Opinion · Verdad Justicia Reparación

Pamplona: una brecha en el muro de la impunidad del franquismo

Manuela Bergerot,
miembro de La Comuna

El pasado viernes 27 de noviembre, el Pleno de la Corporación Municipal de Pamplona/Iruñea decidió, por 17 votos a favor y 10 en contra, interponer una querella contra los crímenes del franquismo en los juzgados de dicho municipio. Votaron a favor los grupos EH Bildu, Geroa Bai, IU y Aranzadi, y en contra únicamente el grupo UPN.  Todas las personas que hemos trabajado para que ese día llegara y que seguimos el Pleno, lo vivimos como un momento histórico.

Verdad y justicia

El texto aprobado consta de dos puntos: en el primero se acuerda por parte de la Corporación municipal “interponer una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Pamplona-Iruña a efectos de que por parte de éstos se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento”, investigación que según señala el acuerdo deberá conducir a determinar las circunstancias en que fueron perpetrados los crímenes, así como “quiénes fueron sus responsables directos y mediatos, y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena”.

Al texto se adjunta una relación de víctimas y se acuerda iniciar los trabajos de preparación de la querella, tanto de cara a la recogida de testimonios y datos, como a su armazón jurídico.

En el segundo punto se acuerda dar traslado de esta decisión al juzgado de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini, para que la causa iniciada por el Ayuntamiento de Pamplona se incorpore a la Querella Argentina.

Desde la sociedad civil a sus representantes electos

La moción aprobada por la Corporación pamplonica nace de una iniciativa del movimiento memorialista de Navarra. Las palabras de Presen Zubillaga, representante de este movimiento, en la presentación de la moción son clarificadoras para conocer la génesis y motivación detrás de esta iniciativa:

“Para situar en perspectiva esta moción debemos remontarnos en el tiempo a dos momentos. Uno, cercano, exactamente el 9 de mayo de 2013, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de denuncia y reprobación de la sublevación militar fascista de julio de 1936, al igual que del régimen dictatorial posterior, apoyando los derechos y reivindicaciones de las personas represaliadas en el ejercicio de su derecho a la verdad, justicia y reparación, manifestando su apoyo a la Querella Argentina que se sigue en el Juzgado Nº 1 de Buenos Aires.

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El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, con Carlos Slepoy, abogado de la Querella argentina, Manuela Bergerot, miembro de La Comuna, Presen Zubillaga, Sabino Cuadra y demás miembros del movimiento memorialista

El otro momento es un poco más lejano, septiembre de 1946, cuando el Consejo de Navarra en el exilio, formado por algunos de los miembros de la Diputación Foral durante la República, proclama que ‘el decoro y la dignidad de Navarra exigen de una manera imperiosa que se haga justicia… hay que garantizar una justicia con tribunales que se atengan estrictamente a las normas del derecho y que apliquen la pena merecida a todos los responsables de los crímenes cometidos en Navarra’.

Con la aprobación de esta moción, el Ayuntamiento estará levantando un puente entre la actual representación política y la legítimamente elegida durante la República. Un puente para cruzar el río del olvido y de la impunidad.

Se pide y se motiva jurídica y socialmente, que el Ayuntamiento de Iruñea, ante la barbarie cometida con la población de esta localidad en el año 1936 y los años que siguieron (con la moción hemos documentado los datos de 308 víctimas), acuda a los Tribunales de justicia; acción lógica, razonable y saludable, más si tenemos en cuenta que la impunidad de los crímenes del franquismo constituye una auténtica vergüenza mundial, que provoca repudios y condenas de todos los organismos de Derechos Humanos.

Entre todas y todos, incluyendo a las instituciones públicas, debemos romper la mordaza del silencio y del olvido sobre unos hechos que son catalogados por el Derecho Internacional como delitos contra la humanidad, sobre los que no cabe prescripción alguna, ni leyes de punto final o de amnistía.

De esta manera estaremos avanzando por un camino cuyas señales nos dicen que sin memoria no puede haber democracia.

Esperamos de esta Corporación que valore el esfuerzo de centenares de personas que luchan día a día y durante muchos años por la verdad, justicia y reparación, aprobando la moción presentada.

Les aseguro que Iruñea será la primera ciudad en apoyar una iniciativa de este tipo, pero no la única.”

Pamplona marca el camino

Tras esta decisión, en los próximos días el Ayuntamiento de Pamplona presentará la querella ante los juzgados de instrucción de esa ciudad, y de esa forma abrirá una vía hasta ahora inédita para el ejercicio del derecho a la verdad y la justicia. Un derecho negado sistemáticamente por las autoridades e instituciones de este país durante los casi 40 años desde el fin de la dictadura genocida.

Con esta iniciativa Pamplona envía a todas nuestras poblaciones e instituciones electas, un mensaje claro y rotundo: los crímenes del franquismo, en tanto crímenes de lesa humanidad, no prescriben, no pueden ser amnistiados y no pueden ser olvidados ni ignorados. En particular, las nuevas corporaciones municipales surgidas del deseo popular de cambio y renovación política, reflejo de una nueva correlación de fuerzas y conciencia en la sociedad, tienen un enorme papel potencial que cumplir.

Presen Zubillaga lo decía muy claro al final de su intervención, el camino que Pamplona comenzó a recorrer el viernes pasado, marca el sentido que muchas otras corporaciones municipales seguirán en las próximas semanas y meses.

Hitos como el de Pamplona, o el de la primera decisión judicial a favor de la apertura de una fosa común, producida esta misma semana en el caso suscitado por Ascensión Mendieta,  indican inequívocamente que el final de la impunidad es irreversible y desde La Comuna celebramos el compromiso político y la independencia judicial para garantizar el derecho a la Justicia y la Verdad.