Opinion · Un paso al frente

Ningún coronel fue expulsado por corrupción en los últimos 18 años

Es un dato inapelable y revelador: según el Portal de Transparencia, ningún coronel fue expulsado por corrupción entre el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2017. Y nada hace indicar que antes de esta fecha se expulsara a ningún coronel por el mencionado motivo.

A día de hoy, también según el Portal de Transparencia, pertenecen a las Fuerzas Armadas exactamente 3.500 coroneles y generales (los generales han sido antes coroneles), ya sea en activo o en la reserva. Cifra que se elevaría considerablemente si ampliáramos el lapso temporal a los últimos 18 años, fecha desde la que se sabe que ningún coronel fue expulsado.

Que ningún coronel haya sido despedido de las Fuerzas Armadas por corrupción (ni por ningún otro delito como acoso o agresión sexual) convierte a estos altos funcionarios en una excepción tanto en la administración pública como en la sociedad en general. Convendría recordar que el periodo señalado, desde el 1 de enero de 2000 hasta la actualidad, ha quedado marcado por la corrupción generalizada. En todas las administraciones, ya fueran públicas o privadas, en todos los sectores profesionales, en todos los estratos sociales. En todos, excepto en uno: las Fuerzas Armadas.

Hemos visto a alcaldes, concejales, vicepresidentes, políticos, sindicalistas, banqueros, empresarios, Borbones, futbolistas o famosos condenados por diversos tipos y casos de corrupción. Pero lo que todavía no hemos visto son imágenes de un coronel detenido o un cuartel militar intervenido por la Guardia Civil. No lo hemos visto porque son hechos insólitos y, cuando acontecen, se resuelven con gran secretismo y no pocas artimañas.

Si no hubo coroneles expulsados de las Fuerzas Armadas por corrupción, ni por cualquier otro motivo, en los últimos 18 años, fue porque la Justicia militar tan solo condenó a cinco: dos por abuso de autoridad, dos por delitos contra la Hacienda Militar y un quinto por delitos contra la Hacienda Militar y deslealtad. Los cinco siguieron en las Fuerzas Armadas, como si no hubiera pasado nada, después de cumplir la condena en prisión.

¿Ni uno solo de los militares que llegaron al empleo de coronel desde el 1 de enero hasta la actualidad hicieron algo que mereciera su expulsión? Para el ministerio de Defensa y la justicia militar, no.

La Justicia de militares para militares, responsable de la baja tasa de condenados

El problema que subyace en la bajísima tasa de coroneles condenados en las Fuerzas Armadas, solo cinco entre más de 3.500, es la Justicia militar. Una Justicia de militares para militares. Una Justicia anacrónica que persiste en España, aun cuando ha desaparecido en la mayoría de Europa. Una Justicia que es más un fuero que un organismo. Una Justicia en la que la condena a un alto mando militar es tan infrecuente que sólo puede ser catalogada de insólita.

Pensemos, si no, en la tasa de condenas en relación a las denuncias interpuestas por acoso o las agresiones sexuales: 12,5%.

Un agujero legal, consentido por PP y PSOE, permite no expulsar altos mandos militares

¿Cómo puede ser posible que de los cinco coroneles condenados por delito ni uno solo fuera expulsado? El ‘agujero negro’ del asunto, consensuado entre la cúpula militar, el PP y el PSOE, se encuentra en el artículo 15 del Código Penal Militar. Este artículo está redactado de la siguiente manera: “Además de las penas accesorias previstas en el Código Penal, para los militares la pena de prisión que exceda de tres años llevará consigo la accesoria de pérdida de empleo y la de prisión de menor duración, la accesoria de suspensión militar de empleo”.

Es decir, aquellas condenas superiores a los tres años suponen la expulsión (pérdida de empleo) y las inferiores a tres años, la suspensión de empleo. Esto admite en la práctica que todos los delincuentes militares condenados a menos de tres años sigan en sus puestos de trabajo después de cumplir la condena. Y, claro, los juzgados militares lo afinan para no condenar a ningún alto mando militar por encima de esa pena.

¿Pero obliga este artículo a los jueces militares a permitir seguir siendo militar a aquellos que comenten delitos condenados a menos de tres años? No. De hecho podrían expulsarles igualmente, pero no lo hacen. Al menos en 18 años ni una sola vez.

La necesaria civilización de la justicia militar

Civilizar la justicia militar, tal y como han hecho la mayoría de los países europeos, valga Alemania como ejemplo, debería ser un reto de cualquier gobierno y de cualquier ministro o ministra de Defensa. Veremos si Pedro Sánchez y Margarita Robles tienen verdadera intención de regenerar y democratizar a una cúpula militar anacrónica y reaccionaria que ha convertido a las Fuerzas Armadas en un reducto franquista.

 

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de ‘El libro negro del Ejército español’.