Opinion · Consumidor indignado

#Usureros

Son la última moda en fraudes financieros. Préstamos de unos pocos cientos de euros que se conceden en cuestión de minutos, a devolver en un mes y con intereses de demora que pueden llegar a superar el 1.000% TAE. Podemos encontrarlos anunciados en los medios de comunicación tradicionales pero sobre todo en buscadores de Internet, donde introducir la palabra «préstamo» puede transportarnos a un campo de minas, el nuevo mercado de #usureros de la crisis. Y parece que las autoridades todavía no se han percatado de su existencia.

A continuación, reproducimos el fraude número 80 del libro de Rubén Sánchez DEFIÉNDETE de #101fraudes: el de los intereses usureros.

 

«Los bancos roban a la gente. Y hay gente que roba bancos. Somos menos y lo tenemos más difícil, pero nadie dijo que la vida fuera justa».
Vidal (Darío Grandinetti) en Segundo asalto (España, 2005)

 

En 1908, un respetado político español llamado Gumersindo de Azcárate impulsó una ley contra los bancos y prestamistas que se aprovechaban de los usuarios por medio de intereses especialmente abusivos. La conocida como ley de represión de la usura, una de las más antiguas que todavía sigue vigente (con algunos retoques), establece en su artículo 1 que «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Son los tribunales los que deciden si existe o no usura en un contrato en función del tipo de préstamo y de los intereses aplicados en el mercado en la fecha de su firma. Si se considera que son usureros, el consumidor sólo tiene que devolver a la entidad el dinero que le prestó, y si ya lo ha hecho de sobra, puede recuperar todos los intereses que hubiera abonado.

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos no se han preocupado ni de actuar con contundencia contra este fraude ni de mejorar la legislación para establecer claramente cuáles son los límites que deben tener los intereses de cada tipo de préstamo.

En 1967, Francisco Franco Bahamonde, genocida y caudillo de España, promulgó en una ley que «el Estado perseguirá implacablemente todas las formas de usura». Pero al final el dictador decidió no meterse en nuevos berenjenales y seguir con las persecuciones implacables en las que tenía más experiencia: la de los ciudadanos que alzaban la voz para exigir libertades y democracia.

El Código Penal de 1973 tipificó la usura como delito, hasta que fue despenalizada con la reforma aprobada veintidós años después, durante el último gobierno de Felipe González. Aunque eso no quita que en determinados supuestos pueda considerarse que el usurero incurre en un delito de estafa, la medida no ayudó precisamente a que se redujesen los casos.

Durante la burbuja inmobiliaria y tras su estallido, la usura creció de forma exponencial gracias a financieras o intermediarias dedicadas a la concesión de préstamos rápidos o la reunificación de deudas y las hipotecas con brutales intereses de demora. Pero las autoridades competentes han prestado a estas prácticas la misma atención que a las cláusulas suelo o a los fraudes en productos de inversión como las participaciones preferentes.

En la etapa más reciente, nuestros gobiernos no han tenido tiempo para ponerse a luchar contra la usura porque han estado demasiado ocupados rescatando bancos de su hundimiento por la crisis que ellos mismos provocaron con sus abusos a los consumidores.

Según la añeja ley Azcárate, al prestamista al que se le anulen tres o más contratos por incurrir en usura «se le impondrá como corrección disciplinaria una multa de 500 a 5.000 pesetas (de 3 a 30 euros), según la gravedad del abuso y el grado de reincidencia». Las cifras, fijadas en la primera década del siglo pasado, siguen vigentes. Y no sé por qué pero me da a mí que a los bancos no les asusta demasiado ese tipo de disciplina. Igual hace falta actualizar la ley un poco.