Los pueblos casi siempre avanzan más rápido que sus gobernantes  a los que acaban obligando a adaptarse a una realidad que no puede ser negada.

El debate que se ha abierto con motivo del anuncio de abdicación del Rey Juan Carlos es un ejemplo de esa confrontación, entre un pueblo que avanza, y unos dirigentes que tratan de mantener el orden anterior, un modelo basado en la dirección de las cúpulas de los asuntos públicos, un modelo que ya no responde a las demandas de las mayorías sociales.

Unas cúpulas que,  igual que pensaron que se podía ser eternamente católico no practicantes sin que eso implicara el abandono de la moral cristiana como informante de la vida privada,   están cómodos en una sociedad de demócratas no practicantes, en la que los procesos de consulta al soberano se convierte en un ritual que no obliga a los participantes del mismo a cumplir con los valores que informan la democracia.

Este es uno de los ejes por los que se está quebrando el régimen del 78. Esta es la impugnación que inauguró el 15M, una sociedad que reclama más y mejor democracia, una sociedad que quiere que la democracia sea el valor central que informe sus vidas cotidianas, una democracia en la que la gente sea protagonista de su presente y dueña de su futuro. Y esta es también la reclamación de quienes exigen referéndum ya. Porque ¿de qué sirve el ritual electoral, si los representantes del pueblo resultantes del mismo no defienden los intereses de quien les votaron?.

Sin duda, el concepto de democracia y la traducción del mismo a la práctica cotidiana de la política es uno de los epicentros de la crisis política que hoy vivimos.

Frente a los que se empeñan en hacer del debate sobre la abdicación  un debate de procedimiento, de lo que se puede y no se puede hacer, se sitúa  una sociedad  que no alcanza a entender cómo se puede ser demócrata y no querer que la ciudadanía sea consultada sobre decisiones tan trascendentales para su futuro como la Jefatura del Estado.

No faltan quienes se empeñan en decir que ahora no toca, ante la mirada atónita de una sociedad a la que le resulta evidente que no hay mejor momento en el que preguntar al pueblo soberano en qué modelo de Estado quiere vivir, que ahora, cuando el ocupante actual  de la Jefatura de Estado ha anunciado su retirada.

Cuando se convoque el referéndum consultivo, perfectamente viable en aplicación del artículo 92.2 de la Constitución Española, sin duda  yo haré campaña por el modelo de estado más democrático; el modelo republicano, en que no sólo  se hace efectiva la igualdad de toda la población ante la ley, eliminando la extraña circunstancia por la que una familia tiene privilegios garantizados por encima del resto de familias del país, sino que además se fomenta una profunda cultura democrática a las vidas cotidianas de la gente, que nos obligue a implicarnos en los asuntos públicos, abandonando esa actitud de idiotas en la que permitimos que una minoría decida sobre el futuro de todos y todas.

Pero de eso hablaremos el día que se convoque un referéndum que someta a consulta  si queremos ser súbditos de un monarca o ciudadanos de una república, mientras no se convoque,  el debate es otro y las posiciones están claras.

De un lado se sitúan quienes queremos ser una sociedad profundamente demócrata, que incorpore a la cotidianidad de sus gentes el debate ciudadano, la participación en los asuntos públicos y la capacidad de decisión colectiva sobre el futuro del país.

Del otro lado se quedarán quienes parecen estar cómodos en una sociedad de demócratas no practicantes, que limitan el ejercicio de consulta popular a un ritual de votación, procedimiento democrático, pero que no obliga a los elegidos con el compromiso que implica una democracia plena: estar al servicio del pueblo.

¿De qué lado quieres estar?