Políticamente conveniente, jurídicamente incongruente

El PSOE cede para sumar al PNV al acuerdo sobre la nueva ley del aborto: las mujeres de 16 y 17 años deberán informar a sus padres para interrumpir su embarazo, con la salvedad de los casos en los que dar ese paso genere un conflicto insoportable para la menor. A simple vista, parece que se ha impuesto la lógica. Nadie puede estar en contra de que los padres conozcan el difícil trago al que se enfrentará su hija, pero hay que recordar que nada en la redacción original de la ley les impedía hacerlo.

¿Quién decidirá si el conflicto que aduce la menor es suficientemente grave como para eximirla de informar a sus padres? ¿Quién vigilará la existencia misma de ese consentimiento? ¿Por qué se le exige para ese acto médico y se le da autonomía plena de decisión a la menor en el resto de intervenciones quirúgicas? ¿Por qué no se exige consentimiento paterno para llevar a término un embarazo y sí para no hacerlo? Respecto del texto inicial, el acuerdo alcanzado con el PNV resta seguridad jurídica a todos los implicados en la realización de un aborto.

Por lo tanto, la mayor virtud del acuerdo es el acuerdo en sí. Sus beneficios son exclusivamente políticos. Es evidente que es mejor que la ley tenga más apoyos que los de la izquierda con los que contaba; pero que nadie se engañe, eso no la convierte automáticamente en una ley mejor.