Los bares sin humo tendrán que esperar

El Gobierno ralentiza la reforma de la Ley Antitabaco con la que pretendía prohibir fumar en todos los lugares públicos cerrados. El endurecimiento de la norma no llegará a las Cortes en el primer semestre del año como había previsto la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

Oficialmente, el ministerio arguye que la agenda de la presidencia europea no permite rematar la ley hasta junio. Pero la verdad es que los socialistas decidieron hace un par de semanas que la prohibición total de fumar en lugares públicos no es una prioridad en la agenda política del Ejecutivo, según fuentes de la dirección del PSOE.

Los socialistas han comprobado vía encuestas que cerca de un 74% de la población española apoya la medida antihumo, pero también se han cerciorado de que endurecer la ley no les proporciona un solo voto más. En cambio, esos mismos sondeos revelan que la prohibición total cabrea a bastantes fumadores, además de poner en pie de guerra al sector de la hostelería, que teme una fuga masiva de clientes si se prohíbe acompañar el café o la copa con un cigarrillo. Con los clientes, se irán los beneficios y vendrá la pérdida de puestos de trabajo, vaticinan los más agoreros, pese a que Italia, Irlanda o Noruega (donde está prohibido fumar en todos los bares) no han notado esos efectos. Entre clientes y hosteleros enfadados, sí pueden perderse unos cuantos votos.

Es decir, que se trata de una norma con un teórico apoyo social mayoritario, pero con un efecto electoral perverso. Exactamente de esas leyes que sólo deben centrar la opinión pública cuando las aguas están tranquilas. Precisamente de esas que ningún partido en su sano juicio sacaría de paseo con la que está cayendo.