Esta semana una noticia ha generado una ola de indignación en todo Estados Unidos: un borrador de Sentencia –filtrado por el medio Politico– revela que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de dicho país piensa revocar la pionera Sentencia Roe v. Wade, que en 1973 reconoció el derecho al aborto.

El documento no es más que lo que indica su nombre, un borrador, por lo que no estamos ante la Sentencia definitiva –la cual no se espera hasta el mes de junio– y ésta podría sufrir cambios. Sin embargo, los pronósticos no son muy halagüeños, puesto parece ser que una mayoría de al menos cinco magistrados conservadores defiende la postura de revocar Roe. Tres progresistas se encontrarían preparando votos particulares en contra y la postura del presidente del Supremo, John Roberts, es una incógnita a día de hoy. En cualquier caso, la mayoría antiabortista parece clara.

Esta decisión, de confirmarse, no supondría que el derecho al aborto desaparecería automáticamente en todo el país, sino que se daría vía libre a cada estado para regular como le plazca esta cuestión. Por tanto, es de esperar que la situación no cambiaría en algunos de ellos, pero que en otros sí podría, de facto, abolirse.

En las siguientes líneas me propongo explicar de manera sintética cuáles son los argumentos de los jueces conservadores y cómo hemos llegado a este punto. Pero, antes de adentrarnos en estas cuestiones, resulta obligado repasar brevemente el contenido de la Sentencia Roe v. Wade.

Roe v. Wade: se reconoce el derecho al aborto

En 1969, Norma McCorvey se quedó embarazada por tercera vez. Quiso abortar, pero vivía en el estado de Texas, donde el aborto era ilegal en todos los supuestos y con independencia de los plazos en que se pretendiera hacer, salvo que la vida de la gestante corriera peligro. Sus jóvenes abogadas veinteañeras Sarah Weddington –quien falleció recientemente, a finales de diciembre de 2021– y Linda Coffee, que se licenciaron en Derecho en 1970, demandaron en nombre de McCorvey al fiscal de distrito, Henry Wade, utilizando el pseudónimo Jane Roe –de ahí el nombre de la Sentencia, Roe contra Wade–, alegando que la ley texana era inconstitucional.

Un tribunal federal les dio la razón y el estado de Texas recurrió la Sentencia ante el Tribunal Supremo, quien en 1973 dictó la emblemática resolución –con una mayoría de 7 a 2, con Harry Blackmun, un juez conservador designado por Nixon, actuando como ponente– que consagró el derecho al aborto. El Tribunal sostuvo que la 14ª enmienda de la Constitución reconoce, bajo el paraguas del "derecho fundamental a la intimidad", el derecho a abortar, si bien no con carácter absoluto. De esta manera, poniendo en un lado de la balanza el derecho a la integridad de la mujer y la protección de su salud y, de otro, el derecho a la protección del no-nacido, obligó a los estados de la Unión a legislar atendiendo a los tres trimestres del embarazo: durante el primer trimestre, los estados no podrían prohibir el aborto en absoluto; durante el segundo trimestre de la gestación podrían exigir "regulaciones sanitarias razonables"; y durante el tercer trimestre, los abortos podrían prohibirse con carácter absoluto, siempre que las leyes contuvieran excepciones para los casos en que fueran necesarios para preservar la vida o la salud de la madre.

Esta decisión ha sido la más controvertida y la que más división ha sembrado en Estados Unidos desde la abolición de la esclavitud. Todo el mundo ha oído hablar de Roe v. Wade y todo el mundo tiene una postura al respecto. Y desde su publicación, el activismo conservador se ha dedicado a luchar con uñas y dientes por su derogación.

En 1992 el Tribunal emitió su sentencia Planned Parenthood v. Casey. En la misma, si bien se asumieron algunas de las críticas de carácter jurídico que se había hecho contra la sentencia, se ratificó la esencia de Roe de reconocer la protección constitucional del aborto, pero modificando el marco trimestral que dibujaba Roe a favor de un criterio basado en la viabilidad del feto. Los jueces conservadores Anthony Kennedy (nombrado por Reagan), David Souter (nombrado por Bush padre) y Sandra Day O’Connor (nombrada por Reagan) advirtieron en sus ponencias que la nación "pagaría un precio terrible" si se revocara Roe: "Toda una generación ha alcanzado su mayoría de edad gozando de plena libertad para asumir el concepto de libertad de Roe en la definición de la capacidad de las mujeres para actuar en la sociedad y para tomar sus propias decisiones reproductivas; ningún principio, desde la libertad a la autonomía personal, se ha visto erosionado por la postura central de Roe", decían.

La configuración de un Tribunal Supremo de derechas

Los activistas antiabortistas conservadores estadounidenses comprendieron que la única forma de revocar Roe v. Wade sería tomando el control del Tribunal Supremo con conservadores extremistas y no los moderados que votaron a favor de los derechos reproductivos. Y a ello se llevan dedicando durante los últimos cincuenta años y, en particular, durante la última década.

En 2016, el juez más conservador del tribunal, Antonin Scalia, falleció. El entonces presidente Obama nominó a Merrick Garland, un progresista moderado, para ocupar su puesto, como siempre ha hecho cualquier presidente ante una vacante de este tipo. Sin embargo, la mayoría republicana del Senado bloqueó todos los intentos de votar y confirmar la designación de Garland durante meses, alegando que era un año electoral y que no era justo que un presidente que se encontraba cerca de abandonar su cargo pudiera nombrar a un juez que ocuparía un asiento del Supremo durante años –hay que tener en cuenta que los nombramientos son vitalicios–. Había que dejar al pueblo norteamericano elegir, a través del plebiscito que son las elecciones presidenciales, quién llenaría ese vacío. Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, manifestó en una entrevista que "uno de mis momentos de mayor orgullo fue cuando miré a Barack Obama a los ojos y le dije: 'Señor Presidente, usted no cubrirá la vacante del Tribunal Supremo'".

En consecuencia, el Tribunal tuvo que paralizar su actividad durante más de un año.

Una vez que Trump ganó las elecciones de 2016 y accedió al cargo en 2017, nominó y logró la confirmación del conservador y antiabortista Neil Gorsuch para ocupar la vacante que había dejado Scalia un año antes.

Pero no se trata del único nombramiento que hizo Trump durante su mandato: en 2018 el juez Anthony Kennedy se jubiló y Trump nombró a Brett Kavanaugh. Quizás su nombre te suene por dos motivos: (1) uno es porque su nombramiento fue extremadamente polémico, dado que una doctora, Christine Ford, aseguró que años antes le había agredido sexualmente, cuando ambos iban al instituto; (2) la segunda razón es porque, si has visto la miniserie American Crime Story: Impeachment, habrás podido identificar a Kavanaugh como el niñato del equipo de Ken Starr que buscaba imputar a Clinton por diversos escándalos sexuales y quería humillar a Monica Lewinski en estrados con preguntas innecesariamente explícitas.

Además, en 2020, tras la muerte de la icónica jueza Ruth Bader Ginsburg, Trump nombró a otra mujer para sustituirla: la ultraconservadora y fundamentalista religiosa, Amy Coney Barrett.

Ahora os preguntaréis cómo es posible que Trump eligiera a alguien para ocupar una vacante en el Supremo en un año electoral como lo era 2020. Y más teniendo en cuenta que Ginsburg falleció el 18 de septiembre y las elecciones presidenciales se celebraron el 3 de noviembre de dicho año. Atendiendo al precedente que el Partido Republicano había establecido en 2016 bloqueando la nominación de Garland, lo lógico hubiera sido a que el próximo presidente – en este caso, Joe Biden – hubiera nombrado al siguiente magistrado del Alto Tribunal, ¿no?

La hipocresía de los conservadores estadounidenses la ejemplifica mejor que nadie el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien en 2016 dijo: "Quiero que utilicen mis palabras en mi contra. Si hay un presidente republicano en 2016 y se produce una vacante en el último año del primer mandato, puedes decir que Lindsey Graham dijo: dejemos que el próximo presidente, sea quien sea, haga ese nombramiento, y podrías usar mis palabras contra mí y tendrías toda la razón. Estamos sentando un precedente aquí hoy, los republicanos, de que en el último año no se va a cubrir una vacante en el Tribunal Supremo sobre la base de lo que estamos haciendo hoy aquí. Esa va a ser la nueva regla". Sin embargo, en 2020, tras la muerte de Ginsburg, cambió de parecer y declaró lo siguiente: "Creo que es importante que procedamos rápidamente a procesar cualquier nominación hecha por el presidente Trump para cubrir esta vacante. Estoy seguro de que si el zapato estuviera en el otro pie, ustedes harían lo mismo".

Con estos tres nombramientos de Trump –un número inusualmente alto para un solo presidente, máxime uno que sólo ocupó el cargo durante cuatro años– la mayoría en el Supremo en torno al aborto cambió. Y ya sólo era cuestión de tiempo que un nuevo caso llegara a sus manos para poder revocar Roe v. Wade. Y esto es lo que ha pasado ahora, cuando la nueva ley del estado de Mississippi que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo tras 15 semanas, ha llegado al Tribunal.

El borrador de la nueva sentencia que pretende revocar Roe v. Wade

El borrador filtrado por Politico se encuentra redactado por Samuel Alito (nombrado por Bush hijo), y lo suscriben los magistrados Clarence Thomas (nombrado por Bush padre) y los tres propuestos por Trump: Gorsuch,  Kavanaugh y Coney Barrett. Y, como he anunciado, no se sabe en qué sentido votará el presidente John Roberts (nombrado por Bush hijo), que también podría adherirse.

En esencia, lo que viene a sostener el texto es que "la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional". Es decir, consideran que, como la Constitución no habla expresamente del aborto, éste no se puede considerar un "derecho fundamental".

Además, sus palabras recogen varios guiños a los argumentos que ha esgrimido la ultraderecha durante las últimas décadas. Aseguran que "el derecho al aborto no se encuentra arraigado en las tradiciones e historia del país" sino que, al contrario, toda la legislación anterior a 1973 se encontraba dirigida exclusivamente a criminalizar esta práctica. Además, añaden que la legalización del aborto ha tenido "consecuencias dañinas" y se refieren al personal sanitario que interrumpe embarazos como "abortistas", rehuyendo intencionadamente del término más respetuoso que usó John Roberts en una sentencia de 2020 de "proveedores de abortos". También argumenta el texto que los embarazos de mujeres solteras ya no están tan mal vistos como en los 70 por lo que no sienten la presión social por interrumpir la gestación y que la demanda de adopción de niños ha ido en aumento, por lo que si se aprueban leyes que permiten entregar a recién nacidos a servicios sociales "sin preguntas", esto querrá decir que el hecho de parir no conllevará la obligación de criar al bebé. Ni El Cuento de la Criada lo habría hecho tan bien.

Por todo ello, consideran que "es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo". Es decir, que cada estado decida libremente cómo regular la cuestión. ¿Y esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta que en los últimos años hemos asistido a un endurecimiento de las leyes que restringen los derechos reproductivos en múltiples estados, siendo Texas y Oklahoma los que se llevan la palma, al prohibir el aborto tras seis semanas de gestación (un plazo tan breve que supone que muchas mujeres no puedan tomar la decisión a tiempo). Sin duda, cuando se les dé vía libre para legislar como les plazca, los estados del sur y del medio oeste corren peligro de convertirse en zonas libres de aborto.

Los derechos de las mujeres como termómetro social

Ya sabemos lo que sucederá. Los abortos no se dejarán de practicar, se llevarán a cabo en condiciones peligrosas. Un reciente informe sobre el estado de la población mundial del Fondo de Población de Naciones Unidas alertaba del riesgo para la salud y para la vida de las mujeres que implican las restricciones a los derechos reproductivos y explicaba que el 45% de los abortos que se practican son inseguros y que éstos causan entre el 5 y el 13% de todas las muertes maternas.

Cuesta creer que si el derecho al aborto afectara a los hombres, éste se encontraría prohibido.

Charles Fourier dijo en 1873 que "el cambio producido en una época histórica puede siempre determinarse por el progreso de la mujer hacia la libertad. El grado de emancipación femenina es la medida natural de la emancipación general".

150 años después, sus palabras son igual de ciertas. Ante el avance de la ultraderecha en Europa, Estados Unidos, Brasil, India, etc. estamos asistiendo a un progresivo recorte de los derechos sociales de minorías vulnerabilizadas: mujeres, personas LGTBIQ, migrantes, trabajadoras precarias, etc. Basta con ver el trato que se encuentran recibiendo para entender que los derechos de todos y todas corren riesgo de deteriorarse.

Ante la filtración del borrador de Sentencia –lo cual ha provocado la ira del Tribunal, acostumbrado a que sus deliberaciones sean secretas– miles de personas salieron a las calles de Estados Unidos a protestar contra este ataque a las mujeres. Esperemos que su lucha no cese y que sean capaces de presionar para detener este recorte de derechos. De lo contrario, las consecuencias serán nefastas.