Opinión · Sobre el tapete

De Elecciones, Relatores y Monarquías

Había en el Madrid de los Austrias hacia finales del siglo XVI, según nos cuenta Alfred López en su “Vuelve el listo que todo lo sabe”, una taberna regentada por María Morena y su esposo. Su negativa a servir su mejor vino a un grupo de soldados sedientos porque estaba reservado a  clientes de mayor alcurnia desencadenó una monumental riña en la que, según los escritos de la época, fue la tabernera, que era de armas tomar, quien más leña repartió. Contra el matrimonio se abrió un proceso judicial y para la posterioridad quedó lo de “armarse la marimorena”.

Todo fue proponer un Relator para la mesa de diálogo entre los gobiernos de España y Catalunya y se “armó una marimorena” de tal magnitud que la legislatura, que ya iba atropellada, acabó con una convocatoria precipitada de elecciones generales (para el 28 de abril), tan adelantada como que ha adelantado incluso a los comicios municipales, autonómicos y europeos previstos desde tiempo ha para el 26 de mayo.

Dicho en román paladino, el vino del diálogo con la presencia de un relator enfureció a los guardianes de la ortodoxia constitucional hispánica (que gozan con caldos más bravos) y el asunto habrá de dirimirse con urnas y papeletas, aunque los insultos e improperios lanzados por la tropa han sido y son más propios de una guerra abierta que de la concordia democrática. Tal vez esos bulliciosos guerreros confían en que los votos convaliden su proyecto de enviar a sus enemigos a “galeras” y dar otra vuelta de tuerca a la maltrecha democracia del 78; una democracia, por cierto, que solo gozaba de aparente buena salud mientras los súbditos votaban dentro de un orden, porque como bien sabemos una cosa es la libertad y otra el libertinaje, y también es público y notorio que la Democracia (basta con calificarla de “supuesta”) solo lo es dentro y por debajo del Derecho, o sea el que va desde las Leyes Fundamentales del franquismo (y su democracia orgánica) hasta la Ley Constitucional del Neofranquismo (y su democracia controlada). Ellos no serán fascistas (dicen), pero esta es, precisamente, una tesis de naturaleza fascista.

Entre los puntos a incluir en el diálogo, el derecho a la autodeterminación era irrenunciable para los independentistas e inaceptable para el gobierno central. La vicepresidenta Carmen Calvo lo dejó claro: “no aceptaremos nunca un referéndum de autodeterminación”. El derecho a la autodeterminación se convirtió en el obstáculo definitivo para el diálogo y para que PDeCat y ERC pudieran aprobar los presupuestos del gobierno central; y así acabó la legislatura, con la ayuda inestimable de los nuevos “pancarteros” y el “fuego amigo”.

Mentar al Relator convulsionó a la Santa Alianza (PP-C’s-VOX) de tal manera que tumultuariamente y en la plaza de Colón, a escasa distancia ideológica de la plaza de Oriente donde convocaba a sus masas el franquismo, exigió la convocatoria inmediata  de elecciones para expulsar de la Moncloa al usurpador y felón Pedro Sánchez. El Relator también tuvo efectos mágicos y envenenados en el PSOE profundo, y Felipe González, entre otros, lanzó su aguijón sobre su “teórico” secretario general para dejarle claro quién manda aquí.

A pesar de que las fuentes policiales limitaron la participación en la madre de todas las manifestaciones en unas 45.000 personas, Pedro Sánchez decidió dar un volantazo, dejar para mejor ocasión el dialogo desinflamatorio con los catalanes y tomar la iniciativa convocando elecciones para el 28 de abril.

Respecto a la cuestión del Relator, que la RAE define como el que “relata” o “refiere” un hecho, sabemos por la prensa, que el gobierno español propuso dos candidatos, ambos firmes defensores de la Constitución y la Monarquía. Eran Miquel Roca y Juan-José López Burniol. Veamos algunos de sus méritos.

Miguel Roca es bien conocido por ser unos de los principales y entusiasmados “padres” de la Constitución del 78, la misma que según los “constitucionalistas” impide que se pueda votar en un Referéndum de Autodeterminación, y por haber merecido la confianza de la Casa Real española para defender a la Infanta doña Cristina (hija y hermana de reyes) en el turbio caso Nóos y habernos convencido a todos de que la justicia en España no es igual para todos; algunos proponen comparaciones, por ejemplo,  con Isabel Pantoja que sí dio con sus huesos en la cárcel por un largo periodo de tiempo, aunque nada sabía y nada recordaba. Con esta hoja de servicios a la vista, acertadamente actualizada con sus sistemáticas colaboraciones en pro del status quo en La Vanguardia del conde de Godó, parece que la Generalitat declinó que el muy probablemente futuro duque de Roca fuese un Relator para el Diálogo. Tampoco fue aceptado el otro candidato.

López Burniol es abogado, notario y activista del unionismo. Como no podía ser de otro modo, colabora asiduamente en La Vanguardia con sus mensajes dedicados a explicarnos la suerte que todos tenemos con esta Constitución tan democrática y con esta monarquía tan moderna.

Se trata de otro intelectual orgánico que expresa cabalmente la relación simbiótica entre las élites dirigentes y la monarquía españolas, una relación persistente (Franco lo sabía bien al dejarlo todo atado y bien atado) y mutuamente beneficiosa.

A López Burniol le molesta sobremanera que la “transición española a la democracia sea objeto de una deconstrucción sostenida a lo largo de los últimos años” según nos cuenta en La deconstrucción (La Vanguardia, 8 de diciembre de 2018). El autor, pese a que asegura que el hecho de “que el problema catalán haya desembocado en un juicio de estas características es un enorme fracaso colectivo”, constata aliviado que España es una democracia modelo europeo y que “dentro de esta penosa situación hay una cosa que me tranquiliza: España ha consolidado un nivel de vida y unas instituciones democráticas que la hacen enteramente diferente de la España de los años treinta. La democracia española tendrá todos los defectos que se quieran, pero es homologable a la de los países de nuestro entorno y, como tal, hace posible que los conflictos se substancien delante de los tribunales y no en campo abierto” (Delante del Juicio, La Vanguardia, 9 de febrero de 2019).

No se podía explicar mejor la naturaleza profunda del Régimen del 78. Yendo de la ley a la ley, los mismos objetivos que antes se obtenían con la guerra y la represión son logrados ahora con una sabia combinación de la Ley del Embudo, los jueces, y la represión, rematada con una guinda en forma de Tribunal Constitucional, un poder colocado por encima de todos los poderes convencionales, excepto los fácticos (que quedan para las emergencias). Si Clausewitz nos enseñó que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, otros nos demuestran que la política es la continuación de la guerra por otros medios.

Para López Burniol una prueba irrefutable de que “la Constitución fundamenta e implanta un régimen de libertades, democracia y progreso se halla en el hecho de que permite el actual asedio que padece por obra de los líderes marxistas de Podemos y por los separatistas catalanes radicales” (El ataque, La Vanguardia, 15 de diciembre de 2018). La Real Academia Española define “asediar” en su primera acepción como “cercar un lugar fortificado, para impedir que salgan quienes están dentro de él o que reciban socorro de fuera”. Una perspectiva muy democrática, porque aquí  todo es tan democrático que permiten, incluso, que existan, vivan, piensen, los líderes marxistas y separatistas radicales… porque ya nos encargaremos de que no pasen de ahí y de que jamás sus objetivos políticos puedan llevarse a la práctica. Dicho de otro modo, la guerra tiene fases militares y fases políticas. Estamos en una fase política…

Prosigamos con su incansable defensa de la Constitución vigente y del monarca. El 2 de marzo de este año (La ley, La Vanguardia) y, es de suponer, haciéndose eco y en defensa de una intervención reciente de Felipe VI en la que anteponía el Derecho a la (supuesta) democracia (al igual que el coronel Pérez de los Cobos privilegia la ejecución de una orden judicial por encima de la integridad de las personas y la normal convivencia ciudadana), el apologeta constitucionalista que nos ocupa afirma, tras una larga exposición, que “el voto mayoritario en un Estado federado o comunidad autónoma no justifica la conculcación de la Constitución”. Después de asegurar que “el constitucionalismo y el imperio de la ley no están en conflicto con la democracia; más bien resultan esenciales en ella” llega a la conclusión buscada: “Hecho que no es obstáculo para que haya que buscar en todo momento, con tanta obstinada perseverancia como exigente realismo, una solución política a lo que sea un problema político, pero siempre dentro del marco de la ley”.

Omite, como es habitual entre los apologetas constitucionalistas y los exquisitos equidistantes, el hecho de que esta Constitución, sus leyes y sus instituciones están organizadas y diseñadas expresamente para que el voto mayoritario de una minoría territorializada, como Catalunya, sea fácilmente soslayado con el voto de la restante mayoría territorializada; todo, eso sí, muy legalmente y con muchísima perseverancia. O sea, nada que ver con Quebec o Escocia, por ejemplo, ni con los 26 Estados europeos que han ido independizándose después de 1900 (más de la mitad de los actuales Estados europeos). El perfil de los que invocan siempre el “todo por la ley”, siempre con el viento a favor y el pragmatismo realista como bandera, es el de los que defendían antaño el lado equivocado de la historia con idéntico fervor y análogos argumentos: la legalidad de la esclavitud y sus cadenas, la Santa Inquisición y sus hogueras o la indisolubilidad del matrimonio. Si por ellos fuera, seguiría habiendo esclavitud legal y la Iglesia seguiría gobernando enteramente nuestra vida.

El cuento de hadas y el mundo fantástico de estos infatigables constitucionalistas proporciona munición para lo que sea menester. La podemos encontrar cuando nuestro autor y candidato a Relator, cita al historiador Álvarez Junco hablando de “la doble y ambigua legitimación nacional de la Constitución del 1978, con aquel artículo segundo, producto de la transacción – el consenso – que deja el sujeto de la soberanía indefinido entre aquella “nación española de unidad indisoluble” y aquellas “nacionalidades” la existencia de las cuales consagra. Las espadas quedaron en alto” (El apaño, La Vanguardia, 1 de diciembre de 2018). Parece difícil de entender. De veras.  Veamos.

Primero. Muy acertado mencionar las espadas. Porque hay suficientes pruebas, aparte de los bien conocidos “ruido de sables” en los años de la Transición y que nunca han dejado de sonar, para identificar las presiones del ejército franquista con el objetivo de controlar y poner límites a la Constitución. Repasemos algunas. Lo relatan Molinero e Ysàs en su La cuestión catalana. Cataluña en la Transición española: “Miguel Roca ha explicado que negoció personalmente con Suárez el redactado del artículo en cuestión en el palacio de la Moncloa y en un escenario que incluía la presencia de altos mandos militares en una habitación contigua”. Y también cuentan que a  Solé Tura le llegó finalmente un papel escrito a mano con la nueva formulación del artículo, “cuyo texto adolecía de deficiencias de redacción; sin embargo, los representantes de UCD manifestaron que no se podía variar ni una coma “porque aquél era el texto literal del compromiso alcanzado con los sectores consultados”, que no se especificaron pero que para Solé Tura no era “difícil adivinarlo” en concordancia con el testimonio de Roca”. Por su parte, la periodista  Pilar Urbano recoge las palabras de Santiago Carrillo al respecto: “Yo tuve la impresión, a lo largo de todo el debate constitucional, de que en éste participaba activamente un protagonista invisible: el Ejército. Nunca supe quién transmitía al Gobierno las opiniones del mando militar, ni por donde le llegaban a Suárez; pero tenía la convicción de la presencia de ese factor invisible, demasiado opresiva a veces, mientras duraron los trabajos de la Constitución. Suárez me reconoció más de una vez que un sector del Ejército había seguido con la escopeta apuntando todo el periodo constituyente, y particularmente cuando se trataron los temas vasco y catalán” (en La gran desmemoria).

Segundo. El constituyente José Pedro Pérez-Lorca (franquista reformista), recientemente fallecido,  en una entrevista publicada en Cuadernos para el Diálogo y recogida por Molinero e Ysàs “no consideraba que el artículo 2 implicara la más mínima amenaza para la unidad de España puesto que era la más tajante y fuerte definición de unidad que jamás se haya escrito en una Constitución”. Desde luego, poner la unidad indisoluble de España antes de y por encima de la Democracia y la Constitución  no es una característica de los Estados democráticos europeos y sí define lo que técnicamente podemos denominar la consagración constitucional de un nacionalismo español esencialista y excluyente.

Tercero. Hablar de “la doble y ambigua legitimación nacional de la Constitución del 1978” podría ser el fruto de una encomiable, esforzada y honesta voluntad para proponer una solución a la cuestión catalana, pero un fruto sin recorrido, porque constatamos la persistencia de un nacionalismo español extremadamente militante que explica, entre otras cosas, que el Tribunal Constitucional cerrara las puertas a una ampliación del autogobierno con su sentencia de 2010 contra el Estatut. Mientras tanto, lo que hay son unos presos políticos preventivos amenazados con penas durísimas en un juicio inaudito en los países de la Unión Europea y en el que se invoca el principio de la soberanía nacional de una de las partes con el sometimiento incondicionado de las otras y sin ambigüedad alguna; más que de un juicio, se trata de un linchamiento en el que participan todos los partidos del 78 y del 155 (incluyendo a la acusación popular de la extrema derecha que se sienta a la vera del abogado del Estado y de los Fiscales), los medios de comunicación y las más altas y las más bajas instituciones del Estado.

Demostrando López Burniol sus extraordinarias cualidades y habilidades que le podrían adornar como Relator independiente y neutral, el sábado, 16 de febrero de este año, en su habitual colaboración con el diario del conde de Godó (Sobre el dialogo transaccional), arremetía contra los independentistas por su exclusiva culpabilidad en el descarrilamiento del Diálogo. Y lo hacía de este modo: “No se puede alegar voluntad de diálogo cuando se pone como una condición previa un punto innegociable para la otra parte”. Con la lógica de este argumento, podría descalificarse a los abolicionistas del siglo XIX por poner como condición la abolición de la esclavitud para sentarse a dialogar, a las sufragistas por su objetivo de lograr el voto femenino, a los sindicatos obreros por luchar por su legalización, y así ad infinitum.

La versatilidad de este Relator es tal que también forma parte del Col·lectiu Treva i Pau (Colectivo Tregua y Paz). Es curioso que este colectivo que, ¡oh, sorpresa!, es muy activo en las páginas del periódico del conde de Godó, se diera a conocer  con posterioridad al Col·lectiu Pau i Treva (Colectivo Paz y Tregua), formado por conocidos objetores, insumisos y pacifistas y que presentó en 2013 su manifiesto. Su referencia eran las Asambleas catalanas de Pau i Treva de Deu, en este orden (Paz y Tregua de Dios), un movimiento social del siglo XI como respuesta a las violencias de los nobles feudales sobre los campesinos. Demostrando que la propiedad conmutativa no rige en este pleito, el Colectivo de López Burniol, es un coro “constitucionalista” (tal vez) dedicado a defender a la Monarquía de los desmanes del populacho. De este modo podíamos leer entre los muchos argumentos para ensalzar la Monarquía restaurada en 1978, el argumento definitivo, supremo, el comparativo: “También se tiende a olvidar que hoy en muchos de los países con mayor índice de desarrollo humano la forma del Estado es la Monarquía parlamentaria: Noruega, Australia, Suecia, Holanda, Dinamarca, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Japón, etc.” (Monarquía y República, La Vanguardia, 22 de febrero de 2019). Los que reprochan olvidos ajenos pecan de ignorar la enorme viga que tienen en el propio, al menos por las siguientes razones, cosa que les podría ayudar en el futuro para mejorar sus plantillas de argumentarios. Sin querer ser exhaustivos.

Primero. Suecia permitió en su día un referéndum de autodeterminación y la posterior independencia de Noruega.

Segundo. Los noruegos votaron libre y democráticamente (en un plebiscito exigido por el propio candidato) para que su monarca fuera el hasta entonces príncipe Carlos de Dinamarca,  quien subió al trono como Haakon VII; el mismo que en 1940 no se doblegó y no aceptó ser un títere de los nazis.

Tercero. Dinamarca aceptó democráticamente la independencia de Islandia y ha reconocido el derecho a la autodeterminación de las Islas Feroe y de Groenlandia.

Cuarto. El Reino Unido aceptó los resultados de los referéndums que impulsaron la independencia de Irlanda, Malta y Chipre, aceptó que Escocia votara libremente, sin insultos y  sin presos políticos, su eventual independencia, y en los Acuerdos de Belfast de 1998 reconoció el derecho a la autodeterminación de Irlanda del Norte.

Quinto. El monarca británico es el rey simbólico, no solo de Canadá y de Australia, estados citados por los olvidadizos de la Tregua y la Paz, sino también de otros 13 estados soberanos y plenamente independientes.

Preguntas para una comparación.

Primera. ¿Ha reconocido la Monarquía española alguna vez algún Derecho a la Autodeterminación o, por el contrario, ha hecho la guerra a sangre y fuego contra quienes han osado desafiar su intransigencia buscando ser iguales a España constituyendo también su propio Estado?

Segunda. ¿Alguno de los innumerables territorios que antaño fueron del imperio español en los cinco continentes ha querido para sí el honor de tener a un monarca español como su Jefe de Estado?

Tercera. Otro contexto comparativo es el que propone el artista finlandés Riiko Sakkinen en un cuadro expuesto y vendido en la madrileña feria Arco de este año con el título de Nuestros reyes favoritos y en el que una imagen del rey Felipe VI con uniforme de la Armada figura acompañada de una lista de reyes entre los que destacan King Kong, Burger King, Tyrannosaurus Rex, Rey León,  Reyes Magos, Latin Kings…

Cuarta. Comparando, ¿son iguales todos los españoles cuando el rey según el artículo 53.6 es inviolable y no está sujeto a responsabilidad y, que en consecuencia, puede cometer impunemente cualquier acción que otro español podría purgar hasta con una condena perpetua revisable? O el rey no es español… o todos los españoles no son iguales. Pura lógica.

Quinta. ¿Se imaginan  ustedes a don Froilán I, rey de España?