Opinion · Un paso al frente

¿Es esto la justicia militar?

Cuando todavía no me había recuperado de la emisión del programa Salvados el pasado domingo, llegó la lamentable respuesta del ministro de Defensa Pedro Morenés a los diputados de UPyD, Irene Lozano, e IU, Gaspar Llamazares, y pensé que ya nada podía empeorar la situación, me equivocaba. No fue que cayese en el detalle de la inexistencia de opinión del PSOE sobre este asunto lo que terminó por sumirme en la indignación, ya que los militares estamos muy acostumbrados a la connivencia entre los dos grandes partidos, sino leer las palabras en Twitter del coronel Miguel P. Palacios en el que avisaba al marido de Zaida que “bastante desgracia tienes de estar con esa mujer, y ándate con ojo que el que hace un cesto hace ciento”. Estas palabras demuestran algo de lo que hasta hace bien poco solo los militares éramos conscientes: la vileza, la arrogancia y la impunidad de muchos oficiales del Ejército (todavía ningún oficial ha salido en defensa de Zaida, muchos de ellos compañeros suyos). En estos momentos tengo sensaciones encontradas, en parte, por sentir la vergüenza del maltratado, que acostumbrado a que le abofeteen en la intimidad del hogar, de repente es golpeado en mitad de una plaza. Por primera vez en años, todos pueden ver esas bofetadas que hasta hace poco quedaban sepultadas por la ley del silencio (desde aquí, le mando todo mi apoyo tanto a Zaida como a su marido y le digo alto y claro a este coronel que me avergüenzo profundamente de sus infames palabras, de las que no me cabe duda que pasarán a la historia como el retrato de toda una cúpula militar, que avanzado el siglo XXI siguen viviendo anclados en el siglo pasado).

Con respecto a la emisión del programa del pasado domingo, hay dos aspectos que creo que han pasado bastante desapercibidos pero que son bastante esclarecedores, en mi opinión, de lo que acontece en el mundo castrense. El primero, lo podemos encontrar cuando el actual marido de la Comandante Zaida afirmó que la situación solo se hubiera podido arreglar si algún mando hubiese cogido de la pechera al entonces teniente coronel Lezcano-Mújica. Este comentario demuestra tanto la desesperación que tuvieron que vivir ambos como la costumbre que existe en las Fuerzas Armadas de resolver los problemas cara a cara, lo que se debe en gran medida a que no existe una verdadera justicia militar. Creo que esta mentalidad debe cambiar, supongo que impulsada por la regeneración de la propia justicia militar, pues en muchas ocasiones este tipo de soluciones lo único que generan es que no exista ningún tipo de cuantificación de determinadas conductas y lo que es un problema termina por ser catalogado como una simple incidencia o anécdota, por no hablar de la coartada perfecta que otorga a los políticos de turno la ausencia de un registro de según qué tipo de incidencias o problemas. Los delitos, siempre desde mi punto de vista, se tienen que resolver en los juzgados, por mucho que en vista de la actuación de la justicia militar más de uno pueda estar tentado a resolver a mamporros este tipo de situaciones.

Esta costumbre tan arraigada en la mentalidad militar, la de la pechera me refiero, ha generado la implantación y legitimación de la figura del justiciero, que es aquel militar que imparte justicia con la fuerza de los galones y, a veces, de la testosterona. Es muy habitual que esto suceda con los acosadores sexuales, los ladrones, los kafarnas y todo individuo que sea considerado inadecuado en un momento dado (lo que no siempre significa que lo sea). El problema es que el justiciero no es juez y la justicia que en muchas ocasiones imparte queda muy por debajo de lo que debería ser –trasladar a un acosador sexual no deja de ser empeorar el problema al proporcionarle nuevas víctimas o hacer lo propio con un ladrón le permite a este volver a realizar sus fechorías– o muy por encima de lo que sería aconsejable –machacar psicológica y laboralmente a todo aquel que no se considera apto para ser militar puede significar provocar el suicidio de una persona, lo que sucede de forma más habitual de lo que muchos imaginan–. Todo ello se produce porque este justiciero prioriza el prestigio de las Fuerzas Armadas por encima de cualquier otra variable, aunque sus actuaciones, por lo general, lo que tienden es a desprestigiarlas aún más.

El segundo detalle del reportaje que me llama la atención es cuando la comandante Zaida afirma que hay más soldados que han sufrido el acoso sexual de este hombre y que, además, dicha situación era conocida de forma generalizada cuando ella llegó a la unidad.

La pregunta ahora es ineludible, ¿cuántas mujeres y durante cuántos años han sido acosadas por este señor? ¿Cómo puede ser posible que esto haya sucedido durante tanto tiempo? La respuesta a esta pregunta nos la da la propia Zaida y su marido, ya que ambos tuvieron la certeza de poner fin a sus carreras militares el día que denunciaron. Algo más revelador aún es que no lo hicieron de forma inmediata debido al miedo que les atenazó, por lo que podemos deducir que si dos oficiales tuvieron que tomarse un tiempo más que considerable y buscaron otras posibilidades antes de denunciar unos hechos de esta magnitud, es de suponer que un o una soldado –en muchos casos con un contrato temporal– no se atreverá a ello, lo que nos deja en la situación de sospechar que existen muchas Zaidas en las Fuerzas Armadas.

¿Por qué cuesta tanto denunciar en las Fuerzas Armadas y por qué hay tantos oficiales que sufren de amnesia? Todo se debe, según mi experiencia, al régimen de ascensos que existe en las Fuerzas Armadas, en el que la subordinación es el valor más importante ya que es el único que puede ser apreciado de forma objetiva por un jefe, que es quien al fin y al cabo evalúa. Las calificaciones anuales, las medallas, la posibilidad de realizar misiones y, prácticamente, cualquier elemento que pueda proporcionar una puntuación válida para un ascenso es otorgado por el mando superior y es a él a quien los militares se deben. Esto provoca una cadena de sumisión en el que los militares adoptan diferentes roles a lo largo del tiempo o, incluso, los adoptan de forma simultánea. Sea como sea, lo que es seguro es que este sistema asegura de forma férrea la ley del silencio del culpable, de los cómplices y de la víctima, silencio que se realimenta, día a día, fortaleciendo la impunidad y, en el actualidad, está completamente extendido. En este sentido, la mayoría de las vacantes de oficiales son otorgadas por el método de libre designación –es decir, a dedo– e, incluso, los ascensos a coronel o general son por este método tan respetable y respetado por nuestros partidos políticos tradicionales y de espíritu tan democrático, lo que no hace otra cosa que empeorar más la situación.

¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Creo que hay varias soluciones que se pueden adoptar y que pueden ayudar a que no se vuelva a dar una situación como esta o que las que se están produciendo en la actualidad se terminen. Lo primero es establecer el método de concurso-oposición para los ascensos eliminando de esta forma las calificaciones anuales, ya que existen suficientes elementos objetivos –días de misión, titulaciones, cursos de idiomas, diversos cursos, etc.- para medir los méritos de los militares sin necesidad de recurrir a estas calificaciones tan personales y subjetivas que lo único que generan es un refuerzo innecesario de la subordinación hasta retorcerla y convertirla en sumisión. En cuanto a las vacantes de libre designación deberían ser eliminadas en su totalidad ­–lo que no implica que existan vacantes para las que se requieran unos determinados perfiles– y los ascensos a coronel y general deberían ser también por concurso-oposición, método que si bien puede que no sea el mejor si que es el más justo y, en todo caso, el único capaz de romper esta cadena de sumisión y silencio.

En esta misma línea, la ausencia de libertad de expresión de los militares (más allá de la lógica reserva a temas de Seguridad Nacional) es, sin duda, un factor determinante para fomentar este tipo de conductas por lo que debe ser eliminado del sistema.

¿Qué hacemos con la justicia militar? Creo que este caso, de nuevo, desnuda por completo a la justicia militar y la deja en una posición de enorme deshonra, aunque parece que muy gozosa por cuanto no se aprecia aflicción alguna en las palabras del ministro de Defensa ni de ningún alto mando. El coronel Lezcano-Mújica fue condenado a dos años y diez meses, lo justo y necesario para no perder su condición de militar y no ser expulsado de las Fuerzas Armadas, a las que se reintegrará dentro de poco.

Repasando en internet se puede encontrar el caso de un capitán que fue condenado a diecisiete años de cárcel por abusar sexualmente de veintiocho militares, es decir, menos de un año de media por cada abuso, de los que solo cumplió tres años debido a que la máxima sanción impuesta era de un año (en caso de múltiples delitos se cumple el triple de la pena máxima) y fue reintegrado en su puesto una vez cumplida la condena. En contraposición a estas dos condenas, tenemos la pena a un año y medio de cárcel a un soldado por robar un uniforme o los cuatro meses de cárcel a un Guardia Civil por insultar a un oficial al que espetó “maricón, no tienes huevos, lo que me tienes que decir me lo dices a la cara, no mandes a nadie”. En cambio, hoy mismo hemos sido conocedores de la absolución de un capitán que denigraba a una sargento de forma pública con expresiones del tipo “deja de hacerte deditos”, “inútil” u “os tenéis que tatuar la polla…” entre otras muchas expresiones motivadoras.

La resolución de todos estos casos nos puede servir para tomar conciencia de la tómbola en la que se ha convertido la justicia militar, lo que se agudiza aún más con el último escándalo que se ha producido en la Armada y en el que la fiscalía propone siete años de cárcel a un teniente por abusar sexualmente de dos marineros, ello a pesar del intento de la Asesoría Jurídica de tapar el asunto al considerarlo un “hecho particular” que podía “resolverse de forma interna”. De los siete años propuestos al teniente a los dos años y diez meses impuestos al coronel se abre una considerable brecha, por no hablar del capitán que aunque realizó veintiocho agresiones sexuales solo cumplió tres años de cárcel (seguramente menos con el tercer grado) o la constatada diferencia de trato en los insultos entre militares (cuatro meses de condena si es de subordinado a jefe y absolución si los insultos se producen a la inversa).

¿Cuáles son las variables por las que se rige la justicia militar? ¿El rango? ¿La homosexualidad? ¿El género? ¿El resultado del último partido de liga? ¿Los consejos de alguna pitonisa? ¿Lo que susurra al oído un ser divino? ¿Una partida de dados? ¿La tolerancia cero que anuncia el ministro de Defensa con el acoso sexual? ¿El cállate tú que aquí funciona todo perfecto y tus denuncias denigran a las Fuerzas Armadas?

Yo, a día de hoy, propongo para evitar que estos sucesos se vuelvan a repetir independizar a la justicia militar trasladándola al Ministerio de Justicia donde sería impartida por jueces civiles expertos en derecho militar (¿Cómo se me ocurrirá hablar de independencia judicial, auditorías…? ¿Qué clase de trastornado soy?). Ahora el problema es decidir entre instaurar una verdadera justicia o continuar con esta tómbola (trucada en la mayoría de las ocasiones), decisión que traslado al ministro de Defensa, al presidente del Gobierno y al Rey y Capitán de las Fuerzas Armadas, ¿Qué deciden Ustedes? ¿Justicia o tómbola trucada?