Las aguas de la xenofobia desbordadas en Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz (Madrid) vuelven a su cauce tras los contundentes informes de la Abogacía del Estado. Ambos municipios, el primero gobernado por CiU y el segundo por el PP, dan marcha atrás y retirarán las normas que impedían empadronarse a los sin papeles.

Pero la semilla de la exclusión ha quedado plantada. El debate sobre un nuevo endurecimiento de las normas migratorias y sobre el derecho de los extranjeros a disfrutar de nuestros servicios sociales está servido.

De poco sirve recordar que los extranjeros utilizan sensiblemente menos la Sanidad pública que los nacionales (según datos del ministerio), o reseñar que apenas disfrutan de las pensiones porque se incorporan al mercado de trabajo con muchos años de vida laboral por delante antes de la jubilación (datos del INE), o que hacen falta al menos siete millones de trabajadores/cotizantes extranjeros más hasta el 2030 para paliar la baja natalidad española y sostener el sistema público de pensiones (informe de la Comisión Europea), o volver a explicar que todos los estudios económicos atribuyen al auge migratorio de la última década al menos la mitad del crecimiento del PIB español en ese periodo.

La semilla del mal está plantada. Depende de los políticos regarla convenientemente con alarmismos injustificados o agostarla con información veraz y mucha pedagogía. Y está en manos de la sociedad comprar una de las dos recetas. Ojalá los vientos xenófobos demuestren ser sólo brisas que no lleguen hasta la próxima campaña electoral.

Cuando se abre la veda de la caza de votos, pocos desperdician una oportunidad, aunque sea a costa del respeto a los derechos humanos que los españoles exigimos para nosotros dentro y fuera de nuestras fronteras.