Suspender las ayudas públicas, sólo un primer paso

La decisión que debe adoptar hoy el Gobierno de Cantabria (suspender el concierto con el colegio Torrevelo, del Opus Dei, por separar a los niños de las niñas en las aulas, en contra de la legalidad vigente en España) no debería ser noticia. Pero lo es. Lo es porque este Estado aconfesional que propugna nuestra Constitución sigue impregnado de catolicismo. No hay más que repasar la profusión religiosa de la reciente Semana Santa.

El problema es que la educación no es una mera manifestación folclórica, sino una de las herramientas socialmente más valiosas en la formación de los españoles del futuro.

Es imprescindible que las administraciones públicas se cuiden de sufragar con nuestro dinero cualquier integrismo religioso. Y mucho más si éste se imparte en un centro educativo. La contestación social estaría servida si una autonomía decidiera subvencionar un colegio que basara su programa educativo en las prácticas del islamismo radical.

Las corrientes ultracatólicas han logrado en estos 30 años de democracia extenderse en casi 100 centros de enseñanza. Lugares donde se separa a niños y niñas, se alecciona contra buena parte de la legalidad vigente (igualdad, matrimonio, divorcio, aborto), se organiza la insumisión a las leyes educativas del Gobierno….

Es impresentable que algunos de ellos sean concertados, pero el papel vigilante del Estado no debe limitarse a negarles financiación pública.

La educación es un bien demasiado valioso para un país. El Gobierno está obligado a impedir que las futuras generaciones se formen bajo principios que discuten nuestros avances democráticos. Sea cual sea el dios al que se pretenda complacer.