Fundación 1 Mayo

Esto no funciona. Hay alternativas

Bruno Estrada López. Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.

 

La semana pasada el fantasma de la fuga de capitales recorrió la economía española, se acentuó la caída de la Bolsa que se venía experimentando desde hacía cuatro semanas y afloraron incipientes problemas de financiación de la deuda pública (en la última subasta de bonos del Tesoro no se cubrió todo el tramo de emisión y los tipos de interés se incrementaron), poniendo de manifiesto una creciente desconfianza de los mercados financieros en la recuperación de la economía de la eurozona en general, y de la economía española en particular. Los inversores mostraron abiertamente sus dudas respecto a los efectos de la política económica del Partido Popular, que está empobreciendo a España y enriqueciendo a Alemania, destino principal de los capitales en fuga.

La austeridad fiscal asimétrica (El Informe de la OCDE de 2014 muestra que los ingresos medios en metálico, incluidas pensiones, que reciben del estado el 30 % de población más pobre, representa apenas 65% de los ingresos medios del estado recibidos por el 30% de la población más rica) ha hecho que la capacidad de generación de empleo y riqueza de nuestro país dependa esencialmente del estado de confianza de los inversores, principalmente extranjeros, restringiendo la posibilidad de que el estado juegue un papel determinante en la actividad económica. Asimismo la devaluación salarial (que se ha llevado por delante gran parte de la legislación laboral que protegía a los trabajadores y la capacidad de estos de defender sus condiciones de trabajo y salarios a través de la negociación colectiva) ha tenido unos efectos depresivos en la demanda, deteriorando el estado confianza de los inversores en nuestro país.

La política monetaria impulsada por el BCE, que no permite financiar el endeudamiento público a coste cero como ha hecho la Reserva Federal de EEUU, ha acentuado las consecuencias negativas de las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial. El veredicto de los inversores se muestra claro: la errónea política monetaria del BCE, la austeridad fiscal y la devaluación salarial nos llevan a la ruina colectiva, y los países en ruina no ofrecen perspectivas de negocio, excepto para los fondos de inversión de alto riesgo, también llamados fondos-buitre.

Confiar la capacidad de recuperación de la actividad económica tan solo a los flujos de capitales extranjeros cortoplacistas de un país, que es un elemento clave en la política económica del PP, es como esperar que las lluvias torrenciales rieguen las cosecha. Lo más probable es que cuando terminen las lluvias (flujos de capital cortoplacistas) el campo este inundado y las cosechas estén podridas (las empresas endeudadas y con sus activos artificialmente sobrevalorados). Los recientes fraudes de Gowex y Carbures en el Mercado Alternativo Bursátil han mostrado descarnadamente las limitaciones de estos mecanismos para financiar a las pymes, incapaces de afrontar la sequía de crédito que la fallida reestructuración bancaria no ha podido solventar. Al contrario, se debe avanzar en la regulación de la creación de capital por empresas y bancos, y en la gestión de los flujos internacionales de capital, como propone actualmente el propio FMI.

Un mejor reparto social del capital ya creado, mediante impuestos sobre el patrimonio y la renta como los propuestos por Piketty, será una medida indispensable para que el estado tenga una mayor capacidad de impulsar la actividad económica (inversiones públicas en infraestructuras, transferencias de renta redistributivas, banca pública), pero no será suficiente.

El gasto público puede ser la chispa que haga que vuelva a funcionar el alternador que permitirá poner en movimiento a la economía española, pero para que la conducción económica a medio plazo sea más igualitaria y próspera para la mayoría, y no se esté gripando continuamente, debe impulsarse un nuevo modelo de financiación-propiedad de las empresas. Este nuevo modelo debe tener como objetivo que el capital de nueva creación sea productivo para el conjunto de la sociedad, esto es que se reinvierta en las empresas y que no se dirija a prioritariamente a los mercados financieros especulativos, enriqueciendo exclusivamente a los grandes propietarios de capital que es lo que está sucediendo actualmente. Hay que recordar que veinte familias españolas detentan, directa o indirectamente, el 37% del valor en Bolsa de las empresas del Ibex-35.

Esto no es una elucubración teórica de despacho, el gobierno socialdemócrata sueco de Olof Palme, que eran socialdemócratas de verdad que se preocupaban por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores suecos (hoy Suecia es la sociedad más igualitaria del mundo), aprobó en 1984 la creación de los Fondos de Asalariados, que suponían el reparto de parte de los beneficios empresariales directamente a los trabajadores, mediante la emisión de acciones que eran gestionadas colectivamente por estos. La mayor capacidad de los trabajadores para defender sus intereses, sin olvidar que estaban en un marco de competencia, supuso una fuerte reinversión de los beneficios en las empresas, aumentando su capacidad de innovar tecnológicamente, de modernizar su maquinaria, de formar a sus trabajadores, esto es, de ser más competitivas en la incipiente globalización, a la vez que se creaba empleo de calidad. En los siete años que duró esta legislación, antes de que la aboliera el gobierno de derechas en 1991, el PIB per capita de Suecia pasó de representar el 77% del de EEUU al 121% y el desempleo bajó del 3,5% al 1,9%.

Más importante que los inversores emitan su veredicto sobre la conducción económica de este gobierno es que los ciudadanos de nuestro país puedan valorar cuanto antes, en las urnas, la catástrofe social producida por las políticas económicas aplicadas en España y las otras alternativas existentes, teniendo en cuenta que en los siete años que llevamos desde el estallido de la crisis nuestro PIB per capita respecto al de EEUU, ha descendido del 66,3% al 54,8%, y la tasa de desempleo ha aumentado del 8,4% al 25%.