Por Pablo Mayoral, miembro de La Comuna de Presxs y represaliadxs del franquismo.

El lunes 16 de septiembre empieza en la Audiencia Nacional un juicio en el que se piden más de 600 años de cárcel a 47 ciudadanos y ciudadanas vascas, por el único motivo de prestar su apoyo a los presos vascos. Las detenciones y procesamientos de estas personas se han producido bastantes años atrás y como ellos mismos denuncian: "este proceso nos está provocando diversos costes personales: las detenciones, los encarcelamientos preventivos, las medidas judiciales, las fianzas, la criminalización de nuestra labor, procesos jurídicos que se alargan durante años, el juicio, la desazón de nuestros allegados... y lo que puede llegar. Sabemos que este tipo de situaciones conlleva duras consecuencias, desde el primer día".

Estas 47 personas, entre las que se encuentran abogados, médicos, psicólogos y familiares que han estado realizando labores de atención y apoyo a diferentes personas que se encuentra encarceladas por hechos que desde el abandono de la actividad armada de ETA, en octubre de 2011, ya no se han vuelto a repetir. Algunos de estos presos pertenecían a un organización armada que ya no existe, puesto que el 16 de Abril de 2018 ETA disolvió todas sus estructuras.

Por lo tanto, delitos como el de pertenencia a banda armada, colaboración con banda armada, cómplice de banda armada, apología de banda armada ya no pueden sustanciarse en la medida que esa banda armada ya no existe. Más bien en este caso, como en otros muchos, la Audiencia Nacional, pretende frenar en seco las movilizaciones de una parte importante de la sociedad vasca (en palabras de los 47): "a favor de los derechos de los y las presas y huidas vascas, así como la consolidación de un escenario de solución".

Este nuevo macrojuicio, a celebrar en Madrid, y que está programado para que dure varias semanas es, en sí mismo, un acto más de represión, que obligará a los 47 procesados y sus familias a viajar varias veces a Madrid, buscar alojamiento para ellos y sus familias, buscarse la manutención fuera de sus casas y localidades de origen, costearse los abogados incluidas las dietas...

Es necesario, además, insistir  en que muchas de las cuestiones que estas 47 personas procesadas están reclamando en estos momentos son la aplicación de los derechos y leyes que asisten a todos los ciudadanos presos, esto es: acabar con la política de alejamiento, liberación de los presos y presas con enfermedades graves, dejar de alargar condenas, acabar con el aislamiento, aplicación de los beneficios penitenciarios que contempla la ley...En definitiva, es la aplicación de los derechos humanos sin ninguna restricción.

Estamos seguros que la manifestación convocada para el sábado día 14, en Bilbao, será una nueva demostración masiva de que la sociedad vasca rechaza tajantemente la política represiva del gobierno y judicaturas del Estado español. Como dicen los 47: "No hay cosa más saludable que una sociedad activa, movilizada y crítica. Nosotros somos parte de ello, nada más. Una gota más en un amplio mar".

Pero también es importante que en el resto del Estado, y en Madrid en particular (desgraciadamente todos los grandes poderes represivos están en nuestra ciudad), nos movilicemos en solidaridad con estos 47 ciudadanos y ciudadanas vascas que van a ser sometidos a un "escarmiento" por ejercer sus labores profesionales de abogados, médicos o psicólogos a otros ciudadanos presos, o por ser familiares directos de los mismos. Tenemos que exigir la aplicación de los derechos humanos y, en definitiva, la aplicación de las leyes también en las cárceles.

La represión sigue creciendo sólo en un sentido, esto es, contra los demócratas, contra los artistas, contra los manifestantes, contra los huelguistas...Es decir, contra los que ejercen los derechos por lo que tanto hemos luchado como la libertad de expresión, el derecho de huelga, de manifestación, el derecho a decidir de los pueblos, la lucha por la libertad de los presos políticos.

Todos los que estamos contra esta escalada represiva, que cada día amplia el numero de personas multadas, procesadas y encarceladas por ejercer las libertades políticas, tenemos una cita en la Audiencia Nacional, para mostrar nuestra solidaridad con los 47 ciudadanos vascos a los que se le piden 601 años de cárcel por haber trabajado a favor de los derechos de los presos y huidos vascos.

Ya basta, todos deberíamos alegrarnos porque desde hace ya 8 años no se haya producido ninguna acción armada por parte de una organización que decidió unilateralmente abandonar este tipo de acciones y dar una tregua incondicional. Y, por si fuera poco, hace ya 18 meses ETA decidió por su propia cuenta disolverse.
Por la defensa de las libertades nos solidarizamos con estos 47 ciudadanos y ciudadanas vascas y nos unimos a su denuncia y anhelo:
" Ante la injusticia a la que nos están sometiendo, queremos difundir un clamor a favor de la convivencia y una paz total".