Carlos Olalla,
Actor y miembro de la plataforma CIEsNoMadrid

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) son un pozo oscuro de nuestra democracia. Dependientes del Ministerio del Interior, se caracterizan por su absoluta falta de transparencia y un oscurantismo propio de otras épocas, esas en las que se formó, y que quizá por eso tanto añora, nuestro ministro Fernández Díaz. Las denuncias de vulneraciones de derechos humanos en los CIEs son constantes, como  son también numerosas las de malos tratos y torturas sobre todo en los trayectos en los que los internos son llevados de vuelta al CIE desde el aeropuerto, cuando no han podido ser deportados en vuelos regulares porque los pilotos, ante sus protestas, se han negado a despegar con personas que no querían volar.

La protesta de los 39 internos de este martes era algo que no ha sorprendido a nadie. Como tampoco su resolución: que pese a no haber sido violenta y que lo único que exigían era libertad y dignidad, se haya saldado con la orden de expulsión de los 39. Lo extraño es que esta protesta, de la que incluso un sindicato policial había advertido una semana antes, haya tardado tanto en producirse.

Las constantes denuncias de deficiencias en la asistencia médica se han intensificado la última semana (asistencia médica privatizada y que no cubre las 24h del día, por lo que por la noche son los propios policías quienes deben determinar si los síntomas de un interno que se encuentra mal son suficientes como para que sea hospitalizado o no). Del mismo modo, se han incrementado el incumplimiento de resoluciones judiciales que especifican que entre la notificación del auto de expulsión al interno y la expulsión deben pasar 24h cuando, como en un caso registrado esta semana, no han dejado pasar ni nueve.

Esta protesta no obedece a algo aislado, no hay una causa concreta que la haya provocado. Es el propio sistema el que provoca indefensión, deficiente asistencia médica y jurídica y, sobre todo, un trato inhumano a personas que, en su mayoría, no han cometido delito alguno. En este país una simple falta administrativa como es la de no tener papeles (o haber dejado de tenerlos por haber perdido tu puesto de trabajo) es suficiente para que encierren a personas durante 60 días en estos Guantánamos particulares que tenemos.

La propia existencia de los CIEs es un crimen porque ningún ser humano es ilegal. Y su funcionamiento oscurantista que auspicia nuestro Ministro de Interior lo es todavía más. Un funcionamiento que llega al extremo de que, a la mañana siguiente de la protesta, se haya prohibido el acceso al CIE de Aluche a las personas de las ONGs que están debidamente acreditadas para visitar a los internos (como hacen a diario) o que el director de seguridad del CIE, en una muestra de chulería impropia de una democracia que se precie, se haya negado a recibir o siquiera a informar a diputadas debidamente acreditadas que se han personado en el CIE para conocer de primera mano lo que allí ha ocurrido.

Los primeros interesados en demostrar que en los CIEs se respetan los derechos humanos deberían ser los responsables de su gestión, desde el ministro al último policía nacional que presta servicio allí, y  muy especialmente, su director de seguridad. Lo tenían muy fácil. Si, como dicen, han hecho todo bien y no tienen nada que ocultar, con habernos dejado pasar y visitar a los internos (incluso solo a los que no han participado en la protesta) el tema habría estado resuelto. Cuando no lo han hecho, cuando expresamente nos han prohibido entrar o ponernos en contacto con los internos, lo único que puede pensarse es que hay cosas que no quieren que sepamos. Que un director de seguridad de un CIE se haya negado a recibir siquiera a diputados electos o haya prohibido la entrada al mismísimo concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid nos demuestra, una vez más, el modelo de estado dictatorial que al ministro Fernández Díaz le gustaría imponer. Triste realidad la de un país en la que tiene más poder un policía que un diputado elegido por sus ciudadanos.