Strambotic

Noticias insólitas, bizarras e impertinentes

Publicación de la Sentencia nº 24/2019, de fecha 30 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 67 de Madrid

28 Mar 2019
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Público

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 67 DE MADRID
Calle del Poeta Joan Maragall, 66 , Planta 7 – 28020
Tfno: 914932872
Fax: 914932876
42020310
NIG: 28.079.00.2-2018/0139900
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 835/2018
Materia: Derechos de la persona: otras cuestiones
Demandante: D./Dña. CRISTINA GAITE GONZALEZ y D./Dña. DANIEL
BARANDA GONZALEZ
PROCURADOR D./Dña. ANTONIO ALBALADEJO MARTINEZ
Demandado: DISPLAY CONNECTORS SL
PROCURADOR D./Dña. JOSE ENRIQUE RIOS FERNANDEZ
MINSITERIO FISCAL
SENTENCIA Nº 24/2019
En la ciudad de Madrid a treinta de enero del año dos mil diecinueve.
Vistos por la Sra. Dña. MARTA DÍEZ PÉREZ-CABALLERO, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 67 de esta Ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario nº 835/2018, seguidos a instancias de D. Daniel Baranda González y Dª Cristina Gaite González, representados por el Procurador D. Antonio Albadalejo Martínez, contra Display Connectors S.L., representado por el Procurador D. José Enrique Ríos Fernández, siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D. Daniel Baranda González y Dª Cristina Gaite González, representados por el Procurador D. Antonio Albadalejo Martínez, se formuló demanda de Juicio Ordinario contra Display Connectors S.L., en la cual, por medio de párrafos separados exponía los hechos en que fundaba su pretensión, acompañaba los documentos pertinentes y hacía alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizaba con la súplica de que, tras su legal tramitación se dictara resolución en la cual y estimando sus pretensiones:

1º.- Se declare que la conducta descrita en la demanda es constitutiva de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los demandantes.
2º.- Condenando a la demandada:
a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones
b) A indemnizar a los demandantes en la cantidad de veinticinco mil euros (25.000 €)
c) A que sea publicada, a su costa, la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante anuncios en su diario de igual forma que fue publicada la noticia.
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 2 de 11 Todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó dar traslado a la demandada y el Ministerio Fiscal, emplazándolos por el término de veinte días para contestar, compareciendo la primera dentro del plazo legal formulando oposición a las pretensiones formuladas de contrario, solicitando su desestimación.

TERCERO.- Convocados ambos litigantes para la celebración de la audiencia previa, el día señalado comparecieron ambas partes y el Ministerio Fiscal, poniendo de manifiesto los comparecientes la subsistencia del litigio y la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ambos. Una vez fijados los hechos controvertidos, se acordó recibir el procedimiento a prueba, proponiéndose por el actor: documental; por los codemandados: documental e interrogatorio de parte; por el Ministerio Fiscal: documental aportada. Siendo declarada pertinente únicamente la prueba documental, al considerar innecesario el interrogatorio de los demandantes, no siendo precisa la celebración de vista, previo informe de las partes, quedaron las presentes actuaciones conclusas para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es pretensión de la parte demandante, que se dicte sentencia declarando la vulneración por parte de la demandada de los derechos fundamentales al honor,intimidad personal y propia imagen, por la utilización sin su consentimiento de una fotografía extraída de su blog de viajes para ilustrar una noticia ajena a los demandantes.

Los hechos en que se funda la pretensión de la parte actora son sustancialmente los siguientes:

– Los demandantes, D. Daniel Baranda González y Dª Cristina Gaite González, son los redactores del blog de viajes www.wanderonworld.com, que, según sus manifestaciones había conseguido hacerse un hueco entre los blogs más influyentes en España.

– El día 9 de noviembre de 2017, la demandada publicó en la portada de su cabecera www.publico.es, una noticia con el siguiente titular “un avión se ve obligado a aterrizar después de que una mujer descubriera que su marido le era infiel”. Noticia que narraba el suceso provocado por una pareja iraní que se encontraba de viaje a Bali, al forzar un aterrizaje de semiemergencia en el aeropuerto de Chennai, al descubrir la esposa a través del móvil de su marido que éste le era infiel, no siendo posible que la tripulación la calmara.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 3 de 11 Constando que, para ilustrar la noticia, se utilizó en todos los formatos de la edición digital una foto de los actores en su luna de miel en Bali. Fotografía tomada del blog de viajes, concretamente del post “Que ver en Bali: La Guía” (documento 1 y 3 de la demanda).
– Según los demandantes la noticia estuvo publicada en portada durante dos días, pasando entonces a una sección del mismo periódico llamada “Strambotic”, en la que permaneció una semana hasta que los actores se pusieron en contacto con el periódico, siendo eliminada la foto de la sección.
– Exponen que la citada información, vinculada a su imagen, contenía datos suficientes para identificarlos, de manera que conocidos y seguidores del blog les han reconocido y preguntado por el incidente en numerosas ocasiones.
– Indicando finalmente que si bien había sido atendido su requerimiento para que se procediera a la retirada de la fotografía (documento 4 de la demanda), no se había rectificado la noticia. Por lo que interesaba a su vez que se reconociera una indemnización por la suma de veinticinco mil euros (25.000 €) por los daños y perjuicios sufridos y la publicación de la sentencia que ponga fin al procedimiento en el diario de la demandada. La demandada formuló expresa oposición a las pretensiones de contrario, solicitando su desestimación. Aunque reconoce los hechos y en particular el uso de una fotografía del blog de viajes de los demandantes, discute que hubiera supuesto una intromisión en sus derechos fundamentales, en particular el derecho al honor, único al que se hace referencia en el suplico de la demanda, por lo que sostiene que, de reconocerse otro derecho, se estaría incurriendo en incongruencia. Precisando, en relación con los hechos, que en la portada del diario lo único que se publicó y durante dos únicos días, fue un titular de la noticia con la fotografía de los demandantes, en una posición no destacada y que, al clicar en dicho extracto se accedía a la noticia completa que estaba publicada en la sección de humor del diario, denominada Strambotic. Además, fue retirada de la página web el 11 de noviembre de 2017, dos días después de la publicación, siendo sustituida por la imagen del exterior de un avión (documento 2 de la demanda). Alegando, en lo que se refiere a la supuesta infracción de los derechos invocados, que no concurrían los presupuestos para ello:
1.- En la noticia no se relaciona a los demandantes con los hechos relatados en la misma, y además consideraba que no podían afectar a su reputación y buen nombre.
2.- Al haber acontecido los hechos en un lugar público, no se había producido divulgación de ningún hecho relativo a la vida privada de los actores que estos hubieran intentado preservar del conocimiento de los demás.
3.- No se trata de la captación, reproducción o publicación de la imagen de los demandantes en lugares o momentos de su vida privada, teniendo en cuenta que son los propios demandantes los que publican periódicamente fotografías de todos sus viajes en su blog de internet, por lo que son ellos los que han desvelado este extremo de su vida privada, haciéndolo del conocimiento público. La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 4 de 11
4.- Tampoco se efectúan imputaciones de hechos o manifestaciones de juicios de valor o expresiones que, de cualquier modo lesionen la dignidad de los codemandantes, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Discutiendo finalmente el importe de la indemnización reclamada, al entender que no se correspondía con las circunstancias concurrentes.

SEGUNDO.- En el presente caso se plantea la cuestión, tantas veces debatida, de la colisión entre dos derechos fundamentales, el derecho al honor, intimidad personal y propia imagen de los demandantes (artículo 18 de la Constitución), y el derecho a la libertad de expresión, así como a transmitir información veraz de los codemandados (artículo 20.1.d). Por lo que deben examinarse los presupuestos para el ejercicio de uno y otro derecho con el fin de determinar si la utilización de una fotografía extraída del blog de viajes de los demandantes había supuesto una intromisión ilegítima en los citados derechos.
A.- En primer lugar y por lo que se refiere a los DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONALIDAD AL HONOR, INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN, se encuentran garantizados en el número 1 del artículo 18 de la Constitución, y aunque tienen como base o soporte común el principio de la dignidad de la persona proclamado en el artículo 10 del mismo texto legal, son distintos, no pudiendo intercambiarse ni confundirse, pues cada uno da protección a un concreto y específico bien jurídico (Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1989, 17 de diciembre de 1997, 13 de julio de 2006). Lo que no obsta a que una misma conducta pueda lesionar al mismo tiempo dos o los tres derechos referidos.
El citado precepto de la Constitución fue desarrollado por la Ley número 62/78 de 26 de diciembre de 1978 y la Ley Orgánica número 1/1982 de 5 de mayo de 1982, en cuyo artículo 7º se describen las intromisiones ilegítimas en los derechos fundamentales al honor a la intimidad y a la propia imagen, considerando como tales en su número 7, “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” (redacción del precepto por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, Disposición final cuarta).
– Por lo que se refiere concretamente al derecho al honor, las lesiones al mismo, concebido como la dignidad personal considerada por la propia persona y por los terceros, no se define como la revelación de circunstancias íntimas, sino como un ataque a la buena reputación de la persona, que se emite faltando a la verdad y de manera objetivamente afrentosa (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1988, 11 de octubre de 1989). En suma, viene configurado como un derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo –inminencia o aspecto interno de tal derecho- o ante los demás –trascendencia o aspecto social del mismo- y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de alguna expresión o cualificación atribuida a una persona que inexcusablemente lo haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional en que se desenvuelva (Tribunal Supremo, Sala 1ª: 1 de julio de 1992, 31 de julio de 1992, 23 de marzo de 1993, 21 de julio de 1993, 25 de noviembre de 1995, 29 de junio de 2004).
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 5 de 11
– Por su parte, el derecho fundamental a la intimidad tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art. 10.1 CE), frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean éstos poderes públicos o simples particulares. De suerte que el derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no sólo personal sino también familiar (SSTC 231/1988 de 2 de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre, 83/2002, de 22 de abril), frente a la divulgación del mismo por terceros y una publicidad no querida.
– Finalmente, la doctrina constitucional y la jurisprudencia han caracterizado el derecho a la propia imagen como «un derecho de la personalidad, con un contenido propio, específico y diferenciado de los demás, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- perseguida por quien la capta o difunde» (SSTC 81/2001 y 83/2002, 14/2003 y 117/2003). Precisando aun más sus contornos, el Tribunal Constitucional ha declarado que «se trata de un derecho constitucional autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a reproducciones de la imagen que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima, pretendiendo la salvaguarda de un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás. Por ello, atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual» (SSTC 231/88, 99/94, 81/2001 y 83/2002 ). El contenido del derecho a la propia imagen posee, por lo tanto, una vertiente positiva, que se resume en la facultad de la persona de reproducir su propia imagen, y un aspecto negativo, que se traduce en la facultad de prohibir a terceros obtener, reproducir y divulgar la imagen de la persona sin su consentimiento (Sentencia de 24 de julio de 2008 que recoge abundantes citas jurisprudenciales). En suma, como precisa el Tribunal Supremo en las Sentencias de 26 de febrero de 2009, citando la dictada el 22 de julio de 2008, haciéndose eco de la doctrina jurisprudencial, el derecho a la propia imagen tiene los siguientes caracteres:
a) representación gráfica de la figura humana reconocible; b) ser un derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas;
y c) atribuir a la persona la facultad de determinar la información gráfica que va a tener dimensión publicitaria.
B.- En todo caso, los citados derechos no son absolutos, sino limitados por los también fundamentales a opinar e informar libremente. Derechos reconocidos en la letras a y d del número 1 del artículo 20 de la Constitución, en cuanto “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción…, d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión….
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 6 de 11 A estos efectos, se entiende que tanto LA LIBRE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN, COMO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN tienen una dimensión especial en nuestro Ordenamiento en razón de su doble carácter de libertad individual y de garantía de la posibilidad de existencia de la opinión pública, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático (Sentencias del Tribunal Constitucional 104/1986, de 17 de julio y 78/1995, de 22 de mayo, entre otras muchas). Se trata de dos libertades diferentes, con un ámbito material diferenciado, mientras la libertad de información se caracteriza por la narración de hechos o noticias, la de expresión lo hace por la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos. Por ello, su tratamiento en el juicio de ponderación es muy distinto, al gozar la libertad de expresión de un campo de acción más amplio que el derecho a la libertad de información (Sentencias de 21, 22 y 23 de julio y 25 de septiembre de 2008, 16 de junio de 2009 entre las más recientes), habida cuenta que los hechos objeto de ésta son susceptibles de prueba, o al menos de contraste con datos objetivos. Esa diferencia de tratamiento se traduce en que, mientras el ámbito constitucionalmente protegido correspondiente a la libertad de información comprende tan sólo la información veraz, sobre hechos noticiosos de interés general o relevancia pública y expuesta de forma no injuriosa (Sentencia de 6 de mayo de 2009 entre otras muchas), la libertad de expresión, que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar, (Sentencia de 16 de octubre de 2008, 5 de noviembre de 2015), tiene en general unos límites más abiertos que aquella, cediendo su protección tan sólo ante el insulto, la insidia, o, en fin, la utilización de palabras o expresiones injuriantes o vejatorias, innecesarias para expresar esa idea crítica (SSTC números 165/1997; 20/1990; 105/1990; 172/1990; 214/1991; 85/1992; 20/1993; 336/1993; 42/1995; 76/1995; 78/1995; 173/1995; 176/1995; 204/1997; 180/1999; 192/1999; 112/2000; 297/2000; 42/2001; STC 9/2007 y STC 77/2009).

TERCERO.- En el presente caso los hechos objeto de enjuiciamiento únicamente tendrían cobertura a través de la protección del DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIA IMAGEN.
En primer lugar, como expone la demandada, no se puede considerar lesionado el derecho al honor, al no efectuarse imputaciones de hechos o manifestaciones de juicios de valor o expresiones que, de cualquier modo pudieran lesionar la dignidad de los codemandantes, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Tampoco puede considerarse infringido el derecho a la intimidad de los demandantes, al no haberse divulgado hechos relativo a su vida privada que estos hubieran intentado preservar del conocimiento de los demás. Apreciando finalmente que si bien es cierto que no se trata de la captación, reproducción o publicación de la imagen de los demandantes en lugares o momentos de su vida privada, la circunstancia de ser los propios demandantes los que vienen publicando periódicamente fotografías de todos sus viajes en su blog de internet, no impide que resulte lesionado el derecho a su propia imagen, como viene reconociendo la jurisprudencia.

En este sentido, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 15 de febrero de 2017 ha considerado que el hecho de que “en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya subido una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 7 de 11 natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en internet”. Precisando que la finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con tercero y la posibilidad de que estos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”.

Añade a su vez que “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona. Aunque este precepto legal, en la interpretación dada por la jurisprudencia, no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas. Añade que la Sala ha declarado en reiteradas ocasiones (sentencias 1225/2003, de 24 nos llegó el desmentido del Ayuntamiento de Madrid de diciembre, 1024/2004, de 18 de octubre, 1184/2008, de 3 de diciembre, 311/2010, de 2 de junio) que el consentimiento dado para publicar una imagen con una finalidad determinada (en ese caso, como imagen del perfil de Facebook) no legitima su publicación con otra finalidad distinta (en ese caso, ilustrar gráficamente el reportaje sobre el suceso violento en que se vio envuelto el demandante). En la sentencia 746/2016, de 21 de diciembre, afirmamos que aunque hubiera sido cierto que la fotografía publicada por el medio de información hubiera sido «subida» a Facebook por la persona que en ella aparece, «[-] esto no equivaldría a un consentimiento que [-] tiene que ser expreso y, además, revocable en cualquier momento».

El consentimiento a la captación, reproducción o publicación de la imagen no puede ser general, sino que ha de referirse a cada acto concreto, como se desprende de los arts. 2.2 y 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982, lo que deriva del carácter irrenunciable que tiene este derecho, como prevé el art. 1.3 de dicha Ley Orgánica y es propio de su carácter de derecho fundamental. El control de la propia imagen que supone el derecho fundamental reconocido en el art. 18.1 de la Constitución determina que, cuando no se trata de un personaje con proyección pública, el consentimiento expreso en un determinado uso público de dicha imagen por parte de su titular no legitime cualquier otro uso público de tal imagen por parte de un tercero para el que no se haya dado ese consentimiento expreso.

En suma, considera que el titular de una cuenta en una red social en Internet, o como ocurre en este caso un blog, permita el libre acceso a la misma, y, de este modo, que cualquier internauta pueda ver las fotografías que se incluyen en esa cuenta, no constituye, a efectos del art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, un «acto propio» del titular del derecho a la propia imagen que excluya del ámbito protegido por tal derecho la publicación de la fotografía en un medio de comunicación. Tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 8 de 11 excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen. De acuerdo con lo expuesto, la publicación en el periódico digital de la demandada de una fotografía de los demandantes, acompañando a la información sobre un hecho noticioso del cual eran completamente ajenos, además de no haber recabado el consentimiento expreso del afectado para realizar tal publicación, no puede considerarse autorizada y constituye por tanto una intromisión en tal derecho fundamental que no está justificada del modo previsto en el art. 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982. Apreciando que resultan irrelevantes a estos efectos los extremos indicados por la demandada, al exponer que refiriéndose la noticia a un matrimonio de nacionalidad iraní, los rasgos físicos de los actores no se podían corresponder con los protagonistas de la noticia. Por lo que consideraba que cualquier lector medianamente informado podía deducir que las personas fotografiadas no eran las protagonistas de la noticia. Reiterando que precisamente la ajenidad de los actores con la noticia publicada impediría justificar su actuación en la libertad de información de la demandada. Señalar a su vez que tampoco puede deducirse la existencia de consentimiento o actos propios, para publicar su fotografía, del contenido requerimiento efectuado el 15 de noviembre de 2017 (documento 4 de la demanda). Destacando a estos efectos que la intención de los demandantes desde el primer momento era que se procediera a la rectificación de la noticia, al aparecer vinculados con un suceso del cual eran completamente ajenos. Por lo que solicitaba la retirada de la fotografía objeto de controversia y su sustitución por otra con la marca de agua de los demandantes. Interesando a su vez que se pidieran disculpas y se pusiera de manifiesto que la fotografía había sido obtenida ilegalmente. Poniendo de relieve con ello que su propósito era evitar precisamente que pudiera confundirse con los protagonistas de la noticia publicada.

Por todo lo expuesto debe reconocerse la invocada lesión del derecho a la propia imagen de los demandantes. Debiendo precisarse que, si bien en el suplico de la demanda únicamente hacen referencia al derecho al honor, extremo puesto de manifiesto por la contraparte en la audiencia previa al fijar los hechos controvertidos, para alegar que, en caso de estimarse la lesión del derecho a la propia imagen de los actores se estaría infringiendo el principio de congruencia. Lo cierto es no puede apreciarse, teniendo en cuenta que en la argumentación jurídica de la demanda se aprecia que se formulaba reclamación al amparo en la supuesta infracción de alguno de los tres derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución, aunque en el suplico se mencionara únicamente al primero de ellos.
En este sentido debe valorarse que la congruencia de las sentencias se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, no concediéndoles más de lo pedido por la demanda, ni menos de lo admitido por el demandado, ni otorgando cosa distinta de lo pretendido. Destacando que sólo se producirá incongruencia con relevancia constitucional cuando las resoluciones judiciales alteren de modo decisivo los términos en los que se desarrolla la contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio y pronunciándose un fallo o parte dispositiva no adecuado o no ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes (SSTC 10, 109/1985, 1/1987 y 165/1987). Circunstancias que, como se viene indicando, no concurren en el presente caso, al invocarse la infracción de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 9 de 11 18 de la Constitución, incluyendo, por lo tanto, el derecho a la propia imagen de los demandantes.

CUARTO.- Por lo que se refiere a la valoración del quantum indemnizatorio correspondiente a la lesión de los derechos fundamentales del demandante, ha de acomodarse a los parámetros del núm. 3 del art. 9 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, en cuanto establece que la existencia del perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. Añadiendo el citado precepto que la indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a:

a) Las circunstancias del caso.
b) La gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo cual deberá tenerse en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.
c) Añadiendo que también se valorará el beneficio obtenido por el causante de la lesión a consecuencia de la publicación de la noticia.
En suma, el artículo 9 señala las pautas que han de ser tenidas en cuenta para la valoración del daño moral, que se presume originado siempre por la intromisión ilegítima, con el fin de evitar en lo posible una cuantificación subjetiva, no dependiente del grado en que la propia víctima se siente ofendida (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de enero, 19 de abril, 25 de noviembre de 2002). Sin perjuicio de ello, la determinación del montante de la indemnización está presidido por un notable casuismo en la jurisprudencia, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, lo que dificulta el establecimiento de criterios orientados.
a) Examinando los distintos presupuestos, en lo que se refiere a las circunstancias del caso, debe señalarse en primer lugar que se considera excesiva la cantidad de 25.000 euros reclamada por los demandantes.
Aunque no puede discutirse que carecía de toda justificación la utilización de una fotografía extraída del blog de viajes de los demandantes para ilustrar una noticia que ninguna relación tenía con ellos, y que, a pesar de lo expuesto por la demandada, podía hacer incurrir en error a los usuarios del mismo, lo cierto es que se procedió a su retirada inmediata al recibir el requerimiento de los actores.
En este sentido, aunque es objeto de discusión el periodo de tiempo durante el que se mantuvo la fotografía de los demandantes, durante una semana o dos días, como sostiene la demandada. Debe estimarse es que, como máximo, estuvo desde el 9 de noviembre de 2017, hasta la recepción el 17 del mismo mes del requerimiento por parte del demandante. No discutiéndose que, al menos en lo relativo a este extremo, fue inmediatamente atendido.
b) En segundo lugar y por lo que se refiere a la gravedad de la lesión efectivamente producida, teniendo en cuenta la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido, debe señalarse que no consta que los hechos expuestos hubieran tenido especial relevancia o eco en otros medios de comunicación o redes sociales.
De este modo, la actora se refiere en su demanda a la audiencia del Diario público, al mantener que se trata de un periódico digital de ámbito nacional, cuya página web mantiene una audiencia de 4’1 millones de lectores al mes (usuarios únicos multiplataforma en comScore, abril 2016) y 7’5 millones de lectores al mes (usuarios únicos en OJD, abril 2016). Superando el millón de seguidores en Facebook y 700.000 en twitter.
Sin embargo, debe estarse en este extremo al certificado aportado por la demandada con la difusión de la noticia (documento 2 de la contestación), del cual resulta que se realizaron 9.177 visitas totales y 8.736 visitas únicas. Lo que suponía únicamente el La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889278606629680409213 Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid – Procedimiento Ordinario 835/2018 10 de 11 0’23% del total de visitas recibidas por las páginas del diario público, de casi 4 millones.
c) Por último y en lo que se refiere al beneficio obtenido por el causante de la lesión, ninguna prueba ha sido aportada o interesada en relación con este extremo, al limitarse el demandante a referirse a la audiencia de la demandada. No siendo suficiente, por lo tanto, para fijar una indemnización como la pretendida.
Todas las circunstancias expuestas, deben ser valoradas para fijar el quantum indemnizatorio, apreciando que si bien la indemnización no puede fijarse de forma simbólica, porque se incentivaría la continuidad de este tipo de actuaciones, debe estarse a las circunstancias del caso. Por todo ello, se estima como cantidad adecuada la de tres mil euros (3.000 euros), cantidad que devengará el interés legal correspondiente a partir de la presente resolución.

QUINTO.- Por lo que se refiere a la petición de condena a la publicación de la sentencia, señalar que el artículo 9.2 de la LO 1/1982 de 5 de mayo, contempla la difusión de la sentencia entre las medidas para la tutela judicial por la intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad. Medida que procede acordar en este caso en los términos solicitados en la demanda, no para poner fin a la intromisión ilegítima, sino para que el efecto de esa publicidad impida que ese tipo de intromisiones ilegítimas vuelvan a producirse, o, al menos, que se haga más difícil alegar el desconocimiento de su ilicitud.

SEXTO.- Al estimarse parcialmente la demanda, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad (artículo 394 de la LEC). En este sentido se ha pronunciado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 4 de junio de 2004, al señalar que en ningún caso puede considerarse como estimación total de la demanda, a los efectos de imposición de costas, el acogimiento de la acción de declaración de intromisión ilegítima cuando lo que se pretende con esta declaración, amén de otras condenas colaterales, es la obtención de una sustanciosa indemnización que se ve enormemente rebajada, como ha ocurrido en este caso.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás en general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando en parte la demanda interpuesta por D. Daniel Baranda González y Dª Cristina Gaite González, contra Display Connectors S.L., debo declarar que la conducta descrita en la demanda es constitutiva de una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de los demandantes.
Como consecuencia del citado pronunciamiento se condena a la demandada:
a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones
b) A indemnizar a los demandantes en la cantidad de tres mil euros (3.000 €)
c) A que sea publicada, a su costa, la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante anuncios en su diario de igual forma que fue publicada la noticia.

No procede hacer expresa imposición de las costas causadas.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante este Juzgado para ante laIlma Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de veinte días a partir del siguiente a la notificación.
En el caso de formularse recurso por cualquiera de las partes, en el mismo plazo legalpara su interposición, deberá constituir depósito en la cuenta de consignaciones de este Juzgado por el importe de 50 euros.
Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrada audiencia pública, -doy fe.-