Nuevas armas nucleares americanas en territorio europeo: una violación del Tratado de No Proliferación

[caption id="attachment_67869" align="alignnone" width="990"] Imagen de un acto de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares. -ICAN / Martin Ollman[/caption] Desde el pasado diciembre Estados Unidos ha empezado a sustituir su armamento nuclear situado en suelo europeo por otro más moderno. Está reemplazando las bombas termonucleares B61-3, B61-4 y B61-7 por las B61-12, que ha pasado a ser la principal arma nuclear de empleo aéreo de los Estados Unidos y la OTAN. Se trata de una bomba de caída libre dotada de sistemas de navegación de última generación y una cabeza nuclear versátil que se puede configurar en cuatro potencias, 0,3 kilotones (kt), 1,5 kt, 10 kt y 50 kt en función del objetivo, convirtiéndola en un arma de bajo o medio rendimiento. Este tipo de armas se denomina de “primer golpe”. Disponer de un arma nuclear táctica de mayor precisión y menor potencia podría hacer que los políticos tuvieran menos reticencias a emplearlas en operaciones convencionales y nos sitúa en una primera línea de enfrentamiento cada vez más peligrosa entre la OTAN y Rusia. Estas nuevas armas nucleares sustituirán a las existentes en suelo de Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Turquía. Pero Washington ha anunciado que también las desplegará en territorio de Reino Unido; en esta ocasión no se trata de sustituir a otras más anticuadas, ya que en 2008 informó que sus armas nucleares habían sido retiradas de la RAF; parece que ahora vuelven a querer colocar nuevas armas nucleares en los búnkeres vacíos de Lakenheath. Todo este despliegue de armas nucleares representa una violación del Tratado de No Proliferación (TNP). El TNP prohíbe que los Estados parte nucleares transfieran armas nucleares a ningún otro Estado y prohíbe a los Estados parte no nucleares recibir armas de este tipo, así como fabricarlas o adquirirlas. Después de 53 años de la entrada en vigor del TNP, vemos que éste no ha servido para conseguir el desarme nuclear, justo hace dos años, en enero de 2021, entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN). El TPAN ilegaliza las armas nucleares y supone que para los Estados que firmen el TPAN será ilegal poseer, desarrollar, desplegar, probar, usar o amenazar con el uso de armas nucleares. Sin embargo, para el Gobierno español el TNP sigue siendo la “piedra angular del régimen internacional de no proliferación y desarme nuclear”, considerando que este tratado es un instrumento adecuado y suficiente para la no proliferación y el desarme nuclear. Consideran por tanto que el TPAN no es necesario, ya que existe el TNP. Pero los hechos no apoyan la posición de Gobierno español. Además del despliegue de nuevas armas en Europa, el nuevo concepto Estratégico de la OTAN 2022, aprobado en Madrid el pasado verano, plantea que “la postura de disuasión y defensa de la OTAN se basa en una combinación adecuada de medios de defensa nuclear, convencional y antimisiles (…) y que dará todos los pasos necesarios para garantizar la credibilidad, eficacia, integridad y seguridad de la misión de disuasión nuclear”. En definitiva, parece ser que solamente se defiende el TNP cuando se trata de imponer restricciones sobre el armamento nuclear a países de fuera de la órbita de la OTAN (a “los otros”), que cumplir con el TNP no es aplicable ni a los Estados Unidos ni a la OTAN, mientras ambos vuelven a enfatizar la disuasión y la amenaza nuclear. Por el contrario, la posición más segura, la posición que recogería mejor las aspiraciones ciudadanas de destruir completamente las armas nucleares, es la de que España decida adherirse al TPAN, que el Gobierno español asista a las reuniones de los Estados parte del TPAN, que muestre un verdadero apoyo a la desnuclearización. Esta publicación es parte de una campaña de la Alianza por el Desarme Nuclear, que une a entidades de la sociedad civil a nivel estatal, con el objetivo de que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 2021.

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