El macronismo (el espacio socio-político de apoyo a Macron) es asqueroso, eso es lo que han gritado, entre otras cosas, más de 400.000 personas en la manifestación de París según el sindicato CGT. Lo que significan cifras similares a las del pasado 19 de enero pero menores que las del 31 de enero. Si tenemos en cuenta el conjunto de participantes en las manifestaciones estamos hablando de las movilizaciones socio-políticas más importantes en Francia desde los años sesenta.

El pasado 31 de enero se movilizaron en Paris más de un millón de personas según el Ministerio del Interior y dos millones según las organizaciones sindicales. La jornada de movilización se ha desarrollado en toda Francia y hay convocada una nueva jornada de movilización este sábado 11 de febrero.

En la manifestación se han podido ver a todas las organizaciones sindicales francesas, a las fuerzas políticas de izquierda y a un enorme gentío, alegre, intergeneracional y transversal en términos sociales y educativos. La nota curiosa y positiva, saludada por los sindicatos, es que un cambio en la prefectura francesa (la responsable del orden público) ha restablecido el diálogo con las organizaciones sindicales y se ha podido negociar con la policía todos los aspectos de la mani, de manera que se respiraba calma y relajación después de un quinquenio anterior presidido por el autoritarismo y falta de diálogo.

La cólera social tiene que ver con la propuesta de ley para una modificación de la edad de jubilación que pasaría de 62 a 64 años. Cómo suele suceder, los argumentos de la parte del gobierno Macron tienen que ver con "garantizar el sistema de pensiones" y "asegurar la estabilidad de las finanzas públicas". La reforma afecta no solo a la edad de jubilación, también a la relación entre años cotizados y pensión a recibir y a otras ventajas que permitían a las personas que cumplían el total de años cotizados, recibir una mejora de la pensión.

Además de los argumentos, ha contribuido a la rabia y a la movilización la arrogancia tan propia del macronismo. El pasado 29 de enero la presidenta del gobierno, Élisabeth Borne, manifestó que la "ley no es negociable". Y eso, a pesar de que el Presidente del Consejo Asesor sobre las pensiones ha manifestado que la reforma no es necesaria en términos de estabilidad de las finanzas públicas.

De hecho, lo que la oposición cuestiona es el ejercicio económico que está socavando la capacidad inversora del estado y que no es otro que la bajada de impuestos que en el quinquenio anterior detrajo de las arcas púbicas francesas, la friolera de 50.000 millones de euros por año. Sí, han leído bien, 50.000 millones de euros por año.

A la bajada de impuestos se suman otros recortes sociales como la bajada del IVA para las empresas, la retirada de funcionarios y la bajada de su salario y el aumento de la exención en las cotizaciones sociales que, para el año 2023, significarán 19 mil millones de euros, lo que es un poco más de los ahorros que Macron espera conseguir con la ampliación de la edad de jubilación.

El pasado domingo, el ministro del interior, Gérald Darmanin, expresó públicamente los que son, según él, los valores que la mayoría presidencial defiende: "el trabajo, los valores del esfuerzo, mérito y emancipación". Lo que no está claro es cómo se asocian esos valores a la propuesta de Ley de recorte de las pensiones. Sobre todo cuando se conocen las generosas previsiones de retiro de las que gozarán los patrones de las empresas del CAC 40 (su Ibex 35) y firmes partidarios, claro está, de la Ley de Macron.

Jean-Paul Agon, de l’Oreal: 1.600.000€; Franck Riboud, de Danone: 1.430.000€; Benoît Portier de Air Liquide: 660.000€ y etc.

Está claro que la Reforma no es defendible desde argumentos de estabilidad del sistema de pensiones o de equilibrio de las finanzas públicas, sino desde una propuesta política muy persistente en la derecha francesa. La reforma de las pensiones ha sido la prueba del algodón de la voluntad reformista de las presidencias francesas desde hace 20 años, sin éxito. Macron quiere conseguir un triunfo frente a la resistencia social y política que todavía muestra la sociedad francesa y que se ha expresado en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales. De hecho, según las encuestas, el 70% de franceses y francesas está en contra de la propuesta.

En este punto, es interesante señalar que la reforma brutal del sistema de pensiones ha pretendido colarse como una modificación del presupuesto de la seguridad social, amparándose en un artículo de la Constitución francesa (el 47.1) que le permite, en la práctica, limitar el debate parlamentario al mínimo.

De hecho, este pasado lunes se celebró el primer debate parlamentario sobre el tema y la mayoría presidencial hizo valer su dominio para impedir que se discutieran propuestas de referendo sobre la reforma. De hecho, se negó tanto a la France Insoumise como a otros grupos la preceptiva reunión de la Conferencia de Presidentes para debatir sobre las diferentes propuestas. De facto, tal y como denuncian los grupos de la izquierda: la estrategia de Macron favorece a Marine Le Pen cuyo grupo casi no ha presentado enmiendas al proyecto de Ley pero que ha sido favorecida por el azar para que su propuesta de referéndum sea la que se debata en la Asamblea Nacional. Una vez más, el bricolage parlamentario para eludir la luz y los taquígrafos en un debate de esta envergadura.

Tal y como todos los actores señalan, hay mucho más en juego que el tema de las pensiones, siendo este importante. Después de la crisis del euro y de la pandemia, las reflexiones sobre la calidad de vida han ganado espacio para interrogar sobre cuales son, realmente, los objetivos de nuestras sociedades y nuestras prioridades. Y en este ámbito, el papel del trabajo y de las condiciones de trabajo se han mostrado determinantes y centrales.

Recordemos la valorización social de trabajos que se consideraban de tercer grado y de escasa relevancia. O el papel heroico de las personas profesionales de la sanidad pública que han soportado lo peor del envite pandémico en condiciones de deterioro de los sistemas públicos de salud tras años de desinversiones y transferencias al sector privado.

Por eso, el debate y la movilización por unas pensiones dignas y por una edad de jubilación razonable forma parte de un debate sobre derechos humanos básicos, máxime, en sociedades ricas.

Conviene terminar con una nota de esperanza asociada a un hecho insólito de los últimos decenios: una convocatoria unitaria de los sindicatos franceses. Sería deseable no tener que esperar a las urgencias para responder y ser conscientes de que sin unidad, la resistencia es y será más débil. Y vienen tiempos difíciles.