El otro día dijo Esperanza Aguirre que, si logra ser alcaldesa de Madrid (que ni su dios ni su Tamayo lo permitan), su gestión no abrigará veleidades faraónicas, en clara alusión a su enemigo, comilitón y pocoyó Alberto Ruiz Gallardón, el progre del aborto. Sin embargo, esta abuelita tan ahorradora dilapidó 220 millones de euros en darse publicidad, como presidenta de la Comunidad de Madrid, entre 2008 y 2011. "El Estado se gastó 378,1 millones en el mismo periodo de tiempo. Es decir, un solo gobierno autonómico se gastó en publicidad institucional el 58,5% del dinero público que necesitó el Estado", escribía ayer en este mismo periódico Ana Pardo de Vera.

La publicidad institucional tendría que estar prohibida por varias razones. La primera, porque suele ser bastante estulta. Es absurdo anunciarle a los madrileños todos los días, en la televisión y en los periódicos, que hay un metro debajo del suelo de la capital, por ejemplo. Lo sabe todo el mundo, salvo algún político. Recuerdo vagamente el ridículo espantoso que hizo, una vez más, el ya citado Gallardón cuando descendió a los infiernos suburbanos del proletamen para hacerse unos selfies inaugurando un nuevo tramo de línea. Llamó a todas las televisiones, y toda España se enteró de que el entonces alcalde de Madrid no sabe pasar el torno de entrada. Le tuvieron que ayudar sus valets con denodada diligencia e indisimulable peloteo. Pero parece excesivo gastarse 220 millones para que un ex alcalde de Madrid aprenda a pasar un torno. Los profesores aniquilados de la enseñanza pública se lo hubieran enseñado mucho más gratis.

Publicitar con carísimas campañas el agua de Madrid, o sea, el Canal de Isabel II, también suena un poco extemporáneo. Salvo que los madrileños, por culpa del islamista consultófilo Artur Mas, estén cayendo en la perversa tentación de ducharse con Vichy catalana. Sacar anuncios en la tele del Canal de Isabel II hubiera estado bien en 1851, que es cuando se inauguró, y cuando las marquesas empezaron a tener agua corriente y grifería en sus palacios para ablucionar sus fatigadas partes entre café con pastas y recepción con sus obispos.

Si a los ciudadanos nos aporta más bien poco, culturalmente hablando, que nos informen de que debajo de Madrid existe una cosa veloz denominada Metro, y de que por las griferías de por arriba de Madrid corre agua corriente (si no te la cortan por impago), a los políticos les suele salir rentable esta publicidad. Basta con reducirla para que los medios de comunicación pierdan una importante fuente de ingresos. Una vez me contaron las amenazas de Manuel Fraga a un conocido director de periódico español a principios de los 90: "Si continúa usted publicando este tipo de informaciones, olvídese de la campaña de los pezqueñines" (léase en mayúsculas: Fraga siempre hablaba en mayúsculas, para asombro general de los académicos de la ortografía).

Tampoco le va mal a algunos publicistas diseñando campañas institucionales tras entrar o salir de gobiernos, cargos y cosas. Es el caso de Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, alias portavoz del Gobierno y secretario de Estado de Comunicación en el primer aznarato. Lo ilustraba con gracejo, hace un par de años, Rosario G. Gómez en El País: "[La productora] Secuoya, que hace un año fichó como consejero a MAR [...], tiene ya un pie en las autonómicas. A través de su filial CBM gestiona los informativos de la balear IB2 y las coberturas informativas de Telemadrid. El valor estimado de este último contrato es de 1,3 millones".

La publicista Esperanza Aguirre ha empezado su campaña contándonos que, si gana las elecciones, se comportará como una abuelita ahorradora: "Si soy alcaldesa, no pisaré el Palacio de Cibeles. Volveré a la Casa de la Villa [sede consistorial antes de que Gallardón se gastara 500 millones en la otra], un lugar humilde y sencillo, por razones de ahorro". Decía Anatole France que "sin mentiras la gente se moriría de desesperación y aburrimiento". Pues eso, Anatole. Que Esperanza nunca nos aburre. Quod erat demonstrandum, coño.