15/04/2009

A la espera de que los atisbos de recuperación económica divisados por Obama y Bernanke lleguen a vislumbrarse en España, hay otros motivos para el optimismo (moderado) en el capítulo de la recuperación política española, que estaba tan alicaída como la economía en estos últimos meses.

Más allá del esfuerzo mediático de los primeros días para aparecer trabajando ante la opinión pública, los nuevos ministros de Zapatero han comenzado esta semana oficialmente laboral poniéndose manos a la obra. Y lo más sorprendente es que sus actividades comienzan a dar frutos. Aunque de momento son meros anuncios, en política, como en economía, el estado mental que provocan las decisiones en la opinión pública es determinante.

Ayer mismo, la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, logró la aquiescencia de las comunidades autónomas para cambiar el sistema de reparto de los fondos destinados a implantar la Ley de Dependencia, esa norma que iba a ser el cuarto pilar del Estado del bienestar y que hasta ahora ha producido más frustración que otra cosa entre quienes necesitan ayuda para superar el día a día.

Desde ahora, esos fondos premiarán a aquellas regiones que más dependientes han calificado hasta el momento, es decir, las que más han trabajado para mejorar la vida de sus ciudadanos. Lo alucinante del asunto no es que Jiménez pueda apuntarse un tanto en su primera gestión como responsable de Política Social, sino que hasta ahora estuvieran recibiendo más ayudas las autonomías que más trabas ponían para desarrollar la norma, como sostiene un detallado informe elaborado por Comisiones Obreras. A la cabeza de las renuentes, Valencia y Madrid. Otra vez las dos proas del PP dando bofetadas al Gobierno central en la cara de sus ciudadanos. ¿Cuándo aprenderán algunos que, en situaciones de extrema necesidad, lo de menos es la ideología?

Si fructífera fue la mañana de ayer para la flamante ministra de Sanidad, qué decir de la reunión de José Blanco, nuevo titular de Fomento, y la presidenta de la oposición autonómica al PSOE y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Como si hubiera frotado la lámpara mágica, Blanco le concedió todos los deseos que le había negado hasta ahora

Magdalena Álvarez. Las concesiones a Aguirre cumplen la doble función de generar empleo (nuevas infraestructuras=más construcción) y de potenciar la figura de la lideresa dentro del PP, en detrimento del siempre peligroso Gallardón. Blanco, no debe olvidarse, manda en las infraestructuras, pero no ha dejado de mandar en el PSOE.

Hasta en la financiación autonómica, ese sudoku que parecía imposible de cuadrar, reina el optimismo. Manuel Chaves, transmutado de presidente autonómico en ministro de las autonomías, cree que será cosa de pocas semanas lograr un acuerdo que satisfaga a todos.

Aún a riesgo de fatigar al lector con tanta buena noticia, aún hay más. El  mismísimo Zapatero declara ante sus parlamentarios que tendrán que votar la nueva Ley del Aborto y, este año, también la Ley de Libertad Religiosa, esa promesa de desarrollar la constitucional aconfesionalidad del Estado que llevaba el PSOE en el programa electoral y que muchos creíamos ya víctima de la crisis.

Nada que objetar a que impere la razón en el reparto de las ayudas a la dependencia, a que Madrid complete
obras que darán servicio a millones de ciudadanos, a que se acuerde un modelo de financiación que asegure el mismo nivel de servicios en todo el territorio, a que se aceleren leyes de claro signo progresista. Pero las preguntas son obvias: ¿tan fácil era? ¿Sólo había que hacer una remodelación del Gobierno? ¿Los nuevos son muy cracks o es que los anteriores eran unos mantas? ¿O será, simplemente, que Zapatero ha despertado del shock que le produjo descubrir que España no era inmune a la crisis internacional?