Por Luis Suárez-Carreño, miembro de La Comuna

Aunque ETA dejó de actuar en octubre de 2010 (fue anunciado como ‘cese definitivo de actividad’), y se disolvió definitivamente en mayo de 2018, habiendo entregado sus arsenales a las autoridades francesas un año antes... aunque la rendición de ETA ha sido incondicional, es decir, sin contrapartida alguna... aunque los crímenes de ETA en su mayoría han sido investigados y juzgados, y sus culpables condenados... aunque éstos hayan cumplido sus condenas íntegramente sin reducción o beneficio penitenciario alguno... aunque las víctimas del terrorismo hayan recibido un reconocimiento y respeto público prácticamente unánimes... a la derecha española, en particular a su partido de momento hegemónico, es decir, el PP, todo esto no parece importarle demasiado ya que le estropea el discurso ‘antiterrorista’, parte sustancial de su programa demagógico más que propiamente político. Por ello la derecha hace como que nada de lo anterior hubiera pasado, como si ETA siguiera siendo una amenaza real, sus víctimas se encontrasen desamparadas y fuera necesario hacer diarias profesiones de firmeza justiciera o, más bien, vengadora.

Aclaro enseguida: el hecho de que los crímenes cometidos por ETA desde el fin de la dictadura, o más precisamente, desde la Ley de Amnistía de octubre de 1977, hayan sido en su mayoría castigados, y de que llevemos más de 10 años sin actividad de ETA, no reduce, a mi juicio, la importancia de aquellos hechos, la necesaria solidaridad con las víctimas, ni la condena que los mismos merecen. Considero particularmente significativo subrayar, por lo que luego explicaré, que soy firme defensor del ejercicio de la memoria democrática respecto a ese pasado, contrario por lo tanto a su olvido voluntarista –ingenuo o negacionista– interesado.

Sirva lo dicho como preámbulo para referirme a la iniciativa del Foro Social Permanente de Euskadi, impulsada por sindicatos, entidades sociales y personas a título individual, para construir un marco de paz postconflicto y sentar las bases de su no repetición. Entre los objetivos o mecanismos de reconciliación que se plantea ese proceso hay dos destacados: por una parte, el diálogo entre víctimas y victimarios; y por otra el acercamiento y el tratamiento humanitario de presas y presos de ETA. Ambos son atacados y en la medida de lo posible torpedeados por la derecha española.

Empezando por lo último: no debiera ser necesario explicar por qué las sociedades que se pretenden democracias avanzadas deben de tratar a sus presos y presas con humanidad y con políticas sobre todo rehabilitadoras. La doctrina internacional al respecto es ingente, pero baste citar nuestra Constitución, y concretamente su artículo 25, cuando en su epígrafe 2 dice: ‘Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social’.

De hecho, como se ha venido repitiendo –en esta misma columna, sin ir más lejos, en varias ocasiones–, el alejamiento geográfico de Euskadi y otras políticas revanchistas (más que penales o de justicia) aplicadas a los presos y presas de ETA –y, por cierto, también a sus familiares– y no solo son antihumanitarias, sino dudosamente legales. Su mitigación no debería ser noticia como proceso de normalización o enmienda de una situación que era excepcional.

En cuanto al diálogo, se trata de un mecanismo en primer lugar voluntario, es decir, a nadie se le obliga a practicarlo, que persigue ante todo que los victimarios que en este caso actuaron movidos por una convicción o fanatismo ideológico, se asomen a la realidad viva detrás de sus acciones, a los sentimientos y circunstancias de quienes soportaron los efectos de aquellas. Y puedan así ejercitar una mirada humana al ‘otro/otra’ que corrija la visión deformada y fría de la verdad revelada; es, por tanto, un acto de humildad, y como tal hace mejor persona a quien lo practica. Desde el lado de la víctima es un ejercicio puro de generosidad, que también enriquece y sana.

Ese encuentro y conocimiento mutuo no busca perdonar, ni olvidar, ni mucho menos justificar, solo ayuda a sobrevivir, a reconciliarse, no tanto con el de enfrente, como con la vida y la humanidad. Por más que tenga lugar en el ámbito individual o privado, cada acto de diálogo tiene vocación social, escribe una propuesta ética y didáctica para su lectura colectiva en favor de la convivencia y la pacificación. Cada diálogo es por eso una lección de valentía y ciudadanía que nos dice: se puede hablar, hacedlo.

Pues bien, las víctimas que participan en este programa de diálogos están siendo insultadas, acosadas y amenazadas por la derecha, tanto en redes como en medios de comunicación. La derecha, que ha venido utilizando de manera oportunista y electoralista el llamado ‘conflicto vasco’ y en particular a sus víctimas, algunas de ellas convertidas en emblemas de los partidos españolistas, no puede soportar que haya víctimas que no se presten a su manipulación.

En esto la derecha vuelve a mostrar su hipocresía e indecencia: mientras que defienden el olvido y el carpetazo respecto a los crímenes franquistas, nunca perseguidos, nunca juzgados, nunca reparados, bajo slogans fútiles como la concordia, en Euskadi alientan permanentemente el revanchismo, el odio y la confrontación, repudian las iniciativas en favor del diálogo y la pacificación.

Las víctimas del franquismo luchamos contra la impunidad y por la memoria democrática; rechazamos el olvido y el blanqueo respecto a todos los crímenes políticos, no solo los del franquismo. Si no fuera así no seríamos ni coherentes ni honestos ni demócratas; es decir, nos pareceríamos mucho a la derecha. Denunciamos, sí, la enorme injusticia y discriminación institucionalizadas que padecemos las víctimas del franquismo con respecto a las víctimas del terrorismo en el Estado español. Pero esta discriminación no es responsabilidad de estas otras víctimas, sino de los poderes públicos que administran torticeramente la solidaridad oficial.

Hoy en particular, como víctima del franquismo yo me siento próximo a las víctimas de ETA que se niegan a la capitalización política de su dolor, y que tienen el valor de sentarse con sus victimarios para contribuir a sentar las bases de un clima de convivencia y paz duraderos en Euskadi.

No son, ni nunca han sido, las víctimas del terrorismo las culpables de la impunidad del franquismo. Es el mismo Estado, la misma derecha que nos niega el acceso a la verdad, justicia y reparación la que pretende mantener movilizadas a aquellas para sus fines partidistas y sectarios.

Desde Madrid, yo, víctima del franquismo, en nombre de la justicia y la memoria, reclamo la solidaridad de todas las personas demócratas del Estado español con las víctimas de ETA comprometidas con la convivencia y la pacificación en Euskadi.