6 mayo, 20185 mayo, 2018

Por Antonio Pérez, archiduque de L.S. y miembro de La Comuna.

A raíz del escándalo Cifuentes, un grupo de profesores universitarios ha publicado un Manifiesto denunciando la corrupción, la endogamia, el nepotismo, la ignorancia, el clientelismo, la opacidad y otros pérfidos tumores que infectan a las universidades españolas–públicas y privadas. Quien suscribe, concuerda plenamente con todos los extremos contemplados en tan rotundo diagnóstico; si acaso y aunque comprendo que, por razones de espacio, no haya sido citada, añadiría que la Iglesia es tan culpable de esta pudrición como el Estado neofranquista –y, quizá, aún más beneficiada que Él.
Algunos observadores internacionales, buenos conocedores de España y de su universidad, comentan que, desde la muerte del Caudillo, el cambio en las costumbres españolas ha sido espectacular pero, inmediatamente, agregan que la universidad ha sido y sigue siendo la institución que menos ha evolucionado. Para justificar su aserto, enumeran no sólo los tumores denunciados por el Manifiesto antedicho sino algunos más –por ejemplo, el provincianismo, el burocratismo y el chauvinismo.
La indigencia de España en general y de su universidad en particular tiene un origen de todos conocido: el golpe de estado de 1936. Más de 80 años después, este país sigue envenenado y atomizado –incluso bordeando la anomia- por las secuelas de aquel genocidio que convirtió una sociedad floreciente, espejo mundial de equidad y progreso, en un viscoso espejo negro "donde toda incomodidad tiene su asiento". Quien intente explicar cómo es la España actual olvidándose del siniestro 1936, es un imbécil o un canalla.
Por ello, para hablar del actual escándalo académico, hay que comenzar recordando que los franquistas tenían un plan sumamente extremista para adueñarse del país y que, en sus distópicas conspiraciones, la educación ocupaba un papel fundamental: si Hitler pregonaba "un Reich de Mil Años", sus perritos falderos querían asegurarse el poder por los siglos de los siglos y para ello creían imprescindible exterminar a cuantos educadores no fueran tan ignaros y psicópatas como los planificadores del genocidio -casi lo consiguen.

El plan franquista abarcó los tres niveles educativos:

En Primaria, de los 60.000 maestros que hubo durante la República, fueron fusilados entre 6.000 y 10.000. Y eso que los asesinos llamaron "la depuración" alcanzó a más de un tercio; redondeando a la baja, 20.000 sufridos pedagogos fueron torturados, encarcelados, deportados, etc. Los maestros sobrevivientes fueron sustituidos por curas trabucaires y por bestias pardas a cuyo lado los pederastas de hoy son tiernos corderitos.

Comparativamente hablando, la enseñanza secundaria corrió todavía peor suerte pues un 40% de sus profesores fueron eliminados, física y/o laboralmente.

Y llegamos a la universidad (*) En 1936, sólo había doce universidades; por tanto, las cifras del estamento docente son necesariamente bajas. Los genocidas nacional-católicos fusilaron a 27 profesores y a dos de sus Rectores: Leopoldo García-Alas (Oviedo) y Salvador Vila Hernández (Granada), a los que bien podríamos añadir a Joan Peset, quien había sido Rector de Valencia hasta 1934. Sin contar a los fusilados y los exiliados, fueron depurados no menos de 194 catedráticos y profesores, un 32% del escalafón, con picos como Barcelona (más del 50% de la plantilla) y Madrid (casi la mitad de los docentes).

Huelga añadir que las mejores cabezas de la Educación republicana fueron suplantadas por lo peor de lo peor a través del dedazo o, como colmo de la ‘legalidad’, de unas "oposiciones patrióticas"  en las que los méritos del nuevo profesorado dependían del número de muescas que exhibieran en las culatas de sus pistolones. Pues bien, buena parte de los actuales profesores universitarios, son herederos directos, intelectual o incluso biológicamente, de aquellos asesinos.
Estos talibanes del embrutecimiento pedagógico, han llegado al poder académico exclusivamente gracias a ser "hijos de o nietos de". Por ende, llevan orgullosos en su ADN la marca de la herencia; dicho de otro modo, conciben el mundo como su patrimonio personal.
De ahí que no distingan entre lo público y lo privado. En estos días, obligados a defenderse sus vociferantes políticos -adictos a las puertas giratorias-, han recurrido al ventilador para, sostenella y no enmendalla, hacer creer a sus votantes que la mierda alcanza a todos. Pues no, los políticos aquejados de titulitis serán parecidos entre sí pero no son iguales. Hay una Línea Roja que marca el abismo que separa el delito de la mera majadería. En efecto, ahora han surgido docenas de curricula pasmosamente menguantes, CV’s de eximios Padres de la Patria de los que han desaparecido títulos de médicos, pedagogos, ingenieros y tutti quanti. Bah!, flaquezas ridículas pero no delictivas... mientras no intenten demostrarlas con documentos públicos (oficiales) que serían puras falsificaciones. Por ejemplo, yo firmo como Archiduque de Tal y Tal pero no lo demuestro con ninguna ejecutoria royal; por ende, no cometo ningún delito –por ahora, quién sabe si mañana será delictuoso reírse de los títulos nobiliarios.
Sin embargo, el panorama cambia radicalmente cuando se cruza la Línea Roja. Cristina
Cifuentes (CC), hija de un general de Artillería, no quería ser menos que sus amiguetes y la saltó, no sabemos si por excesiva confianza en la impunidad de su partido-famiglia o por desconocimiento de la Ley –opción inverosímil en una Licenciada en Derecho. CC falsificó documentos públicos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y eso no es una chiquillada sino un delito como la copa de un pino.
Acostumbrados los neofranquistas a que, por mucho que sean imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad en los que radica su poder permanezcan impunes, siguen creyendo que España es su cortijo privado. Gracias a su feroz radicalismo, han conseguido que la ciudadanía no distinga bien entre documentos públicos y documentos privados. Por ello, al comenzar el escándalo CC, algunos ingenuos no pararon mientes en que su famoso TFM pertenecía –como todos los TFM- al dominio público sobre el que ni ella ni sus compinches de la URJC tenían ninguna legitimidad para publicarlo o esconderlo.
Esta ignorancia generalizada sobre la diferencia entre lo público y lo privado es una prueba más de que el Estado español no es un Estado moderno sino que continúa anclado en los arcaísmos propios de un Estado patrimonial regido por las leyes de parentesco. Por ende, la española es una sociedad ‘primitiva’ pero no indígena sino todo lo contrario: próxima a la anomia. La oposición no parece haber prestado demasiada atención a esta calamidad social.
Así nos va.
Para finalizar, una "proposición indecente": la URJC ha demostrado ser una cueva de bandoleros ventajistas cuyo desprecio por las normas democráticas sólo es igualado por su ignorancia profesional. Por el bien de la continuidad institucional, no deben cambiar su nombre: A tal señor, tal honor.

(*) Ver Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche: la destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006