Estoy en una zona costera contemplando, una vez más, los abusos urbanísticos. A pocos metros de la playa, el paisaje de cemento y hormigón es aún más desolador, porque la crisis ha detenido la actividad de las grúas y las urbanizaciones se han quedado a medio edificar, transformadas en un amasijo de vigas, andamios y ladrillos derruidos. Lamento echar tierra sobre mi tejado, pero los abusos urbanísticos en España son tal y como los pinta el Parlamento europeo en un informe devastador que PSOE y PP consideran inaceptable. Los partidos se
autoexculpan, porque allá donde gobiernan han ido dejando huellas de un modelo de desarrollo insostenible que, en tiempos de bonanza, edificó en pleno cauce de un río o robando arena a la playa.

Existe documentación sobre cada caso, pero el más lamentable es el de la empresa que ha estado a punto de construir un "complejo de viviendas" en el suelo contaminado por las bombas nucleares caídas sobre Palomares en 1966. Grupos ecologistas dieron la voz de alarma y lograron que se analizase la zona. Los medidores de radiación demostraron que había rastros de americio, elemento que se produce tras la desintegración del plutonio, el mayor biotóxico creado artificialmente.
La Junta de Andalucía ha suspendido el plan y ha decretado la expropiación forzosa, pero la empresa alega que tiene todos los permisos en regla y reclama una fortuna. Así que, gracias a los trapicheos de ciertos políticos desa-
prensivos, los promotores se llevarán su botín sin que nadie se lo impida. Es sólo un ejemplo del urbanismo depredador denunciado por el Parlamento europeo.