Legislar contra la hipocresía

El debate sobre la nueva Ley del Aborto aparece estos días reducido a la cuestión de la capacidad de las mujeres de 16 y 17 años para decidir por sí solas la interrupción del embarazo. La derecha sociológica y el PP han logrado colocar el foco sobre esa cuestión, y en seguida se han visto acompañados por destacados miembros del PSOE, para los que también resulta difícil ceder la capacidad de decisión a las hijas aunque sea sobre algo tan personal como la maternidad.

Dicen los conservadores que el Gobierno de Zapatero está socavando la patria potestad de los padres. Y algunos socialistas cabecean asumiendo su parte de culpabilidad. Lo alucinante de todo esto es que, los primeros por estrategia y los segundos por desinformación, ninguno parece recordar que fue el PP el que retiró a los padres la capacidad para consentir las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieran sus hijos desde los 16 años. La norma que rige los protocolos médicos, la Ley de Autonomía del Paciente, se aprobó en 2002 bajo la presidencia de José María Aznar y con el actual líder del PP, Mariano Rajoy, como vicepresidente, portavoz y ministro de la Presidencia.

Ni Rajoy ni los atribulados socialistas que ahora se sienten acorralados por los argumentos del PP protestaron entonces. Y eso que, arropados por la ley, los equipos médicos dejaron de preguntar a los padres si consentían que su hijo adolescente se negara a recibir un trasplante o aceptara una cirugía de alto riesgo en busca de un tumor cerebral.

Los del PP, entonces, incluyeron tres excepciones a aquella norma. Los padres deben aprobar la intervención exclusivamente si se trata de un ensayo clínico, una práctica destinada a la reproducción asistida o un aborto. Dos de estas tres excepciones afectan sólo a las mujeres, con las que el rasero moral acostumbra a ser más exigente que con los hombres. Ambas excepciones carecen de justificación médica. Responden exclusivamente a convicciones morales, por no decir religiosas.

Por lo tanto, la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo desde los 16 años fue un avance que los conservadores introdujeron en las leyes españolas en 2002, para acompasarlas a las legislaciones sanitarias europeas, que a su vez se rigen por los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Venir ahora, como está haciendo estos días Rajoy, con la cantinela de que permitir a una joven decidir su propio aborto es “una falta de respeto a los padres” es, como poco, una hipocresía.

Lo es también abogar por mantener “la legislación actual del aborto” aduciendo que la nueva ley es más permisiva. Sólo desde el desconocimiento de la norma actual o desde la hipocresía más flagrante se puede justificar que despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación atenta más contra la vida que permitir interrumpir un embarazo en cualquiera de sus 38 semanas, como ocurre actualmente bajo el supuesto del “peligro para la salud mental de la madre”.

La verdad, si obviamos la hiprocresía, es que bajo los gobiernos del PP abortaron en España más de 600.000 mujeres legalmente. Que ni Aznar ni Rajoy consideraron alarmantes esas cifras, ni los grupos provida sintieron la urgente necesidad de denunciar a mujeres y clínicas abortistas. Pero que fue llegar el PSOE a la Moncloa con la promesa de atender la demanda social de revisar la legislación sobre el aborto y sobrevenirle a la derecha una imperiosa necesidad de proteger a los no nacidos y de perseguir a las mujeres por abortar.

La verdad es que el PSOE no tiene especial empeño en que las jóvenes de 16 y 17 años aborten sin consentimiento paterno. Y que se avendría a retirar ese artículo si con ello lograra el apoyo del PP para la nueva ley. Pero entonces, muchos reclamaríamos lo que dicta la lógica: que se convierta en obligatoria la aprobación de los padres para permitir a una mujer de 16 o 17 años traer un hijo al mundo.