No hay manera con nuestros tribunales. El Superior de Catalunya acaba de instar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a "dar instrucciones precisas a los servicios municipales de abstenerse de actuaciones que impidan la ejecución de las resoluciones judiciales" referidas a deshaucios. Uno no es experto en leyes, pero hace cierta gracia, en una democracia, imaginarse a un juez diciéndole a un mandatario electo lo que debe o no apoyar, cómo debe vestir, a quién debe favorecer con sus políticas o qué actitud deben asumir ciertos servicios municipales en caso de emergencia.

Y es que a eso nos referimos. Señala el alto tribunal catalán en su recomendación a un ente municipal, el Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Empleo, conocido popularmente como la unidad antidesahucios del ayuntamiento, creado para servir de intermediario entre los fondos buitre que desalojan a la peña y la peña, no sé si se me entiende.

Nuestros jueces son muy sensibles para según qué cosas. Nunca se les vio, por ejemplo, recomendar a la ex alcaldesa Ana Botella que dejara de vender el patrimonio inmobiliario público de Madrid, o advertir al gobierno de Mariano Rajoy que la amnistía fiscal era anticonstitucional, ni señalar al mismo sujeto que no se pusiera a rescatar a banqueros millonarios en lugar de atender a desempleados, jubilados, enfermos o estudiantes. No tienen el coño los jueces para estos farolillos sociales. Qué vulgaridad.

Esta carta de los jueces a la alcaldesa Colau llega más o menos en las mismas fechas en que a César Strawberry le anulan la sentencia condenatoria por unos tuits después de años de litigio. Le habían condenado por terrorituismo, que es una nueva figura procesal. Y es que a nuestros jueces, al parecer, les interesa más mediar en lo cotidiano que meterse en asuntos de gran calado, pues para entrullar a un Francisco Granados o a un Florentino Pérez hay que hacer demasiado papeleo. Por eso les prescriben los asuntos de palacio, coño, que no os enteráis.

La toma de partido de nuestros jueces se nota en eso. No hacen lo que deben hacer y, como en este caso, los ratos libres que tal pasividad les otorga los utilizan para enviar cartitas a los poderes públicos en las que les conminan a olvidarse del pueblo. A no tomar partido en asuntos de lesa humanidad. Como este de los desahucios.

Los jueces se podrían haber quedado quietos, la verdad. Pero ellos también están en la batalla de acabar con los derechos sociales, según parece, y no consideran la posibilidad de guardar una honrosa imparcialidad ante la ejecución de sus dictámenes en según qué casos. No se ha visto nunca a un juez protestar porque un gran delito le prescribe. Ni a ningún tribunal superior de nada. A veces se manifiestan a través de las demasiado prudentes asociaciones carcas o progresistas que los representan. Pero no es común el envío de cartitas a alcaldes, ministros o presidentes para que corrijan a sus subordinados.

Por supuesto, Ada Colau ha salido de inmediato a proteger a sus brigadas municipales anti-desahucios. Con soberbia respingona, expresó su orgullo por el trabajo que realizan. Y aquí llegamos al quid del atolladero. Está bien la separación de poderes, pero algo falla cuando un alto tribunal y un alto representante del pueblo pautan caminos tan diferentes en algo tan básico como el derecho a la vivienda. O cuando se lían a hostias, como es el caso.

Al pueblo le gusta la justicia, pero a los jueces no les gusta el pueblo, se puede colegir de las últimas derivas de nuestros togados. Yo no sé si nuestro sistema judicial continúa contaminado por la herencia del franquismo, como dicen los progres. Pero que los altos estamentos judiciales están contaminados de cierta inhumanidad parece innegable. Y la inhumanidad no es un defecto que se cure viajando, como ha demostrado recientemente el tribunal de derechos humanos europeo, amparando las devoluciones en caliente. ¿Puede ser la justicia inhumana? Da que pensar, el asunto.