La tensión política ha vuelto a crecer en estos últimos días en el Congreso de los Diputados con gritos, broncas, insultos y un clima irrespirable que llena titulares en los medios y que se viraliza en redes sociales. Las consecuencias de una determinada aplicación de la ley del 'solo sí es sí' han enrarecido el debate político, volviendo a abrir una etapa en las últimas sesiones de control  donde la dinámica de crispación y polarización recuerda al inicio de la pandemia cuando la bancada de extrema derecha salió en tromba acusando al Gobierno de coalición de gobierno ilegitimo. La memoria es muy corta, pero en aquellas semanas, parte del espectro político, mediático y cultural conservador coqueteaba con la idea de deslegitimar al ejecutivo ante la opinión pública aprovechando la peor pandemia que había padecido nuestro país en 100 años. El objetivo era hacer caer el Gobierno por tierra, mar y aire.

Sin embargo, tanto este episodio -que ha tenido en Irene Montero su centro de gravitación- como el anterior, -que englobaba a todo el Gobierno- forman parte de una dinámica polarizadora habitual en la historia democrática de España y que sucede siempre con las derechas en la oposición. Sin necesidad de irnos a la estrategia de la tensión que aplicó la extrema derecha antes de las elecciones del año 36 y que se dirigió a legitimar el posterior golpe de Estado contra la República, vemos en la primera legislatura de Zapatero un buen ejemplo de episodios de tensión y crispación política de alto voltaje.

A lo largo de los cuatro años que duró aquella legislatura, un PP atónito tras la derrota electoral posterior al atentado, se dedicó a deslegitimar al gobierno socialista de principio a fin. Ya fuera a través de la reforma del Estatuto de Cataluña, del matrimonio homosexual o de la ley del aborto, los populares, -directamente o a través de organizaciones sociales y políticas afines como la AVT-, saltaron a la yugular del expresidente Zapatero, al que llegaron a acusar directamente de asesino o de connivente con la banda terrorista ETA. Recordemos que el exsecretario general del PP Ángel Acebes aseguró que el entonces presidente no distinguía a los terroristas de sus víctimas. Esto, sumado a algunos de los lemas clásicos de la derecha, hizo de aquella legislatura una de las más crispadas de los últimos años.

En la actualidad, algunos mantras de aquel mandato siguen repitiéndose sistemáticamente desde el bloque conservador, pero ahora, contra Sánchez y su ejecutivo, son todavía más duros. Los calificativos de traidor a España e incluso de dictador hacia el presidente del Gobierno se han convertido en algo habitual en los últimos meses, a lo que se suma una deslegitimación constante a todo lo relativo a su equipo de gobierno. Una estrategia que recuerda claramente a la que desplegó Trump después de su derrota electoral en noviembre de 2020 y que acabó con el asalto al Capitolio por parte de una turba de ultraderechistas.

En estos momentos, la estrategia de la tensión tiene el nombre y apellido de Vox, que siendo el gran protagonista, ha acabado –al igual que hizo con Casado- contagiando al supuesto PP moderado de Feijoo. La extrema derecha vuelve a tensar la cuerda, y le es igual ir contra el presidente o contra la Ministra de Igualdad, con tal de dirigir al PP a una imagen de mayor radicalidad que le permita competir políticamente y recuperar parte del electorado que dice volver a confiar en los populares desde la llegada de Feijóo. Vox necesita la tensión para mantener a su electorado cohesionado y movilizado y frenar así la caída que lleva meses padeciendo.

Ahora bien, que las derechas se hayan lanzado a tensionar el clima político en estos momentos no es casualidad. El bloque conservador lleva desde septiembre a remolque de lo que hace el Gobierno y eso se ha trasladado tanto a la opinión pública como a la dinámica política. Las últimas encuestas recortan la distancia entre PP y PSOE al mínimo desde las elecciones andaluzas y la batalla por la tercera plaza está más abierta que nunca. Después de semanas de movilización por la sanidad, -cuyo epicentro es el Madrid de Ayuso-, de la aprobación de los terceros presupuestos, de los impuestos a las eléctricas y a la banca, y del cuarto mes consecutivo en el que la inflación va a la baja, las derechas quieren cambiar los términos del debate para huir de un eje socioeconómico que está beneficiando claramente a los partidos que conforman el ejecutivo. Ante el apoyo que el Gobierno de coalición está obteniendo a sus medidas y cómo estas están removilizando al bloque progresista y achicando la frontera existente entre socialistas y populares, el bloque conservador se lanza a embarrar y poner el foco en todo aquello que genera desafección al votante, especialmente al del bloque progresista. El griterío aleja a aquellos ciudadanos que creen que la política debe ser útil y huir del enfrentamiento, y estos están mayoritariamente en el bloque progresista.

Mal haría, por lo tanto, la izquierda en entrar en esta lucha por elevar la tensión y dar con el calificativo más duro contra el adversario. Entrar en el revanchismo o revolverse contra la bancada conservadora solo traerá beneficios a aquellos que agitan la crispación y la tensión como estrategia electoral desmovilizadora. La izquierda, el bloque progresista, ha recuperado la iniciativa cuando ha desplegado una agenda legislativa y de reformas dirigida claramente a beneficiar a una mayoría social y a antagonizar contra aquellos que más tienen. Tanto es así que gran parte de las medidas aprobadas, incluso las fiscales, cuentan con el apoyo de grandes segmentos de votantes conservadores. Ante esto, la derecha - y Feijóo en especial -, se han visto desubicados y fuera de cualquier debate económico y social ya que el escenario de hundimiento económico que vaticinaban algunos no se ha producido.

Si la izquierda decide seguirle el juego al bloque conservador solo se alejará de una posible victoria en las generales de 2023. Ante las subidas de tono, los gritos, los insultos y la crispación que emana de la bancada popular y ultra, la izquierda no debe permitir que sea la tensión la que hegemonice el debate político, que debería centrarse en la protección social y económica y en una agenda redistributiva clara como hasta la fecha. Ante la crispación, la izquierda debe responder con medidas sociales y económicas para la mayoría social. La desafección solo interesa a unos pocos. Y es precisamente a aquellos que quieren que caiga este Gobierno.