Me interesó el artículo publicado el lunes 7 de enero en este periódico por el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, expresando su visión sobre el ejercicio del derecho político de los ciudadanos excluidos que participan enérgicamente en la construcción de una sociedad española democrática, sólida y plural. No obstante, algunos proyectos sociales promovidos por el equipo de gobierno dejan de lado parte de la sociedad activa. Sin negar muchas pautas positivas, lo podemos constatar en la emancipación de vivienda joven, que excluye a los ciudadanos extranjeros extracomunitarios con tarjeta de residencia temporal, sabiendo que el salto desde la temporalidad hacia la permanencia son cinco años. Sin embargo, la contratación en origen estima unos 36.000 trabajadores para 2008, cómo no, merecedores de un buen recibimiento. La temporalidad de residencia es un reto, una ecuación cuyo resultado es ser condenado a la oscuridad durante cinco años. No hay camino hacia la ciudadanía, la ciudadanía es el camino.

 MOHAMED EL MORABET MADRID

Estoy de acuerdo con usted. También leí el artículo que cita y me hice la misma pregunta: derecho al voto para las inmigrantes, sí, pero ¿y el resto de los derechos? Que Dios me perdone (y el autor del artículo), pero lo que pensé fue: claro, este señor es un político. A los políticos les interesa que los inmigrantes tengan derecho al voto, a ver si así les votan. Y además sale gratis. ¿Ayudas para vivienda? Oiga, eso ya no, que hay que rascarse el bolsillo.

Las personas, los trabajadores, siempre somos los últimos. Hoy en día un buen fajo de billetes tiene muchos más derechos que un ser humano: libre circulación de capitales, puertas abiertas y buena acogida en cualquier lugar, con oportunidades de inversión (y evasión fiscal) por todos lados. Cualquier empresa extranjera es bienvenida: a los trabajadores, en cambio, se les expulsa.

No me gustan las ayudas para jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? ¿Un padre de familia no merece la misma ayuda? Soy partidario de dirigir la ayuda a quien la necesite, con independencia de su edad, sexo o índice de masa corporal. Y, por descontado, con independencia de su nacionalidad. Cualquiera que viva y trabaje aquí, sea cual sea su situación legal, está contribuyendo a lo que disfrutamos todos, ¿por qué excluirle entonces del reparto? Es como si estuviéramos imponiendo una cuota de admisión: cinco años sin determinados derechos y luego ya veremos. Imagino que como usted, creo que la ciudadanía no se debe vender ni obligar a nadie a pagar por ella (en metálico o con un período de limitación de derechos). Esto no es un club de alterne: aquí no está reservado el derecho de admisión ni cobramos entrada.