Una ley injusta e innecesaria

02 Oct 2009
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Desconcierto, estupor, desacuerdo, vergüenza… son algunos de los sentimientos que expresan dirigentes socialistas cuando se les pregunta por la reforma de la Ley de Extranjería que ha llevado al Congreso el Gobierno al que sustentan. “No sé qué hacemos apoyando esto”, confiesa un dirigente del grupo parlamentario mayoritario. “Voy a tener que estudiarlo, porque no paro de recibir mensajes alarmantes de las ONG”, admite otra relevante socialista.

La norma se ha ganado la crítica unánime de la izquierda y el desprecio de cuantas organizaciones trabajan en la integración de los inmigrantes. La razón es sencilla: endurece las condiciones actuales para vivir y trabajar legalmente en España, trata a los inmigrantes como mera mano de obra en lugar de verlos como personas y establece cuantas barreras exigen quienes sostienen el discurso xenófobo de que los de fuera vienen a quitarnos el pan de la boca.

Entonces, ¿por qué apoya la reforma el Grupo Socialista? La respuesta es tan simple como descorazonadora: los diputados cumplen siempre con la disciplina de voto, ni se plantean oponerse a una propuesta de su Gobierno. Pero, ¿por qué la promueve el Gobierno? Para entenderlo hay que volver a principios de 2008, cuando el PP incluyó en su programa electoral la propuesta de exigir un “contrato de integración” para conceder la residencia a los extranjeros. El PSOE, alarmado por los primeros indicios de una crisis económica que no quiso reconocer y agobiado por amarrar esos votos indocumentados en los que suelen prender los mensajes populistas, se subió al carro de la xenofobia conservadora y empezó a perpetrar el endurecimiento legal que ahora está en trámite.

Pasaron las elecciones. Arreció la crisis. Los inmigrantes dejaron de venir a un país en el que ya no encuentran trabajo… pero la burocracia siguió su curso y la estrechez de miras impidió al Gobierno aparcar el proyecto con el que el ministro Celestino Corbacho sustituyó al peligroso Jesús Caldera, aquel ministro que cometió la atrocidad de sacar a un medio millón de personas de la economía sumergida y hacer que empezaran a cotizar a la Seguridad Social.

La reforma de la Ley de Extranjería es de todo menos socialdemócrata. Pero tiene otros defectos más prosaicos: es innecesaria, injusta e incoherente. Innecesaria porque en 2009 ha caído estrepitosamente la llegada de extranjeros a causa de la crisis (el verdadero efecto llamada, no nos engañemos, es la bonanza económica) y crece el número de ciudadanos que retornan a sus países. Es injusta porque trata al inmigrante como un delincuente potencial (permite alargar su internamiento sin cargo penal alguno) y multa a quien le dé cobijo como a un cómplice. Y es incoherente con las políticas de integración y de ampliación de derechos de las que el Gobierno socialista ha hecho bandera desde 2004.

Repugna a todos, menos al PP, que en su escalada populista aún la encuentra blanda. Ya ha recibido 500 enmiendas, muchas de ellas del propio PSOE. Ojalá el trámite parlamentario la deje irreconocible, aunque sea a costa de malgastar el tiempo de los diputados en una batalla que podría haberse evitado.