Recuerdan aquello de: "¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?" La desgarrada pregunta del espléndido guión de Almodóvar podría aplicarse ahora a la relación de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La respuesta sería idéntica a la que recibía Marisa Paredes de Imanol Arias en La flor de mi secreto. El desencuentro es insalvable.

El debate del miércoles en el Congreso con el que arrancó el curso parlamentario lo dejó claro: las soluciones inmediatas a la crisis económica no saldrán del acuerdo entre los dos grandes partidos, que mantienen posiciones antagónicas sobre cómo ingresar y en qué gastar el dinero público.

Pero hay una cuestión en la que están obligados a llegar a un acuerdo, porque es vital para el futuro del país:  la educación.

No será fácil el pacto. Ningún acuerdo de vital importancia para una sociedad, de los que se llaman de Estado, lo es. Las posiciones, hoy, parecen irreconciliables. El PP no quiere empezar a hablar si no es para cargarse la LOE, la norma de educación vigente. Y el PSOE se aferra a la necesidad de estabilizar la educación "por generaciones, no por elecciones", como resumió hace unos días el ministro Ángel Gabilondo. Parece una negociación difícil, pero llevarla a buen puerto resulta imprescindible.

España ha sufrido en los 30 últimos años de democracia cinco leyes distintas de educación (1985, 1990, 1995, 2002 y 2006). Prácticamente una por legislatura. Ninguna otra materia troncal del Estado social y democrático de derecho ha sido tan manipulada por la ideología de cada gobierno de turno. Los resultados de esa inestabilidad son de sobra conocidos: hoy España dobla la media de  la Unión Europea en abandono escolar temprano (31% del alumnado), según datos ofrecidos esta semana por el Ministerio.

Pero eso puede cambiar. La crisis económica que nos envuelve arroja cada día malas noticias, pero está provocando una consecuencia directa que, bien encauzada, puede ser la oportunidad necesaria para comprometer a Gobierno y oposición en el empeño de aprovecharla.

El paro entre los jóvenes de entre 25 y 30 años que abandonaron los estudios al finalizar la enseñanza obligatoria se ha duplicado en un año (del 10,9% en 2008 al 20,4% en 2009). Mientras que sólo ha crecido un 50% entre los que gozan de un título de grado medio o superior (del 8,8% al 13,8%). Resumiendo, que mantiene toda su vigencia el viejo consejo de las madres: "Estudia una carrera, hijo, que un título es un título".

Así que esa enseñanza (los titulados gozan de mejores expectativas laborales) y la falta de oferta de empleo para personas sin instrucción (hasta ahora el ladrillo asumía muchos de los estudiantes que elegían un sueldo antes que más formación) puede ser una inmejorable oportunidad para reconducir a ese 31% de chavales que dejan los libros a partir de los 16 años.

Al Gobierno, y más a uno socialista, corresponde acompañar a esos estudiantes sobrevenidos con ayudas públicas que garanticen que su formación no supone una carga para sus familias. Y con una reforma profunda de la Formación Profesional (siempre prometida y siempre aplazada), que la haga atractiva para docentes y estudiantes y útil en la formación de técnicos de grado medio de los que España anda tan escasa (no llegamos a la mitad de la media de la UE, según la OCDE).

¿Y el papel de la oposición? Pues poco más puede hacer que acompañar al Gobierno en esas tareas, apremiarlo para que espabile y aportar cuanto pueda, además de garantizar que lo acordado permanecerá vigente gobierne quien gobierne. La recompensa será una ciudadanía mejor preparada para el futuro, un país más fuerte. ¿No es ese fin el que mueve a los políticos?