Por Pablo Mayoral, activista de La Comuna

El pasado 15 de octubre de 2021 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires (Argentina) que dirige la jueza María Servini, decretó el procesamiento de Rodolfo Martín Villa por cuatro homicidios, y ordenó investigar otros dos homicidios en Vitoria, cinco en diferentes localidades de Euskadi, uno en Madrid y otro en Barcelona.

Ante la enorme pasividad frente a esta grave acusación por parte de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial así como los grandes medios de comunicación del Estado español, nos encontramos, dos meses después, con una resolución de La Cámara Criminal y Correccional Federal Argentina, en la que se revoca el procesamiento de Martín Villa pero se insta a la jueza a profundizar en la investigación para poder procesarle más adelante.

De los 20 criminales de la dictadura franquista que María Servini puso en busca y captura para ser interrogados, fue Martín Villa el primero llamado a declarar. Nadie como este individuo representa mejor las responsabilidades criminales de la dictadura en vida de Franco, así como de la dictadura sin Franco y la Transición. De los trece homicidios o asesinatos por los que la jueza le investigó, dos hechos sobresalen y a su juicio están meridianamente claros como prueba de crímenes de lesa humanidad: la matanza de trabajadores el 3 Marzo de 1977 en Vitoria y el tiroteo de las fuerzas represivas contra ciudadanos que disfrutaban de las fiestas, ocurrido en los mundialmente conocidos Sanfermines de Pamplona, en 1978.

La jueza María Servini es una de las más prestigiosa juezas de Argentina, un país en donde la justicia se ha atrevido a sentar en el banquillo a buena parte de los responsables del genocidio cometido por la dictadura de Videla, que masacró a más de 30.000 mujeres y hombres, jóvenes en su mayoría, por ser de izquierdas.
A esta jueza no le ha temblado el pulso para decretar "el procesamiento de Rodolfo Martín Villa con prisión preventiva, la que no se hará efectiva, en virtud de la eximición de prisión dispuesta oportunamente por la Alzada... por considerarlo autor plenamente responsable del delito de homicidio agravado, reiterado en al menos cuatro oportunidades, del que resultaran víctimas Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz". Así mismo "mandaba trabar embargo de bienes al citado individuo, por valor de mil ciento treinta y cuatro millones de pesos".

En el mismo auto se decreta la necesidad de seguir profundizando en la investigación de otras dos muertes producidas en los mismos hechos de Vitoria (José Castillo y Bienvenido Pereda Moral), de otros 5 homicidios perpetrados por las Policía Armada y la Guardia Civil en distintas localidades de Euskadi, en el transcurso de diversas jornadas de lucha por la amnistía (Rafael Gómez Jáuregui, José Luis Cano Pérez, Francisco Javier Núñez, José María Zabala Erasun y María Norma Menchaca), investigación que se solicita también para el asesinato de Arturo Ruiz García, el 23 de enero de 1977 en Madrid y de Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego ocurrido el 11 de Septiembre de 1978, en Barcelona a manos de un inspector de Policía. En total otros 9 asesinatos, en los que la jueza ve indicios razonables de responsabilidad en su autoría a Martín Villa y para los que pide mayor investigacion y aporte de testimonios y pruebas.

Este auto de procesamiento consta de casi mil páginas, y es fruto de las investigaciones y denuncias de muchos de los familiares de las víctimas, que con sus propios medios y sin ninguna ayuda por parte de los distintos gobiernos del Estado español, han ido aportando testimonios y pruebas en el juzgado argentino. Hace ya siete años, la jueza imputó a 20 altos cargos de la dictadura franquista y, el 30 de octubre de 2014, pidió la extradición a Argentina de todos ellos para ser interrogados. A partir de ese día la judicatura española ha puesto todas las trabas y resoluciones posibles para boicotear ese proceso, llegando incluso a que, en 2016, la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, emitiera una instrucción a todos los fiscales para que informaran en contra de la cumplimentación de las comisiones rogatorias, faltando al auxilio judicial internacional que protege a las víctimas de delitos internacionales frente a los victimarios. María Servini en todo momento ha sido consciente de que la causa que ella estaba librando le correspondía a los jueces españoles llevarla a cabo, es más, en repetidas ocasiones ha manifestado que dada la crueldad y atrocidad de los crímenes que se estaban investigando, pensaba que más pronto que tarde esos hechos serían juzgados en España.

Desgraciadamente, por ahora, esto no ha sido así y la jueza ha continuado con la llamada Querella Argentina, de acuerdo a su compromiso con la Justicia Internacional contra los crímenes de lesa humanidad, compromiso al que parece que han renunciado la mayoría de las juezas y jueces por presiones del Tribunal Supremo e inacción del Tribunal Constitucional españoles que han resuelto en contra de abrir procesos en España contra conocidos torturadores, desestimando todas las querellas presentadas. Se da el caso de que el Tribunal Constitucional, que debería garantizar la aplicación del artículo 24 de la Constitución sobre la garantía de tutela judicial efectiva para las víctimas de delitos tan graves como los que se cometieron durante el franquismo, ni siquiera se ha molestado en opinar, salvo en el recurso presentado por Gerardo Iglesias, donde tres de los jueces de este alto tribunal manifestaron su oposición a que le fuera denegado dicho recurso de amparo. Por algo se empieza, aunque después de 85 años del golpe de estado fascista y 44 de la propia Constitución este gesto es tan mínimo –y a la vez tan insólito–, que causa impotencia y exasperación entre las víctimas.

Rodolfo Martín Villa es uno de los más claros exponentes del carácter criminal de la dictadura y su perpetuación en el tiempo.

• • En 1962 fue nombrado Jefe Nacional del S.E.U Sindicato estudiantil fascista, en unos años en que todos los integrantes de la dictadura festejaban, al unísono, los Consejos de Guerra y asesinatos de Julián Grimau, Francisco Granados y Joaquín Delgado un año después, en 1963.
  • 1964. Nombrado Procurador en las Cortes franquistas hasta su disolución en 1977, siendo entonces nombrado senador en las Cortes Generales por designación real.
  • En 1969 accedió a la Jefatura de la OSE (Sindicato Vertical), el sindicato único y fascista en el que estaban obligados a organizarse los trabajadores junto con los empresarios. Fue precisamente en este periodo, de 1970 a 1973, cuando se recrudeció la represión contra las luchas obreras y, como muestra, resaltar que fueron asesinados al menos 9 trabajadores en distintas huelgas y manifestaciones: Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez, Antonio Huertas (de la construcción, en Granada), Pedro Patiño (de la construcción, en Madrid), Antonio Ruiz (de SEAT, en Barcelona), Amador Rey y Daniel Niebla (del naval, en Ferrol) y Cipriano Martos (de la construcción, en Reus).
  • En junio de 1974 fue nombrado Gobernador Civil de Barcelona y Jefe provincial del Movimiento, meses antes en esta ciudad –el 2 de marzo de 1974– fue salvajemente asesinado por garrote vil Salvador Puig Antich. Como tal gobernador civil de Barcelona con toda seguridad participaría en el montaje de uno de los Consejos de Guerra farsa, que la dictadura realizó en el verano de 1975: el de Juan Paredes Manot que fue fusilado en Barcelona el 27 de Septiembre. Ese mismo día la dictadura, con Franco y el entonces príncipe Juan Carlos a la cabeza, fusilaron a Ángel Otaegui, Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón Gracia Sanz.
  • En diciembre de 1975 entró a formar parte de los gobiernos de la dictadura sin Franco. Durante el periodo de diciembre de 1975 a abril de 1979 en que Martín Villa fue ministro de varias carteras, solo en Madrid, murieron asesinadas por las fuerzas represivas del régimen y las bandas fascistas 18 personas: Henri Etxeberri, Carlos Hernández, Carlos González, Angel Almazán, Arturo Ruiz, María Luz Najera, L. Javier Benavides, F. Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Enrique Valdevira, Ángel Rodríguez, Agustín Rueda, Antonio Carrión, José Andrés Fraguas, José Luis Muñoz, Ursino Gallego-Nicasio, Juan Delgado de Codes y Andrés García Hernández. En ese mismo periodo también fueron asesinados en otras ciudades del Estado español decenas de personas por las fuerzas represivas del régimen y las bandas fascistas.
  • Entre septiembre de 1980 y diciembre de 1981 fue Ministro de Administración Territorial de España y a partir de septiembre de 1981 y julio de 1982  vicepresidente del Gobierno, con Leopoldo Calvo Sotelo. Posteriormente continuó siendo diputado hasta 1983, pasando después a formar parte de numerosos consejos de administración de empresas como Iberdrola o Sogecable.

La mayoría de las veces en que se produjeron los asesinatos policiales o de bandas parapoliciales se urdieron burdas excusas que incluso injuriaban a las propias víctimas y se hicieron falsarias campañas de prensa en los grandes medios de comunicación contra las propias víctimas; sus familiares fueron amenazados para que no denunciaran los asesinatos; no pocas veces los amigos y compañeros de las víctimas fueron detenidos y acabaron procesados. En muchas ocasiones las manifestaciones de duelo y repulsa fueron brutalmente reprimidas hasta tal punto que fueron la causa de nuevos asesinatos. Las pocas investigaciones judiciales que se realizaron fueron gracias al tesón, arrojo y valentía de las familias, amigos y algunos profesionales de la abogacía y el periodismo, que se jugaron incluso la vida en su empeño por esclarecerlos. Pese a ello la mayoría de los asesinos salieron impunes e incluso algunos, como el propio Martín Villa, fueron ascendidos y condecorados repetidas veces, la última por Felipe VI que le entregó una medalla conmemorativa del 40 aniversario de las elecciones de 1977, curiosamente el mismo año en el que fueron asesinadas la mayoría de las víctimas por las que está imputado. Mientras esta inmundicia siga, pestilente, debajo de las alfombras del Reino de España, poco podemos esperar de su justicia y de sus gobernantes.

La Justicia en Argentina ha escuchado a miles de luchadoras y luchadores contra la dictadura franquista, y a los familiares de quienes murieron en esa lucha. Ha tomado medidas para tratar de interrogar, con sus limitados medios materiales, a los victimarios, ha ordenado la exhumación de varios asesinados enterrados en fosas comunes y cunetas, ha interrogado a Martín Villa, ha decretado su procesamiento por 4 homicidios en Euskadi y Navarra y la continuidad de la investigación de otros 9 homicidios en Euskadi, Madrid y Barcelona. La justicia argentina ha escuchado a los abogados de este acusado y ha decretado que debe seguir la investigación y que se han de aportar más testimonios y pruebas si se quiere continuar con el procesamiento de Martín Villa. Esta es una medida que recurriremos, pero valoramos muy positivamente la intervención judicial en Argentina para acabar con la impunidad de los responsables de una de la dictadura más odiada por los pueblos del mundo.