"España es un Estado de derecho y debe ser el sistema legal el que dictamine lo que se puede hacer o lo que no" -Diego Sánchez, Presidente del PP de Maresme-

Hasta ahora me había resistido a creerlo. No puede ser, me decía, es todo una paranoia de la derecha política y mediática, que ve fantasmas por todas partes. Como digo, hasta ahora me resistía a creer que existiera una conspiración para romper España, pero hoy empiezo a dudar.

Y es que todo el despropósito que rodea a la consulta popular de Arenys de Munt sólo puede explicarse por la existencia de un complot que busque alimentar el independentismo y desprestigiar el Estado; un complot en el que participan el gobierno central y los jueces, ambos disimulando. Hasta el último momento he pensado que era sólo torpeza, pero han llegado a un punto en que no cabe tanto disparate. Sólo una conjura retorcida puede explicar la sucesión de acontecimientos.

Que una consulta ciudadana en un pueblo catalán, que por sí misma no habría tenido demasiada trascendencia, ponga en marcha toda la maquinaria estatal y judicial para impedirla. Que encarguen el trabajito a un abogado ex falangista. Que el mismo día en que la juez confirma la prohibición, otro juzgado autorice una manifestación precisamente de Falange en el pueblo. No puede ser torpeza, ya digo, sólo una conspiración de agentes independentistas infiltrados en el Estado y en la Justicia puede conseguir algo así.

Para redondear la lamentable imagen, todo ello coincide con el día en que Garzón es sentado en el banquillo por un grupo ultraderechista tras intentar investigar los crímenes del franquismo. Ya sé que caben explicaciones jurídicas, todas las que quieran. Pero la foto resultante es bastante fea, y lanza un mensaje para quien quiera entender. Mensaje recibido, han dicho muchos ciudadanos.