En medio de la peor pandemia médica, social y económica que ha sufrido la Unión Europea en su historia, con todos los gobiernos anunciando líneas de préstamos y rescates millonarios a las grandes empresas, el Gobierno de Dinamarca lanzó una bomba: "Las empresas que, de acuerdo con las directrices de la UE, operen en paraísos fiscales, no podrán recibir compensaciones económicas, en la medida en que sea posible cortarlas según la legislación de la UE y cualquier otra obligación internacional". No dar ayudas a empresas que evaden impuestos: una de las reivindicaciones históricas del movimiento por una justicia fiscal parecía por fin tomar forma.

Para que seamos conscientes del problema recaudatorio al que nos estamos enfrentando, el Comité Europeo de las Regiones (el organismo consultivo que representa a los entes regionales y locales de la UE) estima que los presupuestos nacionales pierden entre 160.000 y 190.000 millones de euros por culpa de la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas. La Comisión Europea eleva esta cifra  hasta el billón de euros. Y es que uno de los múltiples problemas de este entramado de economía en la sombra es precisamente ese: que su funcionamiento es tan interesadamente opaco y el dinero está tan oculto que ni siquiera sabemos cuánto exactamente guardan multinacionales y multimillonarios en estas cloacas fiscales para esquivar al fisco.

Al anuncio del Ministerio de Finanzas danés de no dar ayudas públicas a empresas con sede en guaridas fiscales se sumaron pronto otros Estados Miembro como Polonia o Francia. Aquí en España la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que las empresas que tengan su domicilio social en un paraíso fiscal no podrán acogerse a las ayudas publicas de los ERTEs. ¿Todo bien, no? Pues no tanto, lamentablemente. Porque, como están señalando diferentes organizaciones de la sociedad civil, estos anuncios, aunque son pasos en la buena dirección que ayudan a poner encima de la mesa el gran problema de la evasión y de la elusión fiscal de las grandes multinacionales, son sin embargo insuficientes y en muchas ocasiones esconden trampas.

Excluir de ayudas públicas a empresas por tener su sede en paraísos fiscales es una fórmula tan escasa como ineficiente, que tiene más de propaganda que de utilidad práctica. Porque la mayoría de las multinacionales no tienen ni necesitan tener su sede en guaridas fiscales, sino que lo hacen a través de filiales o de complejos societarios. Que para algo los bancos, consultoras y gestorías del ramo cobran a precio de oro su fina ingeniería fiscal. Pero pongamos un ejemplo para visualizar mejor la trampa. Las empresas del IBEX35 cuentan con 858 filiales en "paraísos" fiscales. En esa lista destacan el Banco Santander (207), ACS (109), Repsol (81), Ferrovial (62) y Arcelor Mittal (63). Pero ninguna de las empresas tiene su sede en estos lugares offshore. O sea que, con el decreto del Gobierno en la mano, todas podrían acceder a las ayudas de los ERTEs.

Para que una medida así sea efectiva y no solo efectista, resulta fundamental que no solo queden excluidas las empresas con sede en guaridas fiscales sino también las que cuenten con filiales en las mismas o empleen fórmulas jurídicas societarias y fiscales cuyo objetivo real sea favorecer la elusión y el dumping fiscal.

Pero hay otro problema añadido. Todos los gobiernos europeos que están anunciando este tipo de medidas se remiten a los criterios de la UE para definir qué es un paraíso fiscal. Sin embargo, la actual lista de paraísos fiscales de la UE está incompleta y es absolutamente insuficiente, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones desde el Parlamento Europeo y continuamente nos recuerdan las organizaciones sociales que luchan por la justicia fiscal.

La actual lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal, como se llama oficialmente esa pretendida lista negra, es el primer repertorio que existe de paraísos fiscales común para la UE, que vino a sustituir las listas nacionales que ya tenían algunos Estados, homogeneizando los criterios que determinan qué países pueden figurar en ella. Pero esta supuesta lista negra nació herida de muerte al no incluir a ninguna de las guaridas fiscales existentes en la propia UE. Y eso a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 incluir a Estados Miembro como Luxemburgo, Irlanda, Malta o Países Bajos.

Sin embargo, en la última actualización de febrero de este mismo año la lista sigue sin incluir a ninguno de ellos, a pesar de que, como denuncia Oxfam,  estos países europeos son los lugares preferidos por las multinacionales para eludir o evadir impuestos como el de sociedades. En España, sin ir más lejos, el 80% del dinero eludido del impuesto de sociedades se desvía a Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, no a las islas paradisíacas que solemos relacionar con estos estercoleros fiscales . Por si fuera poco, además de a estas reconocidas guaridas fiscales europeas, la pretendida lista negra de la UE también deja fuera a las principales guaridas fiscales internacionales: solo aparece una de las 15 más utilizadas por las multinacionales según un estudio reciente de Tax Justice Network.

Así pues, por ahora esa lista negra de la UE ha servido más como lista para blanquear paraísos fiscales que como un instrumento para combatirlos. Es urgente tomar partido para cambiar esta situación. Un primer paso debería ser revisar y modificar los criterios que determinan qué países aparecen en esa lista, para lo cual podría ser útil utilizar los propuestos por el propio Parlamento Europeo (PE). En su defecto los propios países interesados podrían modificar o crear sus propias listas negras de guaridas fiscales, según los criterios del PE o de organizaciones como Oxfan, como una forma también de presionar para que se modifique la propia lista negra de la UE.  En segundo lugar, se debería verificar que no solo las matrices que todos conocemos, sino que ninguna de las filiales y piezas de los entramados societarios de esas empresas operan en los lugares incluidos en esa lista verdaderamente negra.

De esta forma tendríamos un primer repertorio real de paraísos fiscales común para toda la UE a partir del cual se podría sancionar y aislar económicamente a quienes fomenten y/o se beneficien de este entramado. Solo un mapa real de cloacas fiscales nos permitirá seguir el rastro del dinero y descubrir quiénes tienen las manos manchadas de dinero negro. De esta forma nos aseguraríamos de que cualquier anuncio de medida que apunta en la buena dirección no termine siendo el enésimo ejercicio efectista estéril además de un peligroso lavado de cara para quienes siempre se lo llevan crudo, sino una herramienta útil para combatir la evasión y la elusión fiscal que carcomen nuestra democracia y desangran los servicios públicos.