Eliminar el Servicio Regional de Relaciones Laborales, misión imposible

[caption id="attachment_68172" align="aligncenter" width="1920"] Miembros de los sindicatos UGT y CCOO rodean las Cortes de Castilla y León como protesta contra los recortes sociales y los presupuestos de la Junta para 2023, a 23 de diciembre de 2022, en Valladolid, Castilla y León (España). -Claudia Alba / Europa Press[/caption] A punto de cumplirse un año de las elecciones autonómicas en Castilla y León, seguimos perplejos ante la política antidemocrática del socio de gobierno del PP. O como diría un castizo, ante la que nos ha caído encima. Comprobamos atónitos que han convertido en algo habitual el incumplimiento de las leyes, como buenos defensores de modelos contrarios al democrático. Seguimos desconcertados por la inestabilidad que la extrema derecha ha generado en una tierra que pide a gritos lo contrario de lo que están ejecutando. Castilla y León necesita políticas de desarrollo que mantengan la población y atraigan empresas, en vez de estrategias rancias que rechinan y espantan a los emprendedores. Eso es justo lo que Vox está realizando desde las tres consejerías que arrancó a tiras a Mañueco: Industria, Comercio y Empleo, Agricultura y Ganadería, y Cultura, Turismo y Deporte. Cada vez que la extrema derecha lanza un nuevo anuncio, sabemos que se avecina otro ataque y otra amenaza a los derechos y libertades de la ciudadanía, principalmente dirigidos a través de los sindicatos. La extrema derecha nos ha puesto en el blanco de su diana antidemócrata. El análisis es bastante simple: si las organizaciones sindicales desaparecen, los trabajadores y trabajadoras se convierten en individuos más manejables y dóciles. La extrema derecha tiene ojeriza ideológica a los que no son como ellos. La última y más sonada decisión de la Consejería de Empleo ha sido la supresión del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA). Es un órgano extrajudicial, autónomo y paritario (participan sindicatos, patronales y administración) destinado a dirimir, mediante la conciliación, mediación y arbitraje las diferencias surgidas en los conflictos laborales, colectivos e individuales, buscando una solución ágil, sencilla y eficaz. Las cifras demuestran la necesidad de su existencia: en 2022 hubo 3534 procedimientos de conflictos individuales solo en Valladolid. En cuanto a los conflictos colectivos, se tramitaron 341 expedientes, la segunda cifra más alta en la historia del SERLA. Además de estas ventajas, que constituyen una razón más que objetiva para mantener el servicio, la ley reguladora de la jurisdicción social establece el requisito previo de la conciliación en las actuaciones procesales (Art. 63, Conciliación o mediación previas: “Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones”). Eso significa, que, una vez más, Vox quiere saltarse la ley. El presidente de la Junta sabe que la eliminación del SERLA es ilegal porque es un servicio público obligatorio, pero no solo mira para otro lado sino que lo apoya al dar luz verde al presupuesto de 2023 de la comunidad de Castilla y León en el que desaparece su financiación. Mañueco también es conocedor de una sentencia favorable a CCOO, UGT, la patronal y la Junta, promovida por un sindicato minoritario, en la que se reafirma la exclusividad del SERLA, porque no hay otro organismo que legalmente pueda asumir sus funciones. De todos los recortes, políticas y medidas que Vox ha anunciado, ésta es, probablemente, la más grave, porque se han encargado de crear un problema donde no lo había, haciendo desaparecer la partida del SERLA en el Presupuesto de 2023, a sabiendas de que la ley obliga a la Junta a su financiación. La extrema derecha vuelve a desafiar la legislación y el Estado de Derecho. Pero, una vez más, nos va a tener enfrente a CCOO para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León. No nos va a temblar el pulso. Ya hemos pedido la intervención del Gobierno, con la advertencia de la Ministra de Trabajo recordando al presidente de la Junta que si se confirma el cierre del SERLA se verían vulnerados los intereses y los derechos de las personas de la comunidad. En esta defensa numantina de la democracia, de la ley, de los trabajadores, de los servicios públicos, del futuro de Castilla y León y de sus gentes, no descartamos la vía judicial para corregir esta nueva aberración de la Consejería de Empleo, que se suma a otras muchas tropelías de un partido empeñado en destrozar en vez de crear.

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