Otras miradas

¿La vivienda es el techo de este Gobierno?

Marta Nebot

Periodista

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, atiende a los medios en el marco de la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Sergio Pérez
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, atiende a los medios en el marco de la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Sergio Pérez

Estamos en emergencia habitacional. La vivienda es el problema social number one. Los jóvenes no pueden irse de casa porque con sus salarios no pueden pagárselo. Los precios se disparan sin cesar y, con la inestabilidad laboral y el precio del dinero, cada día es más difícil comprar dónde caerse muerto.  La economía, los sueldos y el empleo crecen, pero todos esos avances se los lleva este agujero negro 

Esta semana Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, ha sido noticia por dos cosas distintas: por apelar a la solidaridad de los pequeños propietarios caseros para controlar la subida de los precios del alquiler y por llegar a un acuerdo histórico con el ayuntamiento de Madrid para poner en marcha la Operación Campamento, que construirá más de 10.000 viviendas en la capital, después de tres décadas de intentos.  

Sobre la primera va a tener que dar explicaciones hasta en el Congreso. Sobre la segunda, inexplicablemente, muchas menos. 

Sí, está feo que una ministra que no consigue controlar los precios de la vivienda pida a la gente que lo haga motu proprio; pero no está mal traído que es necesaria una reflexión nacional sobre la especulación.  


En España, desde la década de los 50, se han construido y entregado cerca de siete millones de viviendas de protección pública que dejaron de serlo. Hoy solo el 2,5% de las viviendas siguen siéndolo (665.000 de un total de 26,6 millones de casas). En el resto de Europa, los principales países mantienen entre el 20–30%. Aquí ningún gobierno le puso coto a ese campo. Así que ha especulado hasta el Tato. Hay casi tres millones de familias que tienen una segunda residencia. Las localidades donde más habitantes las tienen, según un informe de 2023 del Instituto Nacional de Estadística, son Irún (50%), Pozuelo de Alarcón (31%) y Leganés (27%), en ese orden. Pozuelo de Alarcón es el pueblo más rico de España; Leganés, uno de los madrileños más pobres. En la lista le siguen Teruel y Coslada, que tampoco son los más adinerados. Quiero decir con esto que en este barco vamos todos: clases pudientes y obreras que han prosperado. El ladrillo ha sido con lo único con lo que muchos trabajadores hemos hecho algo de dinero. Los gobiernos de todos los colores permitieron a la clase media y trabajadora hacer esos negocios, regalaron ese patrimonio del Estado, incumpliendo la segunda parte del artículo de la Constitución sobre el derecho a la vivienda. "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos", dice textualmente el artículo 47. 

Hoy la especulación inmobiliaria mata el derecho a la vivienda y nuestros barrios y nuestras ciudades, y está jorobando en serio a nuestros jóvenes.  

Y sí, también es cierto que muchas veces depende de una decisión ética personal e intransferible de cada casero entregarse o no al alquiler turístico, exprimir o no a sus inquilinos en cada renovación, tirar o no de la cuerda hasta reventar el mercado; y son muchos los que deciden hacerlo. 


Sin embargo, usted, ministra, no es quién para pedirles que dejen de hacerlo. ¿Acaso su Gobierno les pide a los bancos o a las multinacionales que ganen menos para que no fundan a otros? ¿Acaso se subió el salario mínimo apelando a la solidaridad patriótica del empresario? ¿Si no piden la solidaridad a los hermanos empresarios, por qué se la piden a los hermanos caseros pequeños propietarios? Curiosamente no dijo nada de los grandes que, aunque proporcionalmente aquí sean menos, haberlos haylos y no ganan poco.  

Su trabajo es hacer cumplir la Constitución en cuanto a vivienda, aunque los que gobernaron antes no lo hicieron. La vivienda, según la Constitución, debe ser un derecho en torno al cual se genera un mercado; no un mercado que disuelve el derecho. 

Y ministra, se entiende su impotencia al haber aprobado una ley que incentiva fiscalmente a quienes especulan menos y que ha quedado en nada, salvo en Catalunya. Se entiende su desamparo al confirmar que no se aplica porque las comunidades autónomas más tensionadas están gobernadas por el PP y la competencia es suya. Pero eso estaba anunciado. Necesitamos que les explique más y mejor que esto no va de un partido o de otro sino de cumplir la Constitución, para ellos tan sacrosanta. Necesitamos que siga peleando. 


El informe del Banco de España del año pasado, antes de Escrivá, dice que faltan 600.000 viviendas en el mercado para que vuelva a estar engrasado. El censo de viviendas del INE, que hay casi 4 millones de viviendas vacías. Solo 400.000 de ellas están en las grandes urbes donde más se necesitan. Con ellas en el mercado la emergencia sería menor. 

El que tiene una casa cerrada es o porque no necesita sacarla al mercado –gran tenedor– o porque no tiene dinero para rehabilitarla. Bueno, hay una tercera opción: que esté aterrorizado por la campaña permanente de meter miedo con los ocupas. La cobertura mediática de la ocupación no se corresponde con las cifras oficiales y ustedes no pelean en esos terrenos:  ni en el de la rehabilitación, ni en el de la salvaje desinformación.   

Y, por supuesto, hay que seguir construyendo vivienda pública.  El año pasado fueron más de 30.000, el doble que el anterior, pero no sirve hacerlas como van a hacer las de Campamento, después de su acuerdo con PP y VOX con Más Madrid en contra. Todo lo que se construya en esos viejos cuarteles en quince años será del mercado libre. Solo el 7% será vivienda en alquiler controlado. Es decir, otra vez el pelotazo. Los afortunados que pillen estas casas a mejores precios podrán venderlas a peores muy pronto. El Estado sigue sin construir para el futuro y eso es lo que ahora necesitamos.  

Les falta un plan, ministra, y eso es más grave y escandaloso que su petición de solidaridad obrera. A su Gobierno le falta convencerse de que en materia de vivienda tiene que cambiar algo sustancial. Hay que cambiar la perspectiva. Lo de siempre ya no da resultado.  

Pueden pasar a la historia por haber hecho lo importante en un momento crítico o pueden olvidarse de ella generando un momento aún más desesperado.   

 

 

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