"Con un 22% de desempleo podemos pedir a los profesores, que tienen el puesto garantizado de por vida, que cumplan su horario." -Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo de Madrid-

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Ya advertimos en la reciente campaña electoral que los alumnos, profesores y padres del sistema público educativo madrileño podíamos echarnos a temblar desde el momento en que Esperanza Aguirre amenazaba con convertir la educación en el principal objetivo de su nuevo mandato. En los mítines insistió en que sus tres prioridades serían "Educación, educación y educación", y muchos madrileños nos temimos que aplicase a los centros de enseñanza el mismo tratamiento que ya había aplicado a los centros médicos en la anterior legislatura, cuando la prioridad era "sanidad, sanidad y sanidad".

Tal es su prioridad que no ha tardado ni dos meses en dar los primeros pasos, en pleno mes de julio, cuando causalmente los centros están cerrados y la comunidad educativa fuera de juego. Como calentamiento previo, ha metido tijera al profesorado de secundaria: menos docentes en los centros (con un recorte medio del 12% por instituto, dejando fuera a más de 2.500), más horas lectivas por profesor, y supresión de las tutorías.

El efecto es previsible: un inmediato deterioro de la calidad de la enseñanza, pero también de la convivencia, con profesores más cargados, que tendrán que quitar tiempo y dedicación de la preparación de clases, de los apoyos y refuerzos, y de los aspectos que no son puramente lectivos (pues en un instituto no todo es impartir asignatura); y peor funcionamiento de las clases, al desaparecer la tutoría, fundamental en alumnos de esas edades.

En la línea ya conocida del gobierno madrileño, la consejera Lucía Figar ha insinuado que los profesores son unos privilegiados, con trabajo fijo en tiempos de tanto paro, de modo que según ella "no es mucho pedir" que aumenten las horas de clase. Le ha faltado añadir que tienen demasiadas vacaciones; supongo que se lo reserva para otra ocasión.

Siguiendo la fórmula aplicada a la sanidad, el objetivo es claro: deteriorar un sistema educativo ya sometido a suficientes tensiones, para acelerar el trasvase a los centros concertados. Lo dicho: educación, educación y educación.