Pepe Gálvez
Responsable de Cultura de la Fundación 1 de Mayo

La celebración de la movilización del 9N precedió en once días a la del cincuenta aniversario de Comisiones Obreras en Catalunya. La primera plasmó un mapa de la realidad catalana bastante más complejo del que reproduce la simplificación mediática. Por una parte demostró, una vez más, la capacidad organizativa y movilizadora del independentismo. Por otra, evidenció que esta iba por barrios y que había zonas de Catalunya, que coinciden con las de mayor peso de la inmigración, claramente refractarias a su hegemonía. Ahora bien, si nos atenemos a sondeos de opinión repetidos y por tanto bastante creíbles, esos abstencionistas están muy mayoritariamente por la solución de un referéndum o sea por que la ciudadanía catalana decida democráticamente el futuro de su relación con España. En lo que no están de acuerdo, seguramente, es en la apropiación por parte del independentismo de esa reivindicación democrática. Apropiación que el pasado 9 de noviembre se volvió a escenificar, esta vez de forma más evidente, al realizar un simulacro de sufragio universal bajo el control y garantías de sólo una parte de la sociedad. No es casual que la última encuesta del CEO señale un salto importante de Podemos ni que ello ponga nerviosos tanto a CiU como a la CUP. Hoy en día en la sociedad catalana es absolutamente mayoritario el sentimiento de que el actual diseño autonómico no funciona, es una fuente de problemas y no de soluciones, y que por ello ha de cambiarse; de igual forma que también es mayoritaria la convicción de que ese cambio se ha de realizar de forma democrática. Ahí acaban las mayorías claras, el resto es una disputa por la hegemonía en la que tiene mucho que decir los intereses clasistas, porque lo que también está en disputa es como se inscribe el futuro de Catalunya en la salida a la actual crisis sistémica.

El nacionalismo catalán de centro derecha y buena parte del de centro izquierda, intenta encubrir sus posiciones sobre la crisis tras la bandera del secesionismo. Por ello sitúa la independencia no sólo como la reivindicación principal a resolver ya, sino también como la solución principal a los problemas de la crisis. Sus ejes propagandísticos, bastante exitosos todo sea dicho, son por una parte, la recuperación de los ingresos que se derivarán de corrección del llamado expolio fiscal, y por otra, la potencialidad que provocará la liberación de la corrupción y de la caspa madrileña. Ahora bien la realidad no sólo reduce drásticamente las cifras del llamado expolio, sino que evidencia significativos yacimientos propios de corrupción así como la comunión de intereses económicos y sociales entre CiU y PP. Las reducciones presupuestarias en Educación y Salud, así como la posición beligerante de CiU en la contrarreforma laboral o en materias fiscales, las políticas privatizadoras, la obediencia más que complicidad respecto a la Caixa... señalan hacia un modelo de Catalunya que hoy ya es una pesadilla para la mayoría social.

Una de las señas primigenias de Comisiones Obreras en Catalunya fue el reconocimiento de sus derechos colectivos como nación. Así, una organización nutrida mayoritariamente de emigrantes asumió como propia la reivindicación de l’Estatut d’Autonomía, una estructura diferenciada dentro del estado democrático que había de sustituir a la dictadura. Y esa seña de identidad, que se consolida con la creación de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya, se ha mantenido al mismo tiempo que su relación confederada con las Comisiones Obreras de España. Una relación ésta, basada tanto en la comunidad de intereses, objetivos y luchas como en la existencia de fuertes lazos afectivos. Una relación que ha sido dinámica y fructífera y que sólo fue puesta en peligro por la visión unitarista de España de José María Fidalgo. De estas raíces y de esta historia se deriva, con naturalidad, la apuesta por el reconocimiento de la evolución del hecho nacional en Catalunya y por un cambio democrático que lo posibilite. Desde nuestra identidad y desde nuestros intereses ese cambio no puede darse al margen del proceso de reivindicación democrática que se está dando en el conjunto de España, sino integrándose plenamente en él.

La derecha catalanista es parte del problema, no de la solución, entre otras cosas porque es corresponsable de la degradación de la democracia en el conjunto de España y de Europa. Sin embargo para enfrentarse al centralismo del PP necesita reivindicar la democracia, aunque después intente limitarla al ámbito catalán y a los mecanismos que le permitan seguir gobernando: simulacro de consulta y elecciones "plebiscitarias". Por el contrario la demanda democrática de la sociedad es cada vez más expansiva, más radical y más extensa y por ello mismo más necesitada de estrategias unitarias que agrupen la diversidad tanto nacional como de los diferentes colectivos que pueden conformar la mayoría social.