Ricardo Romero de Tejada
Politólogo/sociólogo, ha publicado recientemente el ensayo 'Por qué hemos llegado hasta aquí. Geopolítica y política de la cuestión catalana', Tiempos de espera, Barcelona, 2017

La mayoría parlamentaria obtenida por las tres listas independentistas en las elecciones del 21 de diciembre del año pasado, con la candidatura de Puigdemont con más votos y escaños, se encuentra ante la difícil decisión de votar la investidura "legitimista" que encarna el President "depuesto" y que el Estado ha decidido impedir.

Teniendo en cuenta que las tres candidaturas independentistas han defendido continuar construyendo la República, las diferencias hay que buscarlas en el liderazgo de esta etapa de construcción republicana y hasta cierto punto en los procedimientos y medios para este propósito. En este sentido habría que valorar el anuncio por parte del líder de la CUP en el Parlament, Carlos Riera, del acuerdo alcanzado hace unos pocos días por esta formación con Junts per Catalunya y ERC para "impulsar" una asamblea constituyente de la república.

El dilema, que parece enfrentar a Puigdemont, una parte de PDCat y la Cup con ERC y otra parte de PDCat, se concreta en dos posturas, una que algunos caracterizan de "legitimista" en oposición a otra que sería la "pragmática".

Carles Puigdemont alega que el éxito de su candidatura legitima la reposición en sus plenas funciones del Govern depuesto por el PP en aplicación del artículo 155 de la Constitución (aplicación que ha sido recurrida por el Parlament y por Podemos) y que someterse, por pragmatismo, a la lógica obediente del 155 no conducirá a otra cosa que a más 155 y a la liquidación final de las instituciones de autogobierno. En definitiva, propone gobernar desde Bruselas, forzar al Estado a negociar su regreso con plenitud de derechos e internacionalizar tanto como sea posible el conflicto con una España intransigente y autoritaria, que no respeta los derechos humanos encarcelando y exiliando a los opositores políticos, y que convierte el Estado de Derecho en una farsa, cuando le conviene, con los fiscales afinando y los tribunales al servicio del gobierno.

Los "pragmáticos" argumentan que el Estado está dispuesto a impedir la investidura de Puigdemont, exigiendo su presencia física en el Parlament, avisando que no lo puede hacer dada su situación procesal y la oposición de los jueces, y controlando con las fuerzas del orden por tierra, mar y aire que no se les cuele el President. Rubalcaba, un histórico dirigente socialista a quien sus propios compañeros se cuidan muy mucho para no darle la espalda y que debería saber mucho de cómo las gasta el Estado español a la luz de aquellos episodios de la cal viva y el GAL, ha asegurado que el Estado está dispuesto a pagar el precio que haga falta para impedir la investidura de Puigdemont. Los "pragmáticos" se muestran de acuerdo con la investidura de Puigdemont si existe un procedimiento eficaz para sortear los obstáculos de la legalidad española y recuperar el control efectivo de la Generalitat. En caso contrario, piden otra candidatura alternativa, cuestión en la que también habría que tener en cuenta el "aviso", muy creíble, por parte del ministro de Justicia de que todos los procesados serán inhabilitados...

Nada fácil será encontrar la solución a esta crisis que amenaza con romper la unidad del independentismo, esta vez sí, bajo la presión del Tribunal Constitucional y las señales obvias de que cientos de personas pueden ver sus bienes confiscados para destruir a sus familias y/o ser encarcelados por el tiempo que al poder le venga en gana. Sin embargo, tal vez ayudaría a la reflexión necesaria para diseñar una solución sin vencedores ni vencidos, la lectura detenida de dos artículos recientes (Miquel Puig, "El dilema", 29 de enero de 2018, en elnacional.cat y Carod Rovira, "Tenemos que ser más", 16 de enero de 2018 en elcritic.cat) y dos entrevistas, una a Ernest Maragall (buen conocedor de los socialistas españoles) del 23 de enero en vilaweb.cat y otra a Eduard Voltes del 20 de enero también en vilaweb.cat. Diferentes perspectivas, pero todas con el foco puesto en la construcción práctica de la República.

Tal vez, quizás, habría un espacio de encuentro satisfactorio para ambas posiciones, si se aceptara desplegar dos instituciones diferentes y complementarias. La República, la institución de rango superior que habría que construir con contenidos y a la que hay de dotar de un Presidente y de un equipo de trabajo para cumplir los objetivos que se le encomienden (entre ellos la representación internacional del proyecto de Estado). Ya tiene President, el que lo era el 27 de octubre cuando el Parlament votó la República y que ha sido legitimado en las elecciones del 21-D. Las fórmulas necesarias para evidenciar su reconocimiento por parte de la mayoría parlamentaria independentista no tendrían que ser un obstáculo. El Estado español no podría impedirlo, salvo que reconociera la República catalana...

Y la Generalitat, el órgano de gobierno tradicional de Catalunya, con un President investido por el actual Parlament, para dirigir como tal las tareas de gobierno en proximidad y reconociendo la autoridad superior del President de la República del modo y manera que el Estado español no pueda proceder ni contra él ni contra las instituciones. Las tecnologías están para resolver los problemas. Cuatro años por delante.