Recientemente, el principal banco español, ese que todavía arroja unos resultados de crecimiento imparable y que lleva el nombre de una capital del norte, pidió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que suspenda por dos años el reembolso de un fondo de inversión, ya que carece de liquidez para afrontar dicho pago. Es decir, el dinero que debía reembolsarse (según había quedado claro por escrito) no lo tiene. Tras la preocupante noticia (hace casi un mes) parece que se produjo un apagón informativo de primera magnitud (de hecho, dudo de que esta carta sea nunca publicada). No es por ser alarmista, pero esto huele a corralito. Esperemos que el Gobierno español sea suficientemente valiente como para tomar las riendas de aquellas entidades financieras en apuros, antes de que los apuros los pasemos los ciudadanos.

JAVIER LACOMBA DE MARURI VALLADOLID

No es necesario jugar a las adivinanzas: se trata del Banco de Santander y de su fondo Banif Inmobiliario. Naturalmente que es un corralito, además de una indecencia y un mayúsculo engaño. ¿Qué otra cosa cabía esperar? Lo incomprensible (o quizá no) es la pasividad del Gobierno. El Santander decide por su cuenta que no va a pagar lo que debe, lo comunica con desparpajo a la CNMV, que al parecer lo autoriza, y no pasa nada, el Gobierno aplaude o mira para otro lado silbando. El asunto, como es característico del filantrópico estilo de Botín, es más turbio que un charco a la puerta de un matadero: la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ya ha denunciado que incluso niegan el acceso a la autorización, y que la propia CNMV, cuando se le solicita poder ver dicha autorización, ni sabe ni contesta. Para que luego digan de la mafia rusa.

Si yo tengo una hipoteca con el Santander y dejo de pagarla, el banco la ejecuta, subasta mi casa, se lleva su dinero y yo me quedo en la calle. En cambio, si el Santander decide no devolverme mi dinero, tal y como tiene obligación de hacer, no pasa nada, las autoridades le dicen que por supuesto, y ya está.

No sé por qué duda de que se publique su carta. El derecho al pataleo es el único que no nos niegan. Otra cosa es que nos hagan el más mínimo caso. Tenga por seguro que algún tecnócrata del Gobierno le dirá que ni usted ni yo entendemos las sutilidades de la economía y que, en realidad, todo es por nuestro bien, para protegernos, reactivar la economía y garantizar el empleo. ¿Apostamos algo?