Por Amelia Barahona Cuadra .

Mucho revuelo existe en este país en estos días alrededor de las inaceptables condiciones de trabajo que se dan tanto en el campo como en la ciudad.

Abundan las denuncias de las durísimas condiciones de los trabajadores del campo, casi todos inmigrantes, especialmente en el sur del país, privados de las más mínimas condiciones, como alojamientos y alimentación dignos, salarios acordes a las regulaciones existentes, facilidades de higiene y seguridad, contratos que respeten los logros alcanzados a lo largo de tantas décadas de lucha obrera, y un largo etcétera. Encontramos reacciones de todo tipo a dichas denuncias, en las que abundan los detractores que niegan que, en la España del SXXI, se den condiciones de esclavismo moderno, donde los inmigrantes de los países pobres son los principales perjudicados.

El pasado 30 de junio, El País publicó un artículo firmado por Javier Arroyo y titulado: "Detenidos 14 empresarios agrícolas en Granada acusados de explotar a sus trabajadores".
"...Alojados en casetas de aperos, sin aislamiento, soportando temperaturas muy elevadas, sin luz, sin aseos y sin agua potable, lo que les obligaba a utilizar el agua de riego, un agua que no cumple la normativa sanitaria para el consumo humano. El resultado en este ámbito ha sido la denuncia contra cuatro personas que alquilaban inmuebles sin condiciones de seguridad y habitabilidad. ...muchos de los inmigrantes trabajaban jornadas de 10 horas seguidas, siete días a la semana y por un salario que no iba más allá de los 5 o 6 euros por hora. Los inmigrantes tampoco tenían contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social".

Por referencias directas, conozco que los abusos no son exclusivos del ámbito rural. En muchos casos, las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres extranjeras, enfrentan situaciones intolerables. Largas jornadas, maltrato, salarios por debajo del mínimo establecido por la ley, exigencias de labores fuera de lo contratado y un cierto desprecio por su doble condición de domésticas e inmigrantes.
Me voy a referir a tres casos que conozco, e ilustran la situación de desprotección y abuso, una práctica extendida en este país.

Estrella es venezolana, casada con español y llegados a España a raíz de la tremenda situación en aquél país. Ella tiene una Maestría en Comercio Internacional. Ante la falta de oportunidades en su campo, ha aceptado un trabajo como empleada doméstica de una familia pudiente que le paga 350€ mensuales por 3 horas diarias, tres veces por semana. "No quiero estar de brazos cruzados, dice, por eso he aceptado este trabajo". No hay ni seguridad social, ni alimentación.

Fatou es senegalesa e inmigrante regular en España, donde reside desde hace más de quince años. Trabaja en lo que se tercia, generalmente a través de agencias: limpieza de oficinas, hospitales, etc. También trabaja como interna cuando surge. En una ocasión, la agencia la recomendó a una familia que ofrecía 700€ mensuales como interna. Fatou aceptó y se presentó al trabajo. Resultó que no era una sola familia, sino dos, con chalets independientes situados en un lote familiar. No solo había que limpiar ambas viviendas, cocinar para ambas familias y realizar todas las labores complementarias, lo que significaba que la jornada laboral se extendiera hasta la medianoche, sino que además se le exigía que funcionara como jardinero, segara el césped del extenso jardín y diera mantenimiento al mismo.
Nunca el contratante mencionó a la agencia las verdaderas condiciones de trabajo. Fatou renunció discretamente y volvió a la búsqueda de empleo.

Awa también es africana, inmigrante con diez años de vivir legalmente en España. Ante la dura situación originada por el COVID-19, aceptó un trabajo de recolección de fruta en Francia, a través de una agencia española de Murcia, que es propietaria de las plantaciones y responsable de la mano de obra que lleva a aquel país.
El contrato originalmente era de tres meses, pero dadas las malas condiciones laborales, la exigencia de hacerse las pruebas de Covid-19 cada vez que la patronal lo pedía, siempre pagándolas de su bolsillo, la rotación constante a los diferentes campos, el altísimo costo del transporte – un taxi para 4 personas cuesta 5€ por cabeza – la han llevado a renunciar al trabajo y pedir su regreso a España. Ahora tendrá que pagar 200€ como penalización por suspensión del contrato y volverá a España nuevamente a buscar otra oportunidad.

Cuando algunos hablan y hasta "denuncian" que la inmigración le quita oportunidades a los españoles, no creo que nos estemos refiriendo al mismo universo. El abuso, la falta de empatía, la soberbia y el complejo de superioridad con que se trata al inmigrante son moneda corriente a lo largo y ancho de la geografía española. En suma, una xenofobia rampante.

Las personas que emigran de sus países, huyendo del hambre y las guerras, o sencillamente buscando un mejor futuro en las grandes naciones, no merecen ser menospreciadas, sujetas a condiciones de trabajo miserables y con contratos basura que obvian las leyes existentes que protegen los derechos de los trabajadores. Estas personas lo único que quieren es recuperar su derecho al trabajo y a su dignidad como seres humanos.

Si las prácticas descritas no son de esclavismo, que alguien me explique qué son.