Por Pablo Mayoral, miembro de La Comuna.

El 9 de mayo de 1981, en Almería, fueron detenidos por la Guardia Civil tres jóvenes: Juan Mañas Morales, de 24 años; Luis Montero García, de 33 años y Luis Cobo Mier, de 28 años. Los tres se dirigían a Pechina (Almería) para asistir a la primera comunión del hermano de Juan Mañas. Alguien les denunció porque le parecían sospechosos "terroristas".

Los tres jóvenes viajaron en coche desde Santander, eran ciudadanos normales y, dentro de la normalidad, alguno de ellos pertenecía a CCOO. Fueron detenidos en Roquetas del Mar y conducidos a un cuartel abandonado (Casafuerte) por el teniente coronel Carlos Castillo Quero, el teniente Manuel Gómez Torres y otros miembros de la Guardia Civil. Allí, tal y como quedó probado en la sentencia del juicio celebrado un año y medio después, "el teniente coronel Castillo y sus hombres les torturaron hasta la muerte".

Para ocultar este múltiple, terrible y cruel asesinato, los guardias civiles les tirotearon simulando evitar la huida de los jóvenes, y para hacer desaparecer las huellas de tan horrendos crímenes, los metieron en su coche y tras rociarlos con gasolina y prenderles fuego, los despeñaron. Como dijo María Morales, madre de Juan, a nuestro hijo le mataron tres veces: a palos, a tiros y quemándole.

Juan José Rosón, ministro del Interior de la época, dijo que había sido un trágico error y se quedó tan pancho. Los familiares y amigos de los tres jóvenes fueron acosados y atemorizados por bandas fascistas y por la guardia civil. Periodistas como Melchor Millares sufrieron un continuo hostigamiento. El abogado de la acusación particular, Darío Fernández, que en todo momento intentó que los acusados fueran procesados por asesinato y no por homicidio, sufrió tales amenazas que tuvo que vivir escondido durante mucho tiempo. Incluso le llegaron a poner una bomba bajo su coche y el Colegio de Abogados de Almería le abrió un expediente por su investigación para el esclarecimiento de los crímenes. Su despacho de abogados tuvo graves problemas económicos que le sobrevinieron a raíz de su valiente participación en este proceso.(1)

El fiscal pidió 42 años de condena para el teniente coronel y 27 años para el teniente y un guardia. Los otros 8 canallas participantes en tal salvajada no fueron procesados. En julio de 1982, el juez del "Caso Almería", que había sido instruido por Ángel Tortosa Pozuelo con múltiples irregularidades que beneficiaron a los procesados, les condenó a 24, 15 y 12 años de cárcel respectivamente. Paradójicamente en la sentencia tuvieron en cuenta como atenuantes "el cumplimiento del deber y la obediencia debida". De los 24 años de condena, el teniente coronel Castillo Quero, solo cumplió siete en régimen cerrado y aún así en esos años disfrutó de numerosos permisos de una semana. Parte de la condena la cumplió en castillos militares y no en cárceles ordinarias. A los diez años de los asesinatos ya estaba en libertad; los otros dos criminales salieron antes. A pesar de ser expulsados de la Guardia Civil siguieron cobrando sus salarios de los fondos reservados del Estado, que autorizó el gobierno de Felipe González (a través de su ministro de interior, J. Barrionuevo). El presidente Mariano Rajoy, al ser interpelado por ello en sede parlamentaria, el 22 de abril de 2015, dijo que como hacia tanto tiempo de ello, no sabía nada.

En 1984 Pedro Costa dirigió la película "El caso Almería" rodada en base a la sentencia del juicio. La película fue objeto de trabas y obstáculos de todo tipo. Presuntos incontrolados llegaron a poner una bomba en el local donde iba a ser estrenada. Los exhibidores más importantes no se atrevieron a poner la película en los cines, salvo honrosas excepciones.

Hasta aquí parte de los hechos(2), cada cual puede sacar sus conclusiones.

La tortura fue la práctica habitual de la represión en la dictadura franquista, y así lo podrían corroborar los 50.609 afectados por la jurisdicción de Orden Público entre 1964 y 1976. El objetivo perseguido con la tortura no es la muerte en sí, pero su brutalidad a veces conduce al asesinato y así pasó en varias ocasiones: Enrique Ruano en 1968 y Cipriano Martos en 1973 fueron torturados hasta la muerte. Con la tortura el Régimen buscaba aterrorizar a todas aquellas personas que osaban luchar contra la dictadura.

La práctica habitual de la tortura continuó en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil después de la muerte de Franco, aunque se aplicaba de forma más selectiva. Así fueron torturados hasta la muerte, entre otros: Agustín Rueda, en 1978; Yolanda González (por fascistas con colaboración policial), en 1980, Joseba Arregui, en 1981; Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, en 1981; José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en 1983, Miquel Zabalza, en 1986. En la transición, con la tortura también se buscaba el objetivo de amedrentar a todos aquellos que abogaban por la ruptura democrática y exigían la depuración y enjuiciamiento de los responsables de la dictadura franquista. Hay que tener en cuenta que los organismos represivos de la dictadura se reconvirtieron, sin ningún cambio, en las fuerzas represivas –incluidos los organismos judiciales–, de la monarquía.

Al calificar el asesinato como un ‘trágico error’, el ministro Rosón se delató a sí mismo, pues ¿si los tres jóvenes hubieran sido los militantes de ETA con los que fueron confundidos su tortura hasta la muerte habría estado justificada? ¿O quizás el error fue excederse en la tortura hasta causar la muerte, admitiendo la práctica de salvajes torturas como método policial de investigación? Cuando un régimen oculta la tortura, no defiende a sus víctimas y premia a los torturadores, está favoreciendo la proliferación de estos métodos inhumanos y, por supuesto, la degradación de la sociedad en su conjunto. Cuando se alimenta a la fiera se corre el peligro de que en algún momento se descontrole.(3)

Quisiera resaltar el valor y la constancia de los familiares y amigos de estos tres jóvenes que nunca han dejado de denunciar, a pesar de múltiples amenazas de todo tipo, este crimen horrendo y las circunstancias (4) en que se produjeron. También es justo reseñar que sin el trabajo y la dedicación de muchos periodistas y, en particular, de los abogados de estas familias no se habría podido destapar la verdad de estos asesinatos. Así mismo, debemos señalara que las familias han tenido que luchar contra viento y marea para restituir el honor de los tres jóvenes asesinados, a los que primero se acusó de terroristas y después de delincuentes.

Desde 1981 los familiares de Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo han hecho todas las gestiones posibles para que los distintos gobiernos les consideraran víctimas del terrorismo. La última negativa la obtuvieron del gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2018, ante una interpelación directa en el Senado. En Pechina, el pueblo natal de Juan Mañas, se levantó una placa de homenaje a los tres jóvenes. En Cantabria, tierra de nacimiento o de adopción de todos ellos, jamás se ha realizado un acto de homenaje oficial y de repudio de sus asesinatos.

Recientemente se ha formado la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, en la que participan activamente los familiares de los tres jóvenes masacrados en Almería, y los de Arturo Ruiz García (5) y Manuel José García Caparrós (6). El mismo día de su constitución, el pasado 25 de enero, esta asociación realizó un homenaje a Arturo Ruiz en el cementerio de Granada, donde está enterrado. Este mismo sábado 9 de mayo, en el 39 aniversario de los asesinatos de Almería, la Asociación ha realizado un acto virtual de homenaje a Mañas, Montero y Cobo (7), y ya están trabajando en la preparación del 40 aniversario en 2021.

Mientras no acabemos con la tortura, mientras los torturadores no sean procesados, juzgados y encarcelados, mientras no se acabe con su impunidad, todos los ciudadanos estaremos en peligro de sufrir en nuestras carnes sus consecuencias. El fatal destino que unos delincuentes uniformados provocaron a Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo así lo demuestra.

(1)La persecución al abogado Darío Fernández siguió después. Tuvo que trasladarse a ejercer en Granada y fue condenado a prisión por desacato por la juez de Orgiva (Granada), Concepción Escudero, en mayo de 1987. Un acto contestado por el propio abogado y el Colegio de Abogados de Granada e investigado por el Consejo General del Poder Judicial que, como suele ser habitual, no tuvo consecuencias para la juez.
https://elpais.com/diario/1987/06/27/sociedad/551743207_850215.html

(2) Fuentes: Memoria Pública de Público, Wikipedia, Europapress, Laro García y desmemoriados.org de eldiario.es y Bonifacio de la Cuadra de El País.

(3) El Instituto Vasco de Criminología de la Universidad pública vasca certifica que entre 1960 y 2014 se han denunciado, solo en Euskadi, un total de 4.113 casos de torturas.

(4) Hacía solo dos meses que se había producido el intento de Golpe de Estado militar por parte de otro conocido y funesto teniente coronel de la Guardia Civil.

(5) Granadino, asesinado en Madrid el 23 de enero de 1977 en el transcurso de una manifestación por la libertad de los presos políticos de la dictadura

(6) Asesinado a tiros por la Policía Armada, el 23 de enero de 1977, en Málaga, en una manifestación por la autonomía de Andalucía, tratan de unir fuerzas para luchar por la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la transición.

(7) El video del acto virtual del 9 de mayo sobre el Caso Almería se puede ver en este enlace: https://youtu.be/vmxIFTMT-PI