Mientras arrecia la crisis y todo el mundo se siente autorizado para disparar contra el Gobierno por la dureza de los ajustes consiguientes, Gürtel y sus aledaños pasan de rositas sin ni siquiera macular a una generación de políticos conservadores inmersos hasta las cejas en el peor escándalo de corrupción de la democracia. Y sin embargo, la pregunta obvia es cuántas rebajas y congelaciones de salarios, cuántos despidos en el sector privado, cuántos sacrificios de todo tipo se podrían haber evitado si algunos tipos no hubieran robado tanto. Atentos a las cifras. Olvidémonos por un momento de los eurillos que se ahorró Francisco Camps en el asunto de los trajes. Lo que ocurre es que el problema con él no son los regalos que recibió, sino los 30 millones de euros (¡treinta millones!) que la trama corrupta se embolsó gracias a los contratos propiciados con la Generalitat Valenciana. Y luego está el asunto de Carlos Fabra. Parece ser que entre 1999 y 2004 él y su familia ingresaron 8 millones de euros, de los cuales 3,6 son ganancias patrimoniales sin justificar. Eso dice al menos el informe de Hacienda que desvelaba el otro día la delegación valenciana del periódico El País.

  Demagogias las justas, pero el señor Fabra (que se recupera ahora de un trasplante de hígado y esperemos que le vaya todo bien en materia de salud) es un ejemplo entre tantos de cómo los mismos que ahora se rasgan las vestiduras por los ajustes del Gobierno español han llevado a cabo en estos años una sistemática rapiña del sector público. ¿No hay crisis que afecte a estos señores? Pues que alguien me lo explique.