Mario Martínez Zauner
antropólogo y miembro de La Comuna

Existe una proposición más o menos aceptada entre la izquierda respecto al pasado reciente de nuestro país y es aquella que sostiene que debido a las deficiencias del proceso de transición de la dictadura a la democracia, todavía hoy sobreviven materialidades y discursos propios de aquella época ignominiosa.

Un paseo por Madrid (aunque eso empiece ahora a cambiar) o por las plazas de otras ciudades y pueblos sería suficiente para confirmar dicha tesis. Podríamos encontrarnos con alguna calle dedicada a un general leal a Franco, o algún monumento o placa honrando y conmemorando alguna de sus hazañas bélicas durante la guerra civil.

Por otra parte, la lectura de algunas obras de reciente publicación, incluída la entrada del diccionario de la Real Academia de la Historia sobre el dictador, vendría a confirmar la sospecha de que la sombra de Franco es alargada, hasta el punto de que determinados periodistas e historiadores recalcan sus luces como estratega o líder carismático y suavizan la dureza e impiedad de su régimen de gobierno.

Un régimen que en sus primeros años fue totalitario e indisimuladamente fascista, que posteriormente se fue disfrazando de Estado autoritario e incluso aspiró a una apariencia de Estado de Derecho basado en el modelo de democracia orgánica (familia, municipio y sindicato), y que finalmente se vio obligado a quitarse el disfraz ante el empuje de la disidencia política, para mostrar su cara más dura y represiva.

El modo de gobierno franquista evolucionó por tanto en el tiempo, en una mezcla peculiar de elementos despóticos y absolutistas encarnados por el dictador soberano y por la jerarquía eclesiástica y la casta militar, y de otros más modernos, representados primero por Falange y más tarde por los tecnócratas del opus dei.

Aunque más allá de sus distintos agentes, lo que nos interesa aquí son determinadas técnicas de gobierno a las que el franquismo hubo de recurrir para imponerse a la población. En sus inicios, y durante casi una década entera, se mantuvo el "estado de guerra" como forma de gobierno, de tal forma que la oposición de izquierdas y republicana fue prácticamente aniquilada y los que sobrevivieron fueron recluídos en prisión. Y ya en su última etapa, desde finales de los sesenta hasta la muerte del dictador, el régimen tuvo que echar mano del "estado de excepción" como técnica de control de la población disidente y de la oposición antifranquista.

Hay por tanto un cierto elemento capicúa en la gobernanza franquista, que comienza y termina fusilando; así como hay una constante represiva que atenta contra derechos humanos fundamentales durante toda la dictadura. Pero en la evolución del régimen la técnica se sofistica y se moderniza, de tal forma que se convierte en un modo sistemático de gobierno: la excepción.

Cuando hablamos de un modo de gobierno franquista basado en el estado de excepción, estamos teniendo en cuenta una singular combinación de política y derecho encaminada a regular la administración de la violencia y la represión sobre la población disidente y la oposición al régimen. En los años sesenta y setenta no sólo se decretan varios estados de excepción, sino que además se promulgan leyes destinadas a convertir la excepción en regla.

Algunas de estas medidas suponen la ampliación del periodo de detención y de interrogatorio en la Dirección General de Seguridad o la libre irrupción de la policía en domicilios de sospechosos, así como la continuidad entre la acusación policial y la judicial más allá de la presencia o no de pruebas, la práctica de deportaciones entre provincias de líderes sindicales y estudiantiles, o el aumento de las multas gubernativas, que en muchos casos se dejaban de pagar a cambio de una estancia de algunos meses en prisión. También, pocos meses antes de la muerte de Franco, y ante la creciente amenaza por parte de grupos de lucha armada, se aprueba una ley antiterrorista que deja el enjuiciamiento de estos delitos en manos de tribunales militares y endurece las penas, dando lugar a cinco condenas a muerte y a los fusilamientos de septiembre de 1975.

Estamos entonces ante un modo de gobierno moderno, en cuanto que combina con eficacia herramientas políticas y jurídicas que aseguran el control de la población disidente a través de una cuidada administración de la represión y la violencia sobre la oposición antifranquista.

Y es en este sentido donde podemos volver al presente y replantearnos la cuestión de las pervivencias del franquismo, más allá de lo visible, y más allá del discurso de la nostalgia de la vida y milagros del Caudillo.

Más allá de lo visible, se esconde una forma de gobierno basada en el estado de excepción que trasciende la manifestación histórica del último franquismo, y que constituye un modelo "virtual" que puede actualizarse en el presente (y que lo hará, por tanto, adaptado al tiempo actual).

Es lo que hemos visto con la actual Ley de Seguridad Ciudadana o "ley Mordaza" del PP, que busca dar un fundamento jurídico a la represión de la disidencia política: desorbitadas multas por manifestarse o por llamar a manifestarse; creación de un registro o "lista negra" de infractores; aumento del valor probatorio de las declaraciones de agentes de la autoridad, afectando al derecho de defensa y a la presunción de inocencia; indeterminación y ambigüedad en los conceptos jurídicos, lo que en la práctica hace peligrar el principio de seguridad jurídica; identificación y cacheos preventivos o prohibición de grabar a policías en el ejercicio de su labor.

La excusa de la seguridad se convierte así en el argumento fundamental para recortar o suspender derechos y retrotraernos hacia caracteres propios de un modo de gobierno basado en la excepción. Y esto no ocurre sólo en España con casos como el de Alfon en Madrid o el de distintos colectivos anarquistas en Barcelona y otras ciudades. Recientemente hemos podido ver en Europa cómo, tras los atentados de París, se implantaban estados de excepción en Francia y Bélgica.

Esta suspensión del derecho es lo que constituye en definitiva la base del gobierno basado en la excepción, y lo que hizo el franquismo en su última etapa fue convertir esa excepción en norma, una mezcla de elementos políticos y jurídicos que justificaban la acción represiva y preventiva sobre la población sospechosa.

En ese sentido, más allá de lo visible, existe una pervivencia más perversa del franquismo, puesto que trasciende su manifestación histórica concreta y se convierte en una amenaza presente y real: aquella que subordina la libertad a la seguridad, y somete a las voces discrepantes a la suspensión de sus derechos fundamentales.