Verdad Justicia Reparación

Uno entre miles

Por Julio Gomariz Acuña, miembro de La Comuna

El autor militó clandestinamente 7 años en el entorno del PCE(m-l), que abandonó por graves discrepancias políticas. Detenido tres veces. En la segunda ocasión, torturado y después procesado e incomunicado por la justicia militar por un atentado que no cometió. En el 2011, obtuvo reparación por ello. Querellante sin éxito contra González Pacheco y otros tres sociales.

Infancia y adolescencia

Nací en septiembre de 1950 en una familia de izquierdas, mi infancia fue complicada, mi salud era débil, pasé muchos meses enfermo. Vivíamos en la zona de Marqués de Vadillo. La vida en los años 50 era triste: pobreza, chabolas, frio, barro. Mis familiares no habían sido directamente afectados, pero conocían a muchos represaliados. Terminé el bachillerato en el instituto San Isidro. Allí leí mis primeros impresos clandestinos. Eran los tiempos que las protestas contra las sanciones al profesor Tierno Galván movilizaron pacíficamente a miles de universitarios (que fueron salvajemente reprimidos) y los inicios de la guerra de Vietnam. Las discusiones y conatos de asamblea eran cotidianos. En el curso 68-69 ingresé en Ciencias Biológicas.

La Universidad

Antes de entrar a la facultad ya había tenido relaciones con las comisiones obreras de barrio. Fue fácil contactar con activistas de varias organizaciones. El inicio de curso fue desalentador: había un cansancio generalizado entre los estudiantes. La dictadura, con la muerte de Enrique Ruano estando detenido, clarificó brutalmente la situación. La respuesta fue contundente. Ante la duración y gravedad de los disturbios, decretaron tres meses de estado de excepción. Cuando abrieron de nuevo las facultades, encontramos que en ellas habían instalado un cuartelillo de policía para mantener el orden. El régimen había dado una causa común a todas las organizaciones antifranquistas: Expulsar a la policía de la Universidad. La presencia policial generó un profundo debate sobre cómo superarla. El argumento dominante era "solo se irían cuando su presencia fuese más perjudicial para el régimen que su retirada". En octubre del 69 me organicé en la FUDE (Federación Universitaria Democrática de España). En septiembre de 1970, fui detenido en una manifestación ilegal.

Las luchas más importantes donde participé fueron:

    • El proceso de Burgos. En diciembre del 70 se celebró esa farsa jurídico-militar contra varios militantes vascos, con petición de pena de muerte para 6 de ellos. Hubo fuertes y generalizadas protestas con especial virulencia en Euskadi (en Éibar, la guardia civil asesinó a un joven). En un salto convocado en Madrid, la policía sufrió varios heridos y se desarmó a uno de ellos. Días más tarde la Guardia Civil disolvió a tiros otro salto en Vallecas. Al extenderse los disturbios a todo el país, el gobierno declaró el estado de excepción, suspendiendo 6 meses el artículo 18 del Fuero (fijaba en 72 horas el máximo legal de detención), pero la lucha política continuó. Las 9 condenas a muerte fueron conmutadas, las movilizaciones evitaron las ejecuciones. Una victoria.
    • En el curso 71-72, las universidades madrileñas fueron un campo de batalla, originado por el demencial plan de estudios de Medicina. La solidaridad y la presencia policial, se traducían en incontables choques, con su máximo en enero del 72. La apertura de varios expedientes sancionadores a final de curso, fue respondida con una convocatoria de boicot a los exámenes. En los enfrentamientos con la policía vi cómo un "social" hería gravemente de un tiro, a sangre fría, a un estudiante cerca de la puerta de Químicas. Mas disparos, sin heridos en Biológicas. Las algaradas siguieron con boicot parcial a los exámenes. El cuartelillo de Ciencias y el Rectorado fueron incendiados. El curso siguiente los policías no estaban. La ocupación policial había creado al régimen más problemas de los que le solucionaba.

La militancia en el radio norte

En julio del 72, me incorporé al ejército. Nada destacable, no hay historias de la mili; me mantuve en contacto a través de mi compañera. Finalizado el servicio, ingresé en el "radio sur" del PCE(m-l) que abandoné por cuestiones familiares. Después de casarnos y tras incontables citas fallidas, me integré en el "radio norte", en San Blas, donde la actividad de la militancia era incesante; había fábricas importantes con frecuentes conflictos laborales que apoyábamos. El partido empezó a presionarme para abandonar mi empleo por motivos de seguridad (trabajaba en una gran empresa de artes gráficas). Rechacé las presiones, pues debía estar donde las clases populares luchaban. Mientras tanto, nuestras acciones se endurecían. Ignorando las opiniones en contra, sin aviso, se iniciaron las acciones armadas. La respuesta policial causó fuertes caídas. Acusaron a un grupo de detenidos de ser responsables de varios atentados. Ante la gravedad de la situación, aparcamos las diferencias para defender a los que pedirían pena de muerte

La caída (detención)

El 11 de agosto de 1975, fui detenido en mi trabajo por el policía Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño" y tres "sociales" jóvenes. Las agresiones empezaron en el coche que me trasladó a la Brigada Central de Investigación Social, sita en la Dirección General de Seguridad (DGS) en la Puerta del Sol y que estaba dirigida por Roberto Conesa. Los golpes constantes y sistemáticos, empezaron por la "rueda", para continuar con porrazos en la planta de los pies: Querían averiguar mi domicilio. Cuando calculé que mi mujer habría escapado lo dije. Ya tenía el tronco hecho un cardenal, no podía calzarme por el estado de mis pies, orinaba sangre. Desafortunadamente mi mujer también fue detenida y en el registro encontraron gran cantidad de propaganda ilegal y una bandera del Frente Polisario, lista para ser colocada. Buscaban a los autores de la muerte de un guardia civil cerca del Canódromo, que nadie había reivindicado. Intentaron encontrar culpables a mi costa, el interrogatorio se endureció, siendo el dolor y la angustia tales que llegué a dudar si inculparme en hechos donde no había participado. La certeza de que seguirían torturándome para que identificase a los otros autores (que ignoraba), y que, si me inculpaba, me ejecutarían, lo impidió. Más tarde trataron de crear contradicciones entre las declaraciones de mi mujer y la mía. El tercer día, en la DGS, nos presentaron ante un juez militar que nos incomunicó por estar procesados por terrorismo. Sin embargo, el juez, atendiendo mis quejas, reflejó mi penoso estado. En Carabanchel permanecí un total de 12 días incomunicado en celdas de castigo, A pesar que los militares habían levantado la medida cautelar, la cárcel la mantuvo otros 4 días. La denuncia de habeas corpus interpuesta por mi mujer puso fin a la situación. Denuncié en los juzgados los malos tratos recibidos en la DGS.

Los Consejos de Guerra de septiembre de 1975

Me mandaron a la sexta galería reformatorio, lugar pensado para albergar a los presos con acusaciones más graves de la cárcel de Carabanchel; los condenados en los consejos de guerra de Madrid, estuvieron internos en esas instalaciones. Nos impusieron un régimen especial con menos horas de patio (todas las comidas en celda). Por los acusados, con los que compartíamos patio, supimos que la dictadura tenía mucha prisa por celebrar los consejos de guerra. Para acelerar más la tragedia, solo tuvieron en cuenta las declaraciones de los acusados ante la policía. Se redujo arbitrariamente el tiempo de preparación de las defensas, a quienes se le denegó la práctica de pruebas, pruebas que el fiscal tampoco presentó. Así, en los dos consejos de guerra celebrados en "El Goloso", las sentencias se fundamentaron en testimonios obtenidos bajo tortura. La instrucción del primero tuvo serias deficiencias, se habían hecho imputaciones antes de realizar la autopsia del cadáver, se rechazaron testigos, no admitieron ni se presentaron pruebas, tuvieron que anular la iniciación por los defectos de forma que había cometidos el presidente del tribunal, (tan evidentes que los servicios jurídicos del ejercito los admitieron). En el segundo, se aplicó retroactivamente la ley antiterrorista, las defensas solo tuvieron 4 horas para analizar los cientos de páginas que constituían las acusaciones, lo que forzó su protesta. Las justas objeciones de los defensores civiles acabaron con su expulsión a punta de pistola del acuartelamiento. Tras dos horas de receso la vista continuó con defensores de oficio (militares que desconocían el sumario). Un caso con cinco penas de muerte, despachado en hora y media. No tuvieron juicios justos, fueron víctimas de un linchamiento muy pobremente encubierto por un pésimo barniz jurídico. Otegui y Txiqui, sufrieron un tratamiento muy similar.

La vida en la cárcel. La salida

A pesar de su gravísima situación, nuestros esfuerzos por defender a los condenados no habían pasado de simbólicos. Salvo un intento de asalto fascista en represalia por los policías muertos el 1 de octubre, la vida en prisión seguía monótona. Las redadas por la inminente muerte de Franco llenaron las celdas de presos de todas las organizaciones. El 14 de noviembre tras inhibirse la justicia militar, el Tribunal de Orden Público (TOP) nos procesó por propaganda ilegal y asociación ilícita, Ese día, se firmó la cesión del Sahara a Marruecos. El 20, dejando como últimos recuerdos los asesinatos y la traición a los saharauis, el gran criminal falleció. 12 días más tarde, estábamos en la calle.

Adiós a la organización

Recibimos indicaciones del PCE(m-l) de trabajar en una línea legal. El 1 de abril del 76, fui detenido en una redada contra trabajadores de artes gráficas (de más de cien arrestados, solo tres fuimos a la cárcel). Tras la salida volví a contactar, pero nuestros referentes desaparecieron al irse a una importante reunión en Paris. No supimos nada hasta que, pasados dos meses, a través de mi familia, nos localizó un antiguo amigo. Como los hechos que relataba eran preocupantes, solicité una cita oficial, a la que acudió una persona que había afiliado años atrás. Tras un intercambio confusísimo de informaciones, a preguntas directas, confirmó que se habían abandonado las acciones armadas para acabar reconociendo que habían sido un ensayo para la organización. Ante mi total rechazo a haber hecho experimentos con vidas humanas, me comunicó la suspensión indefinida de militancia. A los pocos años marché al Reino Unido. A la vuelta, ingresé en la administración donde tras muchos años me jubilé, pero eso es otra historia.

A pesar del paso del tiempo, nunca abjuré de mis ideas, porque había actuado basado en firmes convicciones. En julio del 2018 presenté querella contra 4 sociales, González Pacheco incluido. La situación actual me obliga a escribir estas líneas. Mis verdugos, se mofaban afirmando que los que combatíamos a la dictadura éramos un puñado de niñatos, pero los datos, muestran lo contrario: Según Del Águila en los años de vigencia el TOP superó 21.000 sumarios, sus afectados se estiman en 50.000. Los datos de la justicia militar son parciales. En esos años se contabilizan más de 100 muertos por la policía y los parapoliciales; los heridos fueron centenares, los despedidos, decenas de miles y los multados por la Ley de Orden Público (LOP), difíciles de contabilizar. Nicolas Sartorius estima en 200.000, los afectados en esta última etapa de la dictadura. La derecha, pretende ocultar u olvidar lo que sucedió esos días. Podemos concluir que: No fuimos "cuatro gatos" los que desde distintos grupos nos enfrentamos al fascismo. Tuve el honor de ser uno de esos millares de resistentes. Fui reconocido como tal, pero muchos otros, injustamente castigados, no. Es hora de censarlos, reconocerlos y hacer justicia.