Sobre el tapete

La Proclamación Inmediata de Independencia de Catalunya, un valor añadido para el RUI

La propuesta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de hacer el próximo año un Referéndum de Independencia, que sería Unilateral porque es algo más que improbable que sea pactado con el Estado, cuenta con el apoyo de la CUP (aprobado en asamblea), Demòcrates  (aprobado en su acto fundacional) y ERC y parece que hay división de opiniones en el flamante Partit Demòcrata Català de Artur Mas y Carles Puigdemont (PDC), cuya inscripción acaba de prohibir el Ministerio del Interior alegando diez razones, entre ellas una en aplicación de la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna.  Al menos hay tres aspectos de la cuestión que merecen ser considerados.

  1. La Hoja de Ruta

Hubo una primera Hoja de Ruta con la que se presentó Junts pel Sí a las Elecciones del 27-S del año pasado. Los resultados obligaron a su actualización materializada en la aprobación de la Resolución del 9-N de 2015 por el Parlament de Catalunya y que es una Declaración solemne del inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república. El texto incluye, entre otras cosas, el compromiso de empezar a debatir la elaboración de una nueva constitución catalana y de tres leyes de desconexión incluidas en la Hoja de Ruta (seguridad social, hacienda propia y transitoriedad jurídica)  así como la voluntad de que las decisiones no se someterán al Tribunal Constitucional español. Después del recurso del Gobierno central, bastaron tres semanas para que el Tribunal Constitucional anulara unánimemente la Declaración.

No obstante, las instituciones catalanas siguieron trabajando en lo que interpretan que es el fiel cumplimiento del mandato democrático que resulta de la mayoría absoluta en escaños obtenida el 27-S. Así el 27 de julio de 2016 el Parlament debatió y aprobó (con los 72 votos de la mayoría) las Conclusiones de la Comisión de estudio del Proceso Constituyente, argumentando que el "Pleno es soberano" (Forcadell) y que en aplicación del artículo 57 del Estatut "los miembros de la Cámara son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo" (Turull) . El acto fue interpretado por los anti-independentistas como un grave desafío al TC. Y otra vez el alto Tribunal se movió con diligencia suma y el 1 de agosto, retrasando sus vacaciones y sin haber transcurrido ni una semana, se reunió para suspender  por unanimidad las mencionadas Conclusiones admitiendo a trámite el "incidente de ejecución de la sentencia" presentado por el gobierno de Rajoy (el cual solicitó medidas coercitivas y la aplicación de la vía penal).

El 30 de Agosto (en pleno periodo vacacional) la Fiscalía insta al Tribunal para que aperciba a los miembros de la Mesa del Parlament de multas y deducción de testimonio por responsabilidad penal y también pide que el Tribunal actúe de forma "más intensa" para evitar la desobediencia. Los tiros se concentran en la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La Fiscalía, es bien sabido que "afina" mucho. La intervención de Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, en el acto de inicio del Año Judicial (6 de septiembre) y ante el monarca lo corrobora prometiendo mano dura contra los independentistas, contraponiendo la legalidad constitucional vigente (sobre la que planea el estigma infamante de ser hija directa de la dictadura franquista) contra el derecho democrático a decidir que la Fiscal obviamente no reconoce. Algún periódico vaticina que a partir de ahora la sangre puede llegar al rio...

Aumenta la temperatura. Las amenazas de multas como mecanismo disuasorio y expropiatorio de los patrimonios personales y la cárcel para los disidentes (en línea con el espíritu nacional de la Ley Mordaza del PP) serán combustible para el incendio... y para animar la Diada de 2016.

En las Conclusiones aprobadas por unos y suspendidas por otros destacan dos ideas. En la primera, se parte de la seguridad de que el "derecho a decidir" no tiene futuro dentro del marco jurídico español y fundamenta el proceso constituyente en la legitimidad del pueblo catalán para iniciarlo, enlazando así con la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Catalunya de 2013 (también aprobada por el Parlament y anulada por el TC español).

El segundo extremo a destacar de las Conclusiones es que detalla suficientemente la Hoja de Ruta a seguir y que se desplegará en tres fases. En la primera habrá un proceso participativo ciudadano para el diseño del futuro texto constitucional siendo su resultado un mandato vinculante para los integrantes de la futura asamblea constituyente. Una vez concluida la primera fase, la segunda completará la desconexión con la legalidad del Estado español mediante la aprobación por parte del Parlament de las "leyes de desconexión y de un mecanismo unilateral de ejercicio democrático que servirá para activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente". En la tercera fase, después de que los Constituyentes hayan aprobado el proyecto constitucional, se convocará un Referéndum para que el pueblo catalán apruebe o rechace el texto.

El 28 de julio el Parlament ha dado luz verde para empezar la tramitación de la Ley de la Agencia de Protección Social de Catalunya (la Seguridad Social catalana) y el 6 de septiembre el Parlament ha admitido a trámite la Ley de la Agencia Tributaria catalana; dos de las comprometidas para la desconexión.

  1. La Unilateralidad viene del Canadá

Agotada la credibilidad de los brindis al sol, cunde la sensación de que el referéndum pactado es imposible. Para el independentismo catalán ya no se trata de obstáculos jurídicos, que también, sino de un problema de naturaleza  política. Tres cuartas partes del actual Congreso español está radicalmente en contra de la solución "escocesa" y en el Senado la proporción aún es más aplastante. No cambiarán las leyes para permitir legalmente votar a la británica manera. Ha calado muy hondo la percepción de que así ha sido, así es y así será por muchas terceras, cuartas y enésimas elecciones que se celebren en España...

La única formación política respetuosa con la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir (aunque contraria a la independencia catalana), Podemos, tiene un techo electoral obvio. Al Partido Socialista le cuesta incluso cambiar la palabra "autonómica" por "federal" (sabiendo además que no le hace ganar votos precisamente) y Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, ya no sabe qué hacer ni qué decir para superar el colapso de su partido sin enfadar demasiado a sus jefes y no perder la poca base electoral que le queda, la cual, con nacidos fuera de Catalunya e hijos de inmigrantes en su mayor parte,  es "unionista" sin remedio. Por otra parte, es muy probable que Iceta, además de no ser independentista, esté persuadido de que los políticos españoles, sin olvidar a sus compañeros de partido a los que debe conocer bien, están dispuestos a llegar muy lejos para impedir lo que está pidiendo el 75% de los catalanes: votar democráticamente en un referéndum legal y acordado como en Escocia, por poner un ejemplo. De los pirómanos del Partido Popular no hay nada nuevo bajo el sol que añadir. Y el partido "moderno" de la derecha, Ciudadanos, es rabiosamente anti-independentista y harán, entre otras cosas y para empezar, todo lo posible para que el idioma catalán desaparezca del mapa. (Quizá esta no es la nueva derecha que a España le conviene). Con ellos (PP y C´s) no se puede contar ni siquiera para una reforma constitucional con simples y modestos aromas federalistas; y disponen y dispondrán, juntos o por separado, de una holgada capacidad de bloqueo en el Congreso y en el Senado. Es una cuestión de relación de fuerzas intrínsecamente española. Para esto están los ADN de los partidos y sus votantes naturales. Quizá por esto exaspera más si cabe el cinismo de la Fiscal General cuando argumenta que las leyes pueden ser cambiadas, tal como Rajoy le espetó, desafiante y soberbio, a los políticos catalanes: si no les gustan las leyes, cámbienlas.

En consecuencia, el proceso se está construyendo unilateralmente, tal como recogen las Conclusiones de la Comisión Constituyente. Todas las variantes que se manejan conducen inevitablemente a la unilateralidad, si quieren llegar a algún sitio que no sea la reculada absoluta. Por esto la Fiscalía afina y se aprobó una ley del Tribunal Constitucional ad hoc.

Puede resultar sorprendente que los dos referéndums de independencia celebrados en Quebec (1980 y 1995)  fueran unilaterales. No fueron acordados con el gobierno federal de Canadá. No fueron autorizados, pero las autoridades canadienses no impidieron las urnas ni las votaciones, y tampoco persiguieron judicialmente a los dirigentes secesionistas para meterlos en la cárcel. Un talante geográfica y políticamente muy distante del que aquí domina. Desestimada la vía escocesa, también hay que descartar la "canadiense", porque el Gobierno español lo pondrá difícil. Si es, el Referéndum será unilateral puro y duro.

  1. El RUI no puede ser otro 9-N

Si se opta por el Referéndum de Independencia en esta legislatura, con este Govern y con el actual Parlament, sea para contestar simplemente sí o no a la independencia (a la escocesa) o, alternativamente, para aprobar o no una Ley de Desconexión y Transitoriedad que incorpore una inequívoca declaración de soberanía e independencia, en sintonía con el segundo referéndum quebequés (y mejor con contenidos que ya establezcan las líneas maestras de la Constitución), debería ser también inequívoco el compromiso de proclamar la Independencia inmediatamente después de conocer los resultados oficiales definitivos, en caso de triunfo del secesionismo. Y sin mayores dilaciones. De lo contrario será difícil que la ciudadanía no crea que se trata de un nuevo, y ahora irrelevante, 9-N que no llevaría a parte alguna. No conviene descartar que el Referéndum fuera el de la nueva Constitución en el bien entendido de que su aprobación sería en sí misma la aprobación de la Independencia, aunque suponga retrasar el calendario más allá de los 18 meses previstos para cerrar el proceso.

Todas las fuerzas contrarias a la secesión harán todo lo posible (y lo imposible) para boicotear el Referéndum con todos los medios a su alcance. Si los ciudadanos perciben que la consulta va en serio y que tendrá, en cualquier caso, efectos  jurídicos y políticos visibles y próximos será más probable su movilización y participación en las urnas. Nadie podría lamentarse luego. Este es el valor añadido que podría necesitar el Referéndum para no ser percibido como una mera repetición del 9-N de 2014 dentro de una historia cada vez más interminable.

Por otra parte y complementariamente, como que casi seguro no va a ser un referéndum a la canadiense y que no contará con la tolerancia del gobierno central y sí con la hostilidad de otros muchos poderes políticos y mediáticos, pueden darse, simplificando, dos escenarios.

En un primer escenario, el Referéndum se celebra superando todos los obstáculos puestos por el Gobierno central. Si vence la opción independentista, cualquier retraso gratuito en la Proclamación de la Independencia  (y la promulgación de las leyes de desconexión y de Transitoriedad si aún no estuvieran aprobadas) solo puede entorpecer su eficacia. De todos modos, los planes de contingencia serán inevitables porque no se puede descartar nada. Y si el independentismo pierde, deberá hacerlo con dignidad y prepararse para resistir el vendaval re-centralizador que se desatará más intensamente que el de estos últimos años.

El segundo escenario es el de un Referéndum que no se celebra porque los poderes del Estado lo impiden utilizando medios coercitivos insuperables. En esta tesitura, caben dos respuestas. Una supondría cesar en el empeño esperando una coyuntura más favorable y otra partiría de que ya se ha ido demasiado lejos para abortar el despegue hacia la independencia y de que el objetivo es posible y, consecuentemente, los parlamentarios la proclamarían inmediatamente  después de constatar que se ha impedido por la fuerza su celebración, con el valor político que ello supone. Se habrían cargado de razón. Los planes de contingencia serían todavía más imprescindibles.

La Hoja de Ruta, por ahora, contempla la convocatoria de comicios para elegir la Asamblea Constituyente, para que una vez apruebe la nueva ley fundamental puedan los ciudadanos votarla en Referéndum. Muchas elecciones parece en tan poco tiempo y con tantos nubarrones amenazando tormenta. Dadas las excepcionales circunstancias que con toda seguridad concurrirían, sería deseable no abrir un periodo político de interinidad e incertidumbre con el Parlament disuelto, un Govern en funciones y con una muy dura campaña electoral por delante (en el mejor de los casos). Se justificaría sobradamente que el Govern continuara al timón y el actual Parlament  se mantuviera como representante legítimo del pueblo catalán después de la Proclamación de Independencia, asumiendo la función de Asamblea Constituyente, ocupándose de dar el último impulso a la Constitución (tras el proceso participativo ciudadano que ya habría finalizado)  y de su aprobación para que sea ratificada (o no ) en referéndum.

¿Habrá en algún momento, antes o después, negociaciones de verdad Madrid-Barcelona? Porque son inevitables.