atajar los problemas sociales y económicos de la ciudadanía y tejer horizontes de futuro en los que una mayoría se puede ver reflejada. Solo así genera adhesión y movilización. Actualmente, una gran mayoría de ciudadanos desconfía, se siente cansado o le provoca irritación y esto solo conduce a la desafección y la apatía. Gran parte de esos ciudadanos votan a fuerzas progresistas. Si la ciudadanía cree que la política fracasa ofreciendo alternativas a la realidad existente y protegiendo a la mayoría social, las izquierdas lo tienen muy complicado, ya que el crecimiento de la abstención la perjudica directamente. Este Gobierno es el más interesado en demostrar que con el compromiso y la participación política se pueden cambiar las cosas. Su propia continuidad depende de ello. Para ello ser ambicioso social, económica y políticamente es la mejor manera de demostrarlo. Es tiempo de acelerar: queda poco más de un año para ir a votar y la dinámica es claramente regresiva.